¡Histórico! El Estado tomará el control del río Copiapó tras denuncias contra la Junta de Vigilancia: Extraían agua de forma ilegal

Una sentencia inédita dictó el Tercer Juzgado de Letras de Copiapó el pasado 25 de agosto: la intervención de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó por parte de la Dirección General de Aguas. El fallo responde a una solicitud realizada por el mismo servicio luego de que se constatara una serie de faltas e irregularidades en la administración de las aguas del río por parte de la organización.

Cabe recordar que la Junta de Vigilancia es la organización encargada de administrar y distribuir las aguas superficiales del río Copiapó. Según el Código de Aguas de 1981, esta organización está conformada únicamente por propietarios de derechos de aprovechamiento de aguas, los cuales adquieren representación en base a la cantidad de derechos que poseen.

El mencionado fallo judicial se originó a raíz de una denuncia interpuesta por la Comunidad de Aguas Subterráneas Casub en octubre de 2021: en aquella oportunidad se detectó que la Junta de Vigilancia había instalado bocatomas en lugares no autorizados. Desde allí extraían grandes volúmenes de agua que más tarde eran distribuidos de forma ilegal a cientos de usuarios.

El expediente de la Dirección General de Aguas señala que el directorio de la Junta de Vigilancia cometió «faltas graves» en la distribución de las aguas, por lo que se le ordenó implementar una serie de medidas correctivas, las cuales incluían actualizar su modelo de distribución de aguas y entregar un registro de usuarios actualizado.

Sin embargo, una vez transcurrido el plazo decretado, la Junta de Vigilancia había cumplido solamente con cuatro de las once medidas ordenadas por la autoridad. Tras cursarles una multa de 70 UTM, la DGA volvió a ordenar la implementación de otras diez medidas, las cuales también fueron desechadas por la organización.

Por todo lo anterior, la Dirección General de Aguas solicitó a la justicia la intervención de la Junta de Vigilancia, la cual fue aprobada por el Tercer Juzgado de Letras de Copiapó con el fin de subsanar las desviaciones de agua que estaba realizando la organización.

El expediente señala que el modelo de operación utilizado por la Junta de Vigilancia «no se ajusta al correcto ejercicio de los derechos de aprovechamiento». Además, se le acusa de utilizar herramientas desactualizadas con consideraciones hidrológicas que dejaron de existir hace más de 50 años.

De esta forma, la Dirección General de Aguas tendrá el control del río Copiapó durante los próximos 90 días. Desde el organismo ya informaron que será el Director Regional de Atacama, Rodrigo Sáez Gutiérrez, quien asumirá el rol de interventor.