Incendios dejan en evidencia las carencias del Estado subsidiario chileno

Ya son más de 290 mil hectáreas arrasadas por los incendios que afectan a la zona centro sur de Chile. La emergencia ha puesto a prueba la capacidad de reacción del aparato estatal, ante el mayor siniestro del que se tenga registro en el país. ¿Alcanza este estado subsidiario para socorrer a las miles de personas que han visto cómo su hábitat e historia son consumidos por el fuego?

«Chile está absolutamente ajeno a un rol donde el Estado de verdad se preocupa de manera estructural por los derechos sociales de sus habitantes. Vemos que en casos de emergencia, como el que se está viviendo, no se tienen los recursos a disposición para poder hacer frente a los incendios. En ese sentido, no se entiende por qué no tenemos la flota de aviones necesaria, más bien aparecen estas soluciones donde tienen que intervenir los privados», explica Gonzalo Durán, economista de Fundación Sol.

De hecho, fue una chilena radicada en Estados Unidos, Lucy Avilés, quien financió junto a su esposo la operación del Supertanker, el avión Boeing 747 que cuenta con la capacidad para descargar 72.600 litros sobre los focos incendiarios. Para su llegada a Chile, el pasado 25 de enero, la pareja desembolsó US$ 2 millones. Además, la familia Luksic financiará una semana más la operación de la nave.

Por otro lado, el gobierno de Rusia ofreció el avión lyushin Il-76, capaz de transportar 42 toneladas de agua, para extinguir los focos de incendio que continúan ardiendo, ayudados por las altas temperaturas de la zona, que sobrepasan con facilidad los 30 grados celsius.

La billetera estatal

La emergencia a raíz de los incendios pone en relieve algunas particularidades del gasto público relacionadas con la materia. Para este 2017, el presupuesto de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), para su programa de manejo del fuego, asciende a poco más de $ 26 mil millones, cifra que se mantuvo prácticamente igual en relación a 2016.

A propósito de esta coyuntura, la opinión pública también está evaluando la situación del Decreto Ley 701, que faculta al Estado para subsidiar a las empresas forestales dedicadas a la explotación maderera. Desde su creación, en 1974, hasta 2013, el Estado ha desembolsado US$ 875 millones, según datos reportados por Conaf, favoreciendo mayoritariamente a CMPC –del grupo Matte– y a Arauco –del grupo Angelini–.

Para Gonzalo Durán, el DL 701 «ha sido una especie de respirador asistido o una manguera de combustible que se le da de manera permanente a esta industria forestal, permitiendo que tengan enormes ganancias».

«Estamos hablando de los grupos Matte y Angelini, que además de esta ayuda que obtienen por el DL 701, también ocupan los fondos de pensiones de todos los chilenos que cotizan en las AFP. Por ejemplo, los usan mejorar la infraestructura forestal y obtener o apuntalar las tasas de ganancias de estas industrias, pero que van en beneficio propio, mientras vemos que las pensiones en Chile son bastante miserables», añade el investigador.

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En este sentido, el incendio ha evidenciado la preocupación gubernamental por los grandes empresarios madereros. Ayer asistieron a una reunión en La Moneda con la Presidenta Bachelet representantes del poder económico, que han visto afectados sus intereses por causa de la emergencia.

De acuerdo al reporte de La Tercera, asistieron: Bernardo Matte, director de CMPC; Hernán Rodríguez, gerente general de CMPC; Manuel Bezanilla, presidente de Arauco; Camila Merino, ex ministra del Trabajo en el gobierno de Piñera y actual gerenta de Arauco; Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción; Fernando Alvear, gerente general de CPC; Juan Carlos Sepúlveda, gerente general de Fedefruta; y María Teresa Arana, gerenta de la Corporación Chilena de la Madera (Corma).

Sin embargo, la política subsidiaria del Estado chileno tiene otra cara cuando se trata de las personas comunes. Según indica Durán, «en Constitución, donde está el poblado de Santa Olga, la tasa de pobreza que reporta el Gobierno es de 24% aproximadamente. Si uno considera que dentro de los ingresos de las familias se incorporan los bonos del Estado, en realidad uno tiene una pobreza camuflada, porque si se retira la ayuda estatal, la pobreza subiría a un 38,7%». Esto acontece en un país que tiene un PIB per capita de casi US$ 24 mil.

El contrasentido de la derecha

El incendio se ha transformado en el escenario propicio para el aprovechamiento político de personeros políticos, particularmente identificados con la derecha, quienes exigen una mayor presencia del Estado para combatir la catástrofe. Por ejemplo, el senador UDI Juan Antonio Coloma señaló que se necesita «un rol diferente de la autoridad, con mucha más velocidad y con más capacidad de respuesta».

Carlos Valenzuela (UDI), alcalde de Constitución, declaró que «me tendrá que buscar en Santa Olga, no voy a andar yo a la siga del ministro Gómez, yo tengo otros problemas, con todo respeto lo digo, yo no quiero pelear con el Gobierno, no quiero pelear con el ministro, bienvenido sea, pero entenderán y comprenderán que tengo otras prioridades».

Sin embargo, la reducción del papel del Estado, hasta dejarlo desprovisto de herramientas que garanticen derechos sociales, ha sido uno de los pilares del quehacer político de la derecha, desde que terminó con el gobierno de la Unidad Popular valiéndose del golpe de Estado de 1973. ¿Cómo interpretar las actuales declaraciones de ese sector?

Gonzalo Durán piensa que constituyen «un contrasentido, sobre todo por la filosofía política que estos sectores pregonan y practican, que tiene que ver con que el Estado tiene que estar lo menos posible en la sociedad, tanto en su intervención como en su tamaño. Sin embargo, ahora aparecen diciendo cosas en la dirección opuesta. Por supuesto, eso es parte de lo que está sucediendo en el Chile de las incoherencias, aunque no se puede rotular solo a la derecha, sino que está presente en la mayoría de los bloques políticos de este país».