La primera parte de este reportaje, Indígenas en Colombia (I): entre las masacres los desplazamientos y el narcotráfico, abordó la violencia contra las comunidades indígenas en ese país. También incluyó el relato de cómo el narcotráfico, el paramilitarismo y la minería forman parte de la dura realidad que viven los pueblos originarios.
Esta situación que viven los indígenas en suelo colombiano no es muy diferente en otros países como Perú, Guatemala, Honduras y México. Allí, los mismos flagelos y delitos hacen de las comunidades ancestrales un blanco directo para las mafias y guardan vínculos con el narcotráfico colombiano.
Masacres, sicariatos, peleas por territorio, desplazamientos forzosos, restricciones gubernamentales y la pandemia de la COVID-19 han recrudecido la realidad de las comunidades indígenas.
Las restricciones que ordenaron los gobiernos para detener la expansión del coronavirus son un vehículo para que organizaciones criminales controlen territorios indígenas y acallen a sus líderes.
En el caso de la población aborigen, no sólo está la necesidad de reducir la movilidad y hacer cuarentenas para evitar contagios. También viven en total vulnerabilidad antes los grupos criminales que aprovechan los confinamientos para eliminar a indígenas y perpetrar masacres.
México: «la cultura del miedo»
El reportaje de Mongabay Latam explica que los pueblos originarios mexicanos afrontan un contexto de violencia muy similar al de las comunidades indígenas de Colombia. Ángel Sulub, delegado maya del Congreso Nacional Indígena (CNI) condena el recrudecimiento de una guerra emprendida por empresarios, Gobierno y organizaciones criminales.
Para Sulub, el despojo territorial, la persecución de defensores ambientales y el irrespeto por los derechos indígenas se agudizaron en 68 comunidades. Esto sucedió a medida que la orden de confinamiento por la COVID-19 se fue prolongando.
En la península de Yucatán, el turismo y los grandes proyectos de sistemas eólicos y fotovoltaicos son la principal amenaza para los indígenas de la etnia maya.
El dirigente dijo que las políticas públicas han socavado sus economías tradicionales, como la siembra, para favorecer a grandes compañías extranjeras; y que las mismas políticas que han impulsado megaproyectos como el Tren Maya, son acciones «tremendamente perjudiciales» para las comunidades.
“Inició el confinamiento y paró el turismo, cerraron los hoteles y hubo un despido brutal de mayas”, lamenta Sulub. Las restricciones para evitar la propagación del coronavirus obligaron a que los indígenas permanezcan en sus casas, dejen su organización y su lucha.
Mafias y empresas buscan controlar territorios indígenas
Indica el delegado del CNI que con la pandemia los juzgados cerraron. Luego, cuando empezaron a atender con limitaciones, rechazaron las demandas y recursos judiciales que los mayas procuraban para contener la degradación de su territorio.
En tanto, el Tren Maya y los demás proyectos continúan durante el periodo de cuarentena. También la actividad minera y la tala clandestina que agobia a las comunidades de otras regiones.
Sulub remarca que el crimen organizado y las grandes empresas buscan muchas veces el control de los territorios indígenas. Una referencia data de febrero de 2019 con el asesinato de Samir Flores. Se trata de un defensor ambiental de la etnia náhuatl que estaba en contra del proyecto integral Morelos.
Sulub recuerda que días antes de que Flores fuera asesinado, este y otros luchadores sociales habían sido acusados de conservadores en un pronunciamiento político.
“Este tipo de señalamientos nos pone en la mira del crimen”, dice. Asimismo, la región maya es el punto en el que ahora confluyen los sistemas criminales que operaban en el centro y norte de su país.
El resultado, agrega, ha sido una cotidianidad de ejecuciones en la que los mayas son protagonistas.
Víctimas del COVID-19 y grupos criminales
La coordinadora de la línea de defensa del territorio de Serapaz, Citlalli Hernández, indicó que el crimen organizado sostiene decenas de actividades ilegales.
Otros puntos neurálgicos son Michoacán y Chiapas, dice Hernández, localidades que están dentro del proceso por el control de territorios. Allí, los grupos armados encuentran comunidades vulnerables que no pueden reaccionar y que están desatendidas por el Estado en términos de seguridad y salud.
Agrega que aunque no hay una agresión contra comunidades o defensores ambientales todo el tiempo, existe una suerte de sometimiento social. Eso sucede a partir de la cultura del miedo, tras los hallazgos de cadáveres en las calles y en fosas comunes.
En ese sentido, Sulub destaca que en el curso de la pandemia se estima que unos 20 defensores ambientales indígenas han sido asesinados en México.
Un reciente trabajo de Serapaz y la consultora Aura Investigación Estratégica determinó que los embates del COVID-19 evidencian aún más las desigualdades entre los pueblos indígenas y no indígenas.
Según la facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la letalidad del coronavirus en las comunidades indígenas es 10 % mayor.
Además, a principios de agosto las cifras oficiales daban cuenta de alrededor de 6.800 indígenas contagiados por COVID-19, con al menos 800 fallecidos.
Perú: asesinatos múltiples
En Perú aún no se cumplía un mes del estado de emergencia por la pandemia cuando el líder indígena Arbildo Meléndez Grandez fue asesinado.
El hecho ocurrió el 12 de abril en la comunidad de Unipacuyacu, en Huánuco. Meléndez, apu catacaibo, llevaba años exigiendo la titulación de las tierras de su pueblo, y eso le había acarreado una serie de amenazas. Cocaleros y traficantes de terrenos lo buscaban.
Al mes siguiente, el líder asháninka de la comunidad Hawai, Gonzalo Pío, también murió. Se sospecha que lo mataron usurpadores de tierras. En julio, le pasó lo mismo al líder de la comunidad nativa Sinchi Roca, Santiago Vega. Pío y Vega, como Arbildo Meléndez, estaban amenazados de muerte.
En lo que va de 2020, estos han sido los tres asesinatos perpetrados en Perú contra indígenas defensores de sus tierras, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Con ello, esta institución tiene documentado que los grupos criminales que acechan las comunidades nativas han matado a 16 indígenas entre el 2013 y el 2020.
La abogada de la CNDDHH Mar Pérez cita en el reportaje que en los últimos cinco años este tipo de crímenes ha tenido un incremento preocupante y ya configura una tendencia que se está agravando por el avance de las economías ilegales.
Apunta que en dos de los tres asesinatos de este año estuvieron involucrados narcotraficantes. Es decir, bandas que invaden comunidades, deforestan para sembrar coca y amenazan a los líderes.
El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Lizardo Cauper, considera que el tráfico de tierras constituye el principal perjuicio y amenaza contra las poblaciones indígenas. Pero no deja de lado el riesgo que también genera a los pueblos indígenas la minería ilegal, la tala y la extracción de petróleo.
Dos de los casos actuales más representativos de comunidades que han sido víctimas de amedrentamientos son Nueva Austria de Sira, en Huánuco, y Boca Pariamanu, en Madre de Dios.
La primera está acechada por invasores de tierras que ya han atentado contra el líder. En tanto, la otra registra hostigamientos de mineros hacia los dirigentes que resguardan los límites.
Criminalización de indígenas y COVID-19
Perú no tiene las altas cifras de crímenes contra indígenas que reportan otros países de la región. Pero, Mar Pérez explica que la criminalización es uno de los métodos de hostigamiento más fuertes,
«Les abren procesos infundadamente por condenas muy elevadas, y ya no necesitan asesinarlos para sacarlos del camino», sostiene Pérez.
Por su parte, Lizardo Cauper afirma que actualmente hay 11.300 indígenas acusados por diferentes delitos.
Alicia Abanto es adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas. Ella comentó que “urge fortalecer la intervención de las entidades públicas para prevenir hechos de violencia o amenazas en el mismo territorio donde están los líderes».
«La labor del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio Público debe estar orientada a la prevención de riesgos”, agrega.
Cauper está seguro que la enfermedad evidencia la histórica desatención de las poblaciones indígenas. Incluso, también su alta vulnerabilidad en términos de salud y seguridad.
El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud reveló en agosto que más de 21.000 indígenas estaban infectados por el COVID-19. Además, Aidesep reporta que hasta el momento 393 nativos han muerto por la pandemia en la Amazonía.
El coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), Gregorio Mirabal, alerta que en todos los pueblos indígenas Amazónicos la cifra de contagiados bordea los 60.000 y la de fallecidos llega a 2.000.
Además, sostiene que todo lo que conlleva la pandemia y sus flagelos son un proceso de extinción de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica. Eso es algo que ellos califican como “un etnocidio”.
En la tercera y última entrega de este reportaje se abordará la situación relacionada con la represión, los secuestros y el abandono del Estado que sufren las comunidades indígenas de Honduras y Guatemala.
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