En Guatemala, las industrias extractivas tienen diversas expresiones, bien sean centrales hidroeléctricas, de minería o de cultivos extensivos dedicados a la generación de agrocombustibles. Todas generan focos de conflictos entre Gobierno, empresa privada y pueblo, principalmente por su nexo común: son depredadoras del ambiente.
En estos territorios donde habitan los pueblos originarios mayas se da una disputa por los recursos naturales. Por un lado, están las industrias extractivas, de transnacionales asociadas en general a grandes capitales nacionales, que actúan con la anuencia de gobiernos cómplices. Por el otro, un pueblo pobre y excluido como lo es, en Guatemala, el pueblo indígena.
En los últimos años se ha producido el despojo de territorios ancestrales de pueblos originarios, con argucias legales o por la fuerza. Los movimientos campesinos e indígenas allí asentados que protestan por ese despojo son considerados enemigos del sistema capitalista dominante. La lucha de clases, que nunca ha desaparecido, se expresa hoy a través de ese conflicto.
Estado cómplice
Estas industrias son altamente contaminantes, agresivas para el medio ambiente y dejan sin agua, ni tierra cultivable a campesinos y pueblos indígenas originarios. Adempas, destruyen la flora y la fauna atentando también contra la vida humana.
El aporte de las industrias extractivas al PIB en 2013 representó el 1.85% del total. En lo relativo al empleo, el sector en 2013 tenía dados de alta a 5.494 trabajadores en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), aunque según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2011, solamente el 25.04% de los trabajadores del sector estaban inscritos.
La respuesta del Estado, defensor en definitiva de los capitales (nacionales y multinacionales) y no juez ecuánime entre todas las partes, es la represión.
Los despojos de tierras ancestrales en muchos casos son hechos por la propia Policía y/o el Ejército, instituciones del Estado pagadas con los impuestos de toda la población.
En este momento, la situación se pone aún peor para los sectores populares. Se vuelven a repetir modalidades de aquellos años de la guerra contrainsurgente. Se instituyen mecanismos de terror, con desapariciones, amenazas veladas y abiertas, asesinatos selectivos de líderes comunitarios. Ello, acompañado de la criminalización de las luchas campesinas. ¿Vendrán luego las masacres de poblaciones completas?
En estos últimos días, esa represión se ha intensificado. En el último mes se ha presenciado la muerte de 7 líderes campesinos que enarbolaban luchas por justas reivindicaciones, con el silencio cómplice del Estado. En los norteños departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, la situación está al rojo vivo.
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