Iniciativa del Gobierno busca acortar tramitación de proyectos energéticos

La propuesta impulsada por el ministro de Energía Ricardo Raineri plantea la idea de agilizar los procesos de concesión para proyectos energéticos y acotar las causales de oposición que extiendan su evaluación definitiva.

Según lo expuesto por el Presidente de la Comisión de Energía y Minería, Jaime Orpis, “El país necesita energía y sin proyectos eléctricos no podemos proyectar un mayor crecimiento”. Esto tras escuchar la idea de Raineri, que le suma urgencia a la instalación definitiva de iniciativas energéticas en Chile.

En palabras del senador Orpis, “la iniciativa apunta a acelerar las concesiones de transmisión eléctrica, porque hasta el momento los procedimientos se han transformado en un cuello de botella para todos los proyectos energéticos”.

En efecto, la propuesta tiene por objetivo ajustar los plazos destinados a la obtención de permisos a través de los cuales las empresas puedan concretar sus aspiraciones energéticas en diversas localidades del país, disminuyendo el tiempo para la recepción y respuesta de reclamos que pudieran exponer los afectados. Al respecto, Jaime Orpis se adelantó a las críticas: “Mientras se resguarde el medioambiente no veo obstáculo para que se facilite la tramitación, por ello, lo importante es que tengamos un Estado ágil que facilite las inversiones».

Por otra parte, la naturaleza de los reclamos deberá precisarse sólo en torno a causas legales, desechando la posibilidad de plantear objeciones con argumentos de tipo ambiental, los que deben ser revisados en otra instancia en el marco de la Ley Nº19.300. Dicha promulgación establece, en su primer artículo, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, pero éste no parece ser una razón válida al momento de objetar las concesiones.

EL ROL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Por su parte, algunas organizaciones medioambientales reaccionaron de inmediato, rechazando y criticando la iniciativa legal impulsada por el Gobierno que amenaza seriamente la influencia de dichas entidades en los procesos de tramitación de proyectos energéticos. “Aquí se está privilegiando el desarrollo industrial por sobre el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación”, explicitó Samuel Leiva, coordinador de campaña de Greenpeace en Chile.

Leiva argumenta que la participación ciudadana en este tipo de instancias ya es deficiente, por lo que esta medida sólo contribuirá a agravar la situación de quienes desean luchar por el bienestar del medio ambiente. “Es absurdo pensar que reduciendo la participación ciudadana se vaya a ganar más tiempo”, agrega. “No es culpa del proceso de evaluación la demora en la calificación favorable”.

Ante los últimos bullados casos de proyectos energéticos que han vivido una larga evaluación y rechazo de la ciudadanía, tales como Pascua Lama o Hidroaysén, Samuel Leiva es categórico: “Esos son proyectos malos”. En opinión del coordinador de Greenpeace, el largo proceso vivido por ambas iniciativas se debe a las características innatas que le significan el rechazo ante las instancias de evaluación, además del repudio de la ciudadanía.

Finalmente, el proyecto impulsado por Raineri plantea dudas respecto a quiénes son los verdaderos beneficiados con la agilización trámites de proyectos energéticos: si la ciudadanía, que verá disminuido su rol en el proceso o las empresas, que podrán consolidar sus aspiraciones a corto plazo.

Por Vanessa Vargas Rojas

El Ciudadano