Interponen recurso de protección contra construcción de parque Eólico en Ancud

Con la finalidad de paralizar el proceso de construcción del parque Eólico en la comuna de Ancud, habitantes del sector y el abogado Juan Alberto Molina, interpusieron en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt un recurso de protección, en el que piden también que se relocalice el proyecto que afectaría a todo el sector donde se emplazaría la iniciativa.

El diputado socialista Fidel Espinoza, quien acompañó la acción, señaló que sería lamentable que se use, en otros proyectos, la forma inconsulta que se desarrolló en el cuestionado lugar donde se emplazaría el parque Eólico.

Según el parlamentario, los argumentos de los vecinos no fueron tomados en cuenta, tampoco los de las comunidades indígenas, de la pesca artesanal, de sindicatos de productores y exportadores de machas, de ONG ambientales y de microempresarios del turismo que pedían la reubicación de la iniciativa para minimizar sus efectos.

“Con este recurso de protección no queremos decir que estamos en contra de la construcción de ese proyecto, sino que queremos que se relocalice y se realice un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como debe ser. No se puede justificar que un proyecto de las características de éste pasen sólo como meras Declaraciones (de Impacto Ambiental)”, indicó Espinoza.

Cabe hacer presente que la Comisión Evaluadora Ambiental de nuestra región aprobó -en forma unánime- el proyecto de energía eólica de la empresa chileno-sueca Ecopower, que contempla la construcción de 56 turbinas para generar 112 megawatts de energía para el Sistema Interconectado Central, cuyo costo supera los 235 millones de dólares e impactará una zona de 1000 hectáreas en el sector Quilo-Mar Brava, en la costa noroeste del archipiélago chilote.

Por su parte, el abogado Juan Alberto Molina confirmó los detalles del recurso y anticipó que están preparados para enfrentar una apelación de la contraparte: “Estamos solicitando que se invalide la declaración de impacto ambiental que se hizo, porque no se consideraron una serie de situaciones contempladas en la ley respectiva”.

Según Molina la orden de no innovar que están solicitando es “con carácter de urgente, hasta que se realice un completo Estudio de Impacto Ambiental lo que permitiría saber a ciencia cierta los efectos reales que tendría el proyecto que se quiere construir”, especificó.

Por su parte, María Luisa Saldivia, habitante del sector en discusión, señaló que quienes habitan en esos sectores no están en contra del proyecto, sino que éste de relocalice y añadió que “tampoco estamos en contra de la inversión privada, pero toda inversión que pueda afectar los ecosistemas, la cultura, la economía, el patrimonio y la calidad de vida de las comunidades locales debe ser evaluada a través de un Estudio de Impacto Ambiental y no a través de estos subterfugios de presentar los proyectos por etapa”.

El Ciudadano