Investigadores plantean 10 medidas ambientales urgentes para México

La semana pasada se realizó el «Foro México 2018: Desafíos de la Nación», en el que científicos y especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) discutieron algunos temas ambientales con representantes de los candidatos presidenciales. Luego del encuentro, los académicos coincidieron en que las plataformas y propuestas presentadas por los aspirantes carecen de diagnósticos y propuestas integrales.

Los candidatos presidenciales, aunque contemplan en sus agendas temas relacionados con el medio ambiente, evitan los puntos álgidos y propuestas concretas al respecto, señalaron miembros de The Nature Conservancy (TNC).

Esta organización ambiental global para la conservación de las tierras y aguas y los equipos de los aspirantes ya se sentaron para hablar sobre planes que permitan cuidar los recursos naturales, aunque no se han presentado directamente los candidatos.

“No hemos tenido una reunión frente a frente con los candidatos, aunque ya tienen gente especializada al respecto. Ya nos reunimos con el equipo de (Andrés Manuel) López Obrador y (Ricardo) Anaya, y hemos estado en diálogo con (José Antonio) Meade. Todos evitan los puntos finos…”, comentó Juan Eduardo Bezaury Creel, representante en México de The Nature Conservancy.

La presentación de los 10 temas y 53 propuestas ambientales del organismo para los aspirantes a la presidencia incluyen puntos como el fortalecimiento institucional ambiental, un turismo sostenible, el manejo integral del agua, los bosques y selvas, entre otros.

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1) Política ambiental

En el primer tema, la política ambiental, señalan la necesidad de dar a los problemas socioambientales del país un carácter central en la agenda pública. Plantean promover la participación ciudadana, informada y vinculante en la gestión de las políticas públicas relacionadas con bienes y servicios ambientales.

2) Agua

Indicaron la necesidad de “rediseñar la Comisión Nacional del Agua, fortaleciendo sus instancias de participación y sus capacidades de planeación, inspección y sanción, y readecuar el sistema de concesión de aguas nacionales, en el marco de una nueva ley general de aguas que garantice el cumplimiento de los art. 1, 2 y 4 de la Constitución”.

Los académicos piden “priorizar en la asignación de recursos y en la agenda gubernamental, en particular a nivel municipal, el rezago de la cobertura de suministro de agua y de tratamiento de aguas residuales en zonas rurales y urbanas, incorporando la participación ciudadana”.

3) Biodiversidad

Piden “prohibir la minería y los grandes desarrollos turísticos en áreas naturales protegidas y en áreas de alto valor biológico o ambiental, sin importar si tienen o no un decreto de protección”.

Asimismo, detallan que es necesario “conservar los procesos esenciales para la preservación del patrimonio natural, como la polinización, con medidas como la prohibición del uso de insecticidas neonicotinoides y otros tóxicos, que afectan a los polinizadores de cultivos, vulnerando la salud y seguridad la alimentaria”.

4) Bosques

Los ambientalistas solicitan establecer en el Plan Nacional de Desarrollo y en toda la política pública derivada del mismo, el manejo forestal comunitario como eje y prioridad para el desarrollo y la conservación de las regiones forestales, considerando el respeto de los derechos, la participación de los dueños de los bosques, los jóvenes y mujeres, así como el aliento a iniciativas de generación local de valor.

Indicaron además la necesidad de una “gestión territorial descentralizada, basada en el desarrollo de capacidades regionales, el ordenamiento concertado del uso sustentable del territorio y la concurrencia de la acción institucional y de los dueños de las tierras forestales”.

5) Ciudades

Proponen “un sistema de monitoreo público (gubernamental, social y académico) descentralizado sobre los mapas de riesgos que surgen de los asentamientos humanos y las dinámicas ecológicas en las cuencas”.

También piden “planes de mitigación y adaptación al cambio climático en las principales zonas urbanas para reducir su vulnerabilidad en inundaciones y/o escases de agua en las zonas urbanas”. Igualmente, plantean que el manejo integral del agua en las ciudades “debe de buscar el balance hídrico de la cuenca”.

6) Costas y mares

Pugnaron por contar con estudios poblacionales de todas las especies objetivo, generar planes de ordenamiento pesquero y crear zonas de regeneración de peces. “Evitar que los agroquímicos lleguen al mar para evitar el crecimiento de zonas muertas, regular su uso de manera estricta e imponer una carga fiscal mayor según el grado de toxicidad”, propusieron.

Además, piden evitar el incremento de la contaminación del mar, eliminando los derrames de hidrocarburos y reciclando, prohibiendo o limitando el uso de plásticos; y la cración de sistema nacional de monitorizacióno de costas y mares con la participación de instituciones académicas y de la sociedad civil.

7) Energía

Con relación a la política pública energética, los investigadores de la UNAM señalaron que se debe democratizar la energía a través de la generación solar distribuida y la eliminación de subsidios regresivos a las tarifas eléctricas. Así, sostienen, se podrá incrementar las metas de penetración de energías renovables a la matriz energética a por lo menos 40% para 2024.

Los investigadores plantean corregir e incrementar gradualmente el impuesto al carbono para combustibles fósiles, incluyendo al gas natural; así como evitar la construcción de nuevas refinerías y plantas de ciclo combinado de gas natural, que pueden resultar obsoletas en menos de 20 años.

8) Minería

Los ambientalistas proponen “decretar la moratoria a nuevas concesiones mineras y revisión de concesiones vigentes”, además de reestablecer el carácter preferente de la soberanía nacional, el bien público y los derechos humanos sobre la minería y la extracción de hidrocarburos.

Asimismo, pidieron “armonizar el marco normativo minero con los marcos normativos ambiental, de derechos humanos, agrario y de agua”. Otra de las medidas propuestas es garantizar que sean municipios y comunidades afectadas por la gran minería “quienes decidan el uso del impuesto minero, priorizando acciones para enfrentar los impactos ambientales y en la salud pública”.

9) Agricultura y suelos

La UNAM propone formular un programa de apoyo integral-territorial a la pequeña y mediana agricultura que aumente los ingresos obtenidos a través de sus actividades económicas agropecuarias. Además, “promover una agricultura diversificada y sustentable, con principios agroecológicos, que permitan la recuperación y conservación de suelos degradados, entre los pequeños y medianos productores y en la agricultura industrial”.

Adicionalmente, precisaron la necesidad de “fortalecer instituciones públicas de investigación relacionadas con actividades agropecuarias». Sobre los agrotóxicos, pidieron su regulación “basándose en el principio precautorio, como manda la Constitución, para proteger los derechos humanos a la salud y a un ambiente sano”.

También solicitaron “elaborar un plan nacional de reducción y prohibición progresiva a corto plazo de plaguicidas altamente peligrosos, incluyendo los cambios legislativos pertinentes para que sea posible revocar de manera expedita la autorización a este tipo de compuestos”.

10) Derecho al medio ambiente

Pidieron emprender las acciones de política para que “todas las autoridades cumplan con sus obligaciones constitucionales de promoción, respeto, protección y garantía del derecho humano al medio ambiente reconocido en la Constitución y desarrollado por los estándares internacionales en la materia”.

Sumaron la necesidad de “suspender todos aquellos megaproyectos que violen el contenido y las obligaciones del derecho humano al medio ambiente de personas, barrios, comunidades indígenas y campesinas”. Además, sostienen que “no emprender ninguna otra obra que no se guíe por el contenido del derecho humano al medio ambiente en su relación indivisible e interdependiente con otros derechos”.

Finalmente, expresaron que  los candidatos presidenciales deben “comprometerse a respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos de los defensores del medio ambiente, evitando la criminalización, amenazas, detenciones arbitrarias y ejecuciones de las que son objeto”.