Sin los consejeros regionales y con sólo 14 de sus 22 integrantes la comisión aprobó la calificación ambiental de la termoeléctrica a carbón que Codelco quiere construir cerca de Ventanas. La votación se realizó gracias a la también cuestionada aprobación del Plano Regulador Intercomunal de Valparaíso, a la que tampoco asistieron todos los consejeros y de la que no hay acta pública.
El viernes pasado, la Comisión Regional del Medio Ambiente de Valparaíso aprobó la resolución de Calificación Ambiental de la Central Térmica Energía Minera (CTEM), proyecto presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por Energía Minera S.A., filial de Codelco, sin la presencia de ninguno de los cuatro consejeros regionales y con sólo 14 de los 22 integrantes de la Comisión.
El proyecto contempla la construcción y operación de una central termoeléctrica a carbón en las comunas de Quintero y Puchuncaví, compuesta por tres unidades de generación de 350 MW de potencia bruta cada una, que juntas deberán inyectar entre 500 MW y 1.050 MW al Sistema Interconectado Central (SIC).
La zona, ubicada al sureste de Ventanas, fue declarada saturada de contaminación de material particulado MP10 y SO2, de anhídrido sulfuroso, arsénico y metales pesados en 1993 por el Decreto Supremo 252 impulsado por el Ministerio de Agricultura. La Universidad de Valparaíso, a su vez, ha ratificado ese diagnóstico en estudios realizados desde entonces en la zona.
Lo polémico, sin embargo, no es sólo el hecho de que se construya en una zona saturada de contaminación, porque la CTEM está obligada a compensar el 110% de sus emisiones, es decir, a invertir no sólo en mantener la calidad del aire, sino además en mejorarla. Sino las circunstancias administrativas en que la Corema de Valparaíso resolvió aprobar la calificación de la CTEM.
A la sesión del 27 de febrero no asistió ninguno de los cuatro consejeros regionales, porque el gobierno central ordenó en enero el recambio de todos los consejeros a nivel nacional. Sin embargo, hasta ese día el Consejo Directivo de la Conama no había designado a los reemplazantes, por lo tanto, no existían consejeros.
La primera vez que se convocó a la Corema para votar la calificación de la CTEM, el gobernador de la provincia de Valparaíso, Ricardo Bravo –que subrogaba como presidente de la comisión al Intendente de la Región, Iván de la Maza (DC), quien estaba de vacaciones-, pidió suspender la sesión por dudas sobre la legalidad de sesionar con una Corema coja, por lo que ordenó un informe a los equipos jurídicos de su gobernación y de la Intendencia.
Los abogados concluyeron que la Corema no sólo podía sino que debía sesionar porque, según fuentes de la Conama, “el Estado debe respetar los plazos en los que se compromete a sancionar algo, de lo contrario opera el silencio administrativo y es lo peor para todos porque se aprobarían los proyectos sin modificación alguna”.
La Corema sesionó así con 14 de sus 22 miembros y trató temas de no poca relevancia además de la aprobación de la CTEM, como la admisibilidad de otros proyectos energéticos para someterse a estudio, una sanción a la empresa GNL Quintero y la aprobación del proyecto Subestación Leyda, presentado por la Empresa Eléctrica de Melipilla, Colchagua y Maule S.A.
Ricardo Correa, vocero del Consejo Ecológico Puchuncaví-Quintero, se pregunta por la validez de respetar un plazo cuando la institución que representa al Estado, en este caso, la Corema, no está constituida como corresponde. La interrogante cobra más sentido cuando se trata de la evaluación de un proyecto que presenta una empresa del Estado y que sanciona un organismo compuesto por integrantes designados únicamente por el gobierno.
“Súmele la aprobación en las mismas circunstancias, es decir, sin cores y con miembros en vacaciones, en medio de febrero, del PRENVAL (Plan Intercomunal de Valparaíso en el Área Metropolitana de Valparaíso y en el borde Costero Puchuncaví-Quintero), pre-requisito de la aprobación de la calificación ambiental del proyecto”, agrega Correa. A un mes de la sesión en que se aprobó el PRENVAL, todavía no hay acta pública.
Pero a los integrantes del Consejo Ecológico, esta irregularidad no les sorprende. El accionar cuestionable de la Corema de Valparaíso se arrastra hace años y tuvo su punto más alto en la aprobación de la calificación ambiental de la termoeléctrica Campiche, de la transnacional AES Gener, que fue declarada ilegal por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y por la Contraloría General de la República.
Por estos días el Consejo prepara su presentación ante la Corte Suprema por la aprobación de la Central Campiche, caso que de continuar pondría en aprietos no sólo a la Corema de Valparaíso sino a toda la institucionalidad ambiental vigente en el país.
Por Francisco Figueroa Cerda
El Ciudadano
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