José Vera, economista, denuncia: «El Gobierno ha llegado a límites inconcebibles para facilitar industria salmonera en Magallanes»

José Vera Giusti, quien es economista de la Universidad de Chile y Master en Desarrollo Económico de la U. de Boston, afirma que “la salmonicultura en Magallanes, y particularmente en el Parque Nacional Bernardo O’Higgins, con sus 3.525.901 hectáreas de fiordos, canales y glaciares impolutos, es una amenaza directa a la industria de turismo de intereses especiales en la región”. Agrega, además, que “hay que tener claro que el único motivo por el cual Magallanes será violada por la salmonicultura es el poder económico de los interesados en apropiarse del mar magallánico, coludidos con las autoridades políticas”.

– La industria salmonera anunció para este año una inversión de US$ 50 millones en la perspectiva de cosechar 33.000 toneladas anuales en la región de Magallanes, triplicando la media histórica. ¿Cuáles serán los impactos políticos, sociales, económicos y ambientales que traerá esta acelerada expansión productiva y geográfica en la región de Magallanes, siguiendo el modelo que ya se implementó en la región de Los Lagos entre 1992 y el 2007?
– No cabe duda que estos impactos serán significativos, pero a la fecha no se ha realizado ningún análisis o estudio de la magnitud que tendrán. La decisión de las autoridades de aprobar y apoyar la masificación de la salmonicultura en Magallanes es una completa irresponsabilidad, porque ha sido tomada sin la información técnica indispensable para tener alguna certeza que es una decisión correcta. Más aún cuando existen fundadas aprensiones que esta industria no contribuirá al desarrollo regional, sino más bien ahondará la crisis estructural que ha mantenido a Magallanes creciendo muy por debajo del resto del país durante décadas. Si además dicha expansión sigue el modelo implementado en la región de Los Lagos, que destruyó grandes áreas del ecosistema, además de provocar el colapso de la propia industria, de la pesca artesanal y elevó el desempleo a niveles récord, la connivencia de las autoridades con los intereses corporativos que han empujado y presionado para aprobar tamaño despropósito, es algo rayano en la criminalidad, que puede configurar el delito de prevaricación.

La salmonicultura masiva en jaulas como se implementa en Chile, explota intensivamente los ecosistemas en los que se instala con graves daños medioambientales, genera un producto de bajo valor agregado con extensos costos de oportunidad, ofrece empleos de baja calificación, con remuneraciones misérrimas y un historial de pobres condiciones de trabajo.

Como si esto fuera poco, su presencia en Magallanes, y particularmente en el Parque Nacional Bernardo O’Higgins, con sus 3.525.901 hectáreas de fiordos, canales y glaciares impolutos, es una amenaza directa a la industria de turismo de intereses especiales en la región. Con la instalación masiva de una industria que ha dado pruebas fehacientes de no respetar mínimos estándares de sustentabilidad ambiental, se echa por tierra el trabajo y esfuerzo de décadas de la industria turística local por posicionar a Magallanes como un destino prístino, sin intervención humana, de altísimo interés para visitantes de todo el mundo, ávidos por naturaleza intocada y salvaje. Como lo evidencian las cifras de la OMT, el turismo de intereses especiales mantiene una alta tasa de crecimiento en todo el mundo, pero muy especialmente en la Patagonia chilena, promediando un 10% anual aproximadamente. Con la masificación de la salmonicultura, se arriesga la ruina de una industria que no contamina, que ofrece un servicio de alto valor agregado, empleos calificados y cuyos ingresos se quedan mayoritariamente en la región. ¿Y todo eso a cambio de qué? Del enriquecimiento irresponsable de piratas corporativos con una actividad que no dejará sino desolación para Magallanes, cuyo único norte es el lucro personal, a costa del bienestar y las perspectivas de desarrollo de toda una región. Hay que tener claro que el único motivo por el cual Magallanes será violada por la salmonicultura es el poder económico de los interesados en apropiarse del mar magallánico, coludidos con las autoridades políticas.

– ¿Qué le parece el argumento empresarial que las empresas salmoneras van a intensificar su apuesta expansionista por la región de Magallanes con el objetivo de disminuir sus riesgos operacionales, ante posibles nuevos brotes de enfermedades?, ¿Cuál es la percepción de los distintos sectores políticos, productivos y sociales de Magallanes frente a esta estrategia y sus implicancias, expresadas en el intento de entregar 200 concesiones de salmonicultura en los próximos dos años?
-Tal como se ha implementado en Chile, la salmonicultura masiva en jaulas, es ambientalmente inviable y económicamente insostenible en el mediano plazo, debido a las consecuencias que acarrean sus prácticas productivas. En Noruega o Canadá, sería imposible llevar a cabo el tipo de industria que se ha desarrollado en nuestro país. Eso lo saben de sobra las empresas internacionales que operan en Chile y por eso es que hablan de la “nueva salmonicultura”, “salmonicultura 2.0” y otras frases marqueteras, destinadas a confundir a la opinión pública, intentando hacernos creer que no repetirán los errores que destruyeron ecosistema e industria en la Región de Los Lagos.

El problema real con la salmonicultura en Chile no es que la actividad en sí sea insustentable, sino que lo ha sido y lo es por la forma como se la practica en nuestros mares, en que la avidez criminal de empresas las hacen preferir ganancias exorbitantes de corto plazo con las conocidas consecuencias destructivas que han tenido, en lugar de una salmonicultura responsable y sustentable en el largo plazo, que sea además compatible con otras actividades productivas y de servicios.

En este escenario, la percepción generalizada de actores sociales, productivos y políticos en Magallanes es que no hay motivo alguno para creer las nuevas promesas de la industria y que se trata simplemente de una estrategia para reducir costos de imagen pública que podrían entorpecer su asalto definitivo a los mares australes. El tema es que nadie cree en los argumentos y promesas con que intentan engatusar a la población. El problema también es que a las salmoneras en realidad la opinión ciudadana le es indiferente, porque ya tienen de su lado el apoyo político del Gobierno y, salvo que medie una muy clara y efectiva oposición a sus intereses corporativos, la región se verá condenada a la invasión que han programado.

– ¿Cómo interpreta el reciente anuncio del Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea (en la foto), respecto a modificar los límites del Parque Nacional Bernardo O’Higgins, como otra acción del Ejecutivo para facilitar la expansión de la industria salmonera en Magallanes?
– Hay sólo una interpretación posible… que el Ejecutivo ha llegado a límites inconcebibles de impudicia en su afán inmoral de facilitar la vida y gestión de la industria salmonera en Magallanes. Afán inmoral porque atenta contra el bien de la comunidad en su conjunto, e impúdica, porque con la información disponible del historial de la industria, el Subsecretario de Pesca debería sentir vergüenza de intentar imponer la voluntad del gobierno en contra de los intereses de la población austral. No vacilo en considerarlo un matonaje institucional que debemos rechazar con la mayor energía.

– ¿Cuáles son los criterios que priman en el empresariado salmonero y las autoridades regionales para aceptar la propuesta de cambiar los límites de este parque nacional en Magallanes, el más extenso a nivel nacional, como traje a la medida para favorecer la expansión de una industria exportadora tan contaminante y poco respetuosa de los derechos laborales?
– Los criterios están claros. Favorecer a como dé lugar la instalación masiva de la industria salmonera en Magallanes, sin importar sus costos sociales ni el interés de la ciudadanía, sobre la base de un engaño: Que esta industria es beneficiosa para la región y su gente.

– ¿Es posible modificar los límites de un parque nacional mediante una simple medida administrativa de una Subsecretaria?
– Desconozco las bases legales de esta tropelía institucional

– ¿Cuál es el criterio para crear sectores “concesibles” en el mar, los cuales serán licitados por 25 años. Esto ha sido discutido con la sociedad y el movimiento ciudadano regional?
– El mismo que menciono anteriormente. Favorecer a la industria salmonera en sus afanes, más allá de toda consideración técnica o ética. Por supuesto que no se ha discutido ni socializado en la región; no hay nadie, salvo los propios interesados de la industria y los obsecuentes en el Gobierno que estén de acuerdo con esto.

– ¿Está de acuerdo que la desafectación del 60% de las triple AAA en Magallanes pueda ser modificada bajo el concepto de sectores “concesibles”, cuya decisión final y discrecional quedará en manos de Subsecretario de Pesca?
– Absoluta y totalmente en desacuerdo. Es completamente ilegítima, más allá de las argucias legales que se esgriman para validarla

– ¿Qué sucedió con el proceso de zonificación del borde costero efectuado el 2010?
– Nada. Aparte que sus recomendaciones fueron archivadas sin tomarlas en absoluto en consideración para estas nuevas propuestas. Evidencia de paso una total falta de respeto de la opinión, voluntad y argumentos ciudadanos frente al tema.

– ¿Que opina respecto a que el proceso de zonificación del borde costero en Magallanes del 2010, ahora es borrado de una plumada por el propio Estado para permitir el accionar discrecional del Subsecretario de Pesca en alianza con los empresarios salmoneros?
– Me parece un acto dictatorial, impresentable ante cualquier referente civilizado. Luego de más de un año de trabajo serio y comprometido, desestimar sin argumentos ni justificación las conclusiones y recomendaciones de la ciudadanía constituye una burla inaceptable al proceso democrático y a toda la comunidad

– Respecto a lo anterior, ¿Cómo percibe el accionar del Estado centralista con respecto a una ciudadanía regional cada vez más empoderada?
– Lo percibo como el acto temerario e irresponsable de un gobierno que actúa como si fuese más bien una dictadura que un producto del ejercicio democrático. Lo hace a sabiendas que Magallanes es apenas el 1% de la población nacional y apuesta a que el rechazo civil pasará inadvertido para la mayoría. La racionalidad con que opera es ¿a quién le importa realmente lo que piensen o quieran unos cuantos infelices perdidos en el sur? Como no tienen argumentos técnicos para justificar sus malabares leguleyescos, aplican el único argumento que poseen: el de la fuerza de la alianza poder económico-poder político. Por eso hablaba de matonaje institucional.

– ¿Se mantiene el rechazo a los impactos de la expansión de la industria del salmón por parte de organizaciones, ciudadanos y comunidades en Magallanes evidenciado con fuerza durante el 2010 y 2011?
– Se mantiene incólume.

Por Ecoceanos. Tomado de Radio del Mar