Justicia para los pingüinos: Ganadero culpable de matanza es condenado por daño agravado y crueldad animal

La Justicia de Argentina condenó este miércoles a tres años de prisión de ejecución condicional, por los delitos de daño agravado y crueldad animal, al empresario ganadero Ricardo Adolfo La Regina, acusado de haber matado a más de 100 pingüinos en la reserva de fauna de Punta Tombo, ubicada en la provincia del Chubut.

En el marco de un juicio histórico, el pasado 7 de noviembre, el empresario y productor fue hallado culpable por haber matado en el año 2021 a 105 especímenes de pingüinos Magallanes y arrasado 292 nidos, aplastando huevos y pichones, causando daños irreversibles sobre la fauna y flora autóctonas en una estancia ubicada junto al Área Natural Protegida Punta Tombo.

Esta área es considerada una de las principales y más numerosas colonias continentales de cría del pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus).

El juicio oral y público contra el empresario agrícola comenzó el pasado 28 de octubre, a quien se le acusó de haber causado “la presunta muerte de numerosos pingüinos en la estancia Punta Clara, ubicada al norte de la reserva de Punta Tombo, durante el período entre agosto y diciembre de 2021”.

La acusación estuvo a cargo de la fiscal general jefe de Rawson, Florencia Gómez y la causa contó con varios querellantes, entre ellos la Asociación de Abogados Ambientalistas, Fundación Patagonia Natural y Greenpeace Argentina.

Tras haber sido encontrado culpable «de los delitos de daño agravado, un hecho en modalidad de delito continuado; en concurso ideal con el delito de Crueldad Animal», este miércoles, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut integrado por los jueces María Martini, Eve Ponce y Carlos Richieri, sentenció al ganadero a tres años de prisión de ejecución condicional, indicó el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Chubut.

La justicia dispuso la “inmediata intervención del Estado para que a través de los organismos competentes determinen e ingresen al establecimiento para realizar la recomposición del medio ambiente afectado”.

El tribunal otorgó a las autoridades estatales «un plazo de 60 días» para «preservar el ecosistema y su compatibilidad con la presencia humana en el lugar»-

Además, deberán establecer «cuáles son las áreas a proteger, cantidad de hectáreas y de qué forma se custodiará el ecosistema». Estas disposiciones se controlarán cada «cuatro meses».

Ricardo La Regina fue encontrado responsable de los daños provocados durante los hechos ocurridos entre el 10 y el 14 de agosto, el 10 y el 14 de septiembre y el 26 de noviembre y el 4 de diciembre de 2021.

Además de la pena de prisión, el ganadero tendrá que pagar los costos del proceso, no podrá circular por la zona sensible al ecosistema, tanto él como terceros, en vehículos de gran porte; tendrá prohibido realizar obras o mejoras sin autorización provincial y un informe de impacto ambiental, y va a tener que colaborar con las tareas de restauración, preservación y conservación del medioambiente que dispongan las autoridades.

Asimismo, se le decomisó la máquina retroexcavadora con la que pasó por encima de más de 175 nidos para abrir un camino sin autorización hacia la playa y añadir un alambrado de 900 metros.

Según los antecedentes, el empresario usó la maquinaria para destruir intencionalmente el hábitat de los pinguinos, y causó daños irreversibles sobre la fauna y flora autóctonas. Con el cerco instalado, impidió que los animales pudieran acercarse a la costa donde estaban sus nidos.

Desde la fiscalía habían pedido una pena de 4 años de prisión para el empresario. Además requirieron una indemnización de 518 mil dólares y ampliar la protección ambiental a 500 hectáreas la estancia La Perla, donde se produjo el hecho.

Ganadero destruyó nidos de pingüinos con una retroexcavadora

De acuerdo a la investigación, el ganadero La Regina utilizó una retroexcavadora para hacer un camino paralelo a la costa sin la debida autorización, “lo que impactó negativamente en los nidos de pingüinos en plena época de reproducción”.

Por otra parte, el productor fue imputado por la instalación de un alambre electrificado, también sin permisos, que “habría afectado el entorno de los pingüinos“.

Durante la etapa de alegatos, la fiscal Gómez subrayó que «los delitos cometidos quedaron acreditados, con los testimonios de profesionales y especialistas que se expresaron sobre el daño causado». Asimismo destacó que la «acción efectuada con una máquina retro excavadora produjo un desmonte de 2.049 metros cuadrados de flora y fauna, vegetación cuya propiedad no le corresponde al imputado sino que al Estado, afectando en algunas partes zonas irrecuperables, además de nidos, huevos y pichones de pingüinos durante su etapa reproductiva».

«Hubo un desprecio total por la biodiversidad del lugar, ya que entendió que el imputado era consciente de los daños que estaba ocasionando en procura de su objetivo económico, que puso por encima del grave ambiental que ocasionó», enfatizó.

Durante el desarrollo del jucio, el ganadero Ricardo Adolfo La Regina ofreció una propuesta reparatoria con la donación de 500 hectáreas al Estado para que “termine de ordenar el manejo del recurso pingüinos, entre ellas, la sesión de la llamada Punta Clara”, la cual no fue aceptada.

Tras analizar los antecedentes, el Tribunal de Chubut falló por unanimidad y consideró a La Regina «autor penalmente responsable de los delitos de daño agravado, un hecho de modalidad de delito continuado, ocurrido entre el 10 y 14 de agosto, el 10 y 14 de septiembre, y el 26 de noviembre y 4 de diciembre de 2021. En concurso ideal con el delito de crueldad animal ocurrido entre el 26 y 4 todos ellos en la estancia La Pernal».

Sin embargo, fue absuelto «por el delito de crueldad animal ocurrido entre el 10 y 14 de septiembre».

Fallo marca un precedente para la justicia ambiental en Argentina

La condena por los delitos de daño ambiental y crueldad animal por parte de la justicia argentina fue catalogada como un hecho histórico en la nación trasandina.

«Esta resolución genera un antecedente judicial importante en el cuidado de la naturaleza, de las especies, y de la biodiversidad», declaró la fiscal Florencia Gómez, al tiempo que destacó el caso marcará «un antes y un después en la educación de la sociedad para que estos hechos no solamente se denuncien, sino que se los investigue con la seriedad que corresponde”.

Para el Ministerio Público Fiscal de Chubut se trata de un fallo que sienta un precedente para la justicia ambiental en el país, ya que «demuestra que es posible lograr condenas en casos de delitos contra el medio ambiente, incluso cuando existen presiones económicas en juego. Además, subraya el papel esencial de los fiscales como guardianes de la naturaleza y la ley».

«El caso, sin antecedentes en la justicia argentina, fue presentado por la Fiscal Jefe de Rawson, Florencia Gómez, quien, tras varios días de juicio público, logró demostrar de manera contundente la implicancia de La Regina en el exterminio y el impacto ambiental causado», destacó el ente persecutor en un comunicado, citado por Página 12.

En el texto recordó que la investigación, que tuvo una duración de tres años, atravesó diversos obstáculos propios de los delitos ambientales, «se sustentó en pruebas científicas y testimonios irrefutables que demostraron la destrucción de más de 2.049 metros cuadrados de colonia, además de la muerte de Pingüinos de Magallanes».

Al respecto, el Ministerio público valoró el el trabajo desarrollado por la fiscal Gómez, quien pese a «la escasez de pruebas físicas, la lejanía de la zona y la complejidad de las investigaciones», logró «reunir pruebas sólidas que demostraron la culpabilidad del acusado» y permitió que se estableciera «un precedente para futuras investigaciones en materia de protección de la fauna».

«Aunque este fallo representa un avance significativo, el trabajo continúa. La protección del medio ambiente y la fauna en Argentina requiere de leyes más estrictas, mayores recursos para la investigación de delitos ambientales y un compromiso ciudadano más profundo con la conservación del planeta. Este caso se erige como un llamado a la acción para seguir avanzando en la defensa de la biodiversidad», enfatizó el organismo.