La balanza de la injusticia: El caso de la comunidad Winkul Newen en Argentina

En el País de las Maravillas, la reina le explica a Alicia cómo funciona la justicia: “Está encerrado en la cárcel, cumpliendo su condena; pero el juicio no empezará hasta el próximo miércoles. Y por supuesto, el crimen será cometido al final”. Si hoy alguien tuviera que explicar cómo funciona la justicia en Neuquén podría decir que por defender el territorio, por resistir un desalojo, por tirar piedras, uno es acusado de “tentativa de homicidio”, con la posibilidad de ir preso por 15 años.

Obviamente esto no es una cuestión que aplique para toda la población de Neuquén (Argentina), después de todo es la misma provincia en la que los responsables políticos de la muerte de Fuentealba fueron sobreseídos y continúan en libertad. Sin embargo, para Relmu Ñamku y Martín Maliqueo, de la comunidad mapuche Winkul Newen, y para Mauricio Rain, de la comunidad Wiñoy Folil, no existió sobreseimiento.

El pasado lunes, en la audiencia de reformulación de cargos, el juez resolvió acusar a Relmu Ñamku de “tentativa de homicidio” (quitándole el previo agravante de “alevosía”), y a Rain y Maliqueo por “daños agravados”. Estos cargos se deben a los hechos ocurridos el 28 de diciembre de 2012, cuando una oficial de justicia resultó herida en medio de un intento de desalojo.

La comunidad Winkul Newen se encuentra ubicada en el Paraje Portezuelo Chico, a 25 kilómetros de la ciudad de Cutral Có y por años mantuvo un conflicto con la petrolera norteamericana Apache (comprada en 2014 por YPF). En noviembre de 2012, después de haber denunciado un derrame de petróleo, la comunidad decidió cerrar el acceso a su territorio (cortando la explotación del Yacimiento Portezuelo Chico), y exigió una mesa de diálogo. La respuesta fue una orden de desalojo para permitir el paso a la petrolera.

Para notificar esta decisión se hizo presente Verónica Pelayes, una oficial de justicia, acompañada por efectivos policiales y representantes de Apache. La comunidad resistió lanzando piedras. Todo terminó con la oficial de justicia con rotura de tabique nasal, tres autoridades mapuches detenidas y el abogado de Pelayes sosteniendo que había habido “un intento de homicidio”.

Frente a esto, organismos de Derechos Humanos de Neuquén emitieron un comunicado expresando: “Nos duele el rostro desfigurado de Verónica Pelayes y lo lamentamos profundamente. También nos duelen tantos rostros invisibilizados, anónimos, discriminados, olvidados que por siglos lucharon y luchan en la actualidad”. Por su parte, la comunidad se disculpó públicamente por lo sucedido y sostuvo que Pelayes era una víctima más de toda la situación. Asimismo, en una declaración denunció al gobernador Jorge Sapag, afirmando que “su paz social es mano dura para quienes defendemos que no se contamine el medio ambiente y prefiere garantizar el saqueo de los recursos naturales a cualquier precio”.

El pasado lunes, ante la audiencia de reformulación de cargos, se emitieron distintos comunicados en apoyo de los referentes mapuche. La Red Oilwatch Latinoamérica sostuvo que lo que sucedió en 2012 es parte de un “extenso proceso de avances petroleros sobre la comunidad, promovidos por el Estado provincial -que otorga las concesiones- y consumado por diferentes empresas -como las norteamericanas Pioneer y Apache en su momento, y que pretende continuar la subsidiaria de YPF, Yacimientos del Sur”. Asimismo afirmaron que “la mera posibilidad de que una persona sea juzgada y condenada bajo el cargo de tentativa de homicidio por defender su territorio lanzando piedras es un hecho desproporcionado que responde a un nuevo intento de profundizar la criminalización de la protesta social”.

En la misma línea, el nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, en una carta dirigida al gobernador Sapag, sostuvo que “resulta irónico que cuando la comunidad es amenazada y algunos de sus integrantes golpeados o heridos, a pesar de las denuncias nunca nadie se acercó a investigar o a interiorizarse de los hechos. Sin embargo, en este caso, la audiencia será pronto y la carátula durísima”.

Nada de esto sirvió para rever la decisión de acusar a Relmu Ñamku de “tentativa de homicidio”, básicamente porque lo que está en discusión en este juicio no es simplemente “una piedra”, sino un escenario mucho más complejo. Lo que se está discutiendo es el avance del modelo extractivista sobre los territorios indígenas. Y en este sentido es importante recordar que Winkul Newen no es la única comunidad que se encuentra en conflicto, y que Relmu Ñamku, Maliqueo y Rain no son los únicos referentes indígenas criminalizados y judicializados por defender el territorio.

Para la justicia (en su vinculación con el poder económico y político) ésta sería una pena ejemplificadora contra las comunidades. Después de todo, como sostiene el comunicado de Oilwatch Latinoamérica, hay que “disciplinar para que el crudo fluya”, y esto garantizaría la “paz social” y la “seguridad jurídica”, necesarias para el desarrollo y el progreso económicos. Esto sucede, además, con la complicidad de los medios masivos de comunicación que continúan presentando a “los mapuches” como violentos, peligrosos y hasta terroristas.

Paralelamente, para las comunidades indígenas (no solo del Pueblo Mapuche), y también para los movimientos sociales y las organizaciones del campo popular, una condena por “tentativa de homicidio” y el pedido de 15 años de prisión por tirar una piedra en el marco de una acción de resistencia, implicaría -nuevamente- la criminalización y judicialización de la protesta, sentando un antecedente gravísimo para los distintos procesos de lucha.

Florencia Trentini, doctora en Ciencias Antropológicas – @flortrentini