Setenta millones de euros -unos 83 millones de dólares- es el precio que pagará la compañía petrolífera Shell por haber destrozado el Delta del Níger a causa del mal estado de sus oleoductos y su falta de escrúpulos sociales y medioambientales.
El caso de la Royal Dutch Shell -una de las principales empresas del mercado petrolero mundial- y el Delta del Níger es conocido por el terrorífico desastre causado por la compañía que acabó con la base de subsistencia de millones de personas sin apenas tener que pagar por ello, lo que evidencia que la normativa gubernamental sobre industria petrolera es prácticamente inexistente.
El miércoles pasado Shell hizo público el acuerdo al que había llegado con la comunidad Bodo por los dos vertidos de crudo ocurridos en 2008 y 2009. Según el pacto firmado, la compañía petrolífera abonará 55 millones de libras esterlinas, de los cuales 35 se destinarán a las 15.600 personas de la comunidad de Bodo, y los otros 20 se asignarán a proyectos destinados a mejorar la región.
Martyn Day, abogado de la firma londinense Leigh Day, que representa y defiende los derechos de la comunidad Bodo, afirmó estar contento pero decepcionado por tener que esperar 6 años para que Shell asuma su responsabilidad en todo lo acontecido. «Estamos muy contentos por nuestros clientes, pero es muy decepcionante tener que esperar seis años para que Shell se tome este problema en serio y reconozca la verdadera naturaleza de los daños estas fugas al medio ambiente y las personas afectadas«.
Cada miembro de la comunidad Bodo recibirá una compensación de 2.200 libras, lo que supone el primer caso en el que una empresa paga directamente a individuos por los daños causados en una comunidad. «El dinero irá directamente a sus cuentas bancarias y esperemos que esto sea un modelo para futuras denuncias», ha declarado Martyn Day.
La petrolera Shell, que tras los vertidos se negó a asumir responsabilidades, asumió finalmente que las fugas fueron causadas por la corrosión existente en las instalaciones de sus oleoductos. Ahora, la compañía defiende que desde el principio aceptaron la responsabilidad por lo ocurrido en Bodo, lo que no explica entonces por qué se demoraron siete años en asumir esa reponsabilidad con una indemnicación que, aunque parezca alta, no compensa todo el desastre provocado en la región.
Durante las actuaciones judiciales celebradas, Shell reconoció que las cifras que había emitido sobre los barriles vertidos eran erróneas -se habían confundido en cientos de miles de unidades- y admitió además que conocían el mal estado de la mayoría de sus oleoductos. Shell confesó que era necesario sustituir muchos de los conductos debido a la corrosión generalizada.
Nigeria se convirtió desde 1950 en una zona deseada por las compañías de extracción de crudo por ser una tierra rica en reservas petrolíferas y desde ese momento el oro negro se convirtió en una auténtica pesadilla para los millones de personas que viven en el país.
Las explotaciones petrolíferas de pésimos niveles de calidad han vertido grandes cantidades de crudo en el Delta del Níger provocando auténticos desastres naturales que tienen que padecer los agricultores y pescadores de la zona, que no se han beneficiado en absoluto de la materia que poseen bajo su tierra. El petróleo, lejos de enriquecer a la población de Nigeria, la ha hecho víctima de la codicia de las empresas petroleras y de su falta de escrúpulos para destruir la base de subsitencia de millones de personas sin resentimientos.
Martyn Day insite en la necesidad de poner fin al robo del petróleo y refinación ilegal que son una de las causas principales de la contamientación del medio ambiente y que ha representado en el Delta del Niger una verdadera tragedia ecológica. Si no se prohiben estas practicas, dice Day, «el área limpiada simplemente será nuevamente afectada por estas actividades ilegal«.
El pago de este monto no pone fin al problema de las extracciones de petróleo en la zona del Delta del Níger, donde miles de personas siguen en peligro porque Shell continua sin arreglar sus oleoductos a pesar de haber reconocido que representan una grave amenaza para la zona por no cumplir con las exigencias de calidad mínima para estas instalaciones.
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