La corrupción hundirá la Ley de Pesca

No cabe duda que el conocido caso Penta-SQM ha develado el concubinato entre poder político y poder económico. Algo que la ciudadanía intuía, pero que hoy se hace más evidente. Sigue sorprendiendo lo desvergonzado del tráfico de influencias y la densidad de los dispositivos en uso: el delito tributario, soborno y cohecho, y la utilización del poder económico para acceder al poder político y viceversa.

Antes de que estallara este emblemático caso, la opinión pública conoció el año pasado un episodio que también remite a la corrupción y que actualmente es objeto de investigación de parte del Ministerio Público: cómo se gestó la actual Ley de Pesca o también llamada “Ley Longueira”, cuya carpeta también se encuentra en manos del fiscal Carlos Gajardo.

La componenda para la aprobación de la Ley de Pesca tuvo como principales protagonistas al gerente general de CORPESCA, Francisco Mujica, y a la ex diputada independiente, Marta Isasi Barbieri. La empresa pagó a la entonces parlamentaria $25 millones como aporte a la campaña de reelección. Una de las pruebas de la Fiscalía para acusar el soborno fue la minuta que le envió Mujica a Isasi el 14 de junio de 2011, en la que se detallan instrucciones de cómo ella debía defender “el derecho de propiedad” de las empresas pesqueras sobre los recursos marítimos. Además, CORPESCA contrató a un asesor para la ex diputada, Michel Campillay, para que éste la orientara correctamente en las votaciones, como logró evidenciarse en las grabaciones de la Comisión de Pesca.

A lo anterior, se agregan las declaraciones del ex senador Nelson Ávila, quien afirmó en un artículo publicado en marzo 2015 en el portal www.ecoceanos.cl, que “los miembros de la Comisión de Pesca del Senado, recibieron financiamiento reservado por parte de ‘CORPESCA’ en una suma superior a los $ 500 millones”.

A través de la corrupción, el mar y los recursos pesqueros se convirtieron en bienes bancarizables, transables e indemnizables, por tan solo 7 poderosas familias: Angelini (Corpesca), Lecaros, Yaconi–Santa Cruz, Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo, las que se fusionaron en cuatro grandes conglomerados: Orizon, Blumar, Camanchaca Pesca Sur y Mar Food.

Los armadores, que corresponden al 10% de la pesca artesanal, fueron los únicos del sector que recibieron cuota de captura. El 90% restante de pescadores artesanales, algueros, buzos y mariscadores quedaron sin cuota.

De comprobarse por resolución judicial los hechos delictivos enunciados, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo tendrían la obligación moral de llegar a un compromiso para la tramitación expedita de una nulidad de la Ley de Pesca. La derogación no sería lo moralmente correcto, ya que la corrupta normativa vigente obligaría al Estado a indemnizar a los grupos económicos por la pérdida de las concesiones otorgadas por la Ley de Pesca.

En paralelo e inmediatamente se debe proceder a la formación de una ley democrática y transparente que tenga como horizonte los intereses del país, es decir, de los 4,8 millones de familias y no de tan sólo siete. A su vez, es urgente consagrar constitucionalmente la propiedad de todos los chilenos y chilenas de los recursos pesqueros.

Seguramente los socios de la conjura antipopular, siempre contraria a los derechos de las mayorías, se opondrán tenazmente a la nulidad de la “ley maldita de la pesca”. En consecuencia, la ciudadanía, los pescadores, sus familias, sus organizaciones y los políticos(as) honestos(as) tendremos que unirnos y movilizarnos, para así tener la fuerza social y política necesaria que permita disolver el primer trozo de hielo en la escarcha de la ya descubierta punta del iceberg de la corrupción política.

Estas palabras las escribo pensando en los pescadores artesanales de mi región de Tarapacá, cuyos derechos han sido usurpados.

Publicado originalmente en El Mostrador