Las oportunidades de la Nueva Ley de Pesca

Durante los últimos 30 años los recursos marinos se han manejado principalmente bajo criterios económicos que han llevado a una sobreexplotación de los recursos pesqueros. La nueva Ley de Pesca, que se encuentra en proceso de negociación y elaboración, deberá entrar en vigencia el 2013 y podría presentar una oportunidad para una nueva forma de gestión sustentable de los recursos marinos.

El sector pesquero en Chile está en crisis. Este hecho ocurre en un momento crucial ya que la actual Ley de Pesca (Ley 19.713) perderá vigencia a finales de 2012 y deberá ser reemplazada. Los reclamos provienen tanto del sector industrial como del artesanal quienes alegan por la repartición de las cuotas de pesca, porque cada vez hay menos peces para pescar, porque el virus ISA hizo de las suyas con la salmonicultura, o porque ahora la culpa es de los lobos marinos a quienes al parecer habría que cazar en masa para que se pueda pescar en paz.

La crisis no es nueva y más allá de los reclamos, pesquerías como la de la merluza y el jurel se encuentran en estado de sobreexplotación con capturas cercanas a la mitad de lo extraído a mediados de los años 90. Estos problemas probablemente responden al modelo de gestión de recursos pesqueros que ha operado en el país por más de 30 años donde el lobby, los acuerdos políticos y una visión económica de corto plazo han primado sobre un manejo sustentable basado en un entendimiento ecológico de las especies marinas que determine cuotas de pesca de acuerdo a la capacidad de renovación del recurso así como una distribución justa entre pescadores industriales y artesanales.

Bajo la actual ley de pesca las cuotas anuales de captura (cantidad de recurso pesquero que efectivamente se puede extraer cada año) para cada especie son propuestas por un comité científico-técnico pero pueden ser posteriormente modificadas por el Consejo Nacional de Pesca que está compuesto por una diversidad de representantes del sector pesquero, principalmente empresarios, trabajadores y pescadores artesanales.

Un estudio realizado por académicos de la Universidad de Concepción [1] en 2010 mostró que para el período 2000-2006, 55% de las cuotas anuales de captura habían sido incrementadas respecto a la recomendación científico-técnica y en la mayoría de los casos debido a argumentos económicos y sociales (principalmente laborales).

Históricamente en Chile los peces y otras formas de vida marina como crustáceos y moluscos han sido entendidos exclusivamente como recursos económicos a ser explotados. No es necesario ir muy lejos para darse cuenta de esto. Solo basta mirar la institucionalidad que regula, gestiona y fiscaliza los recursos pesqueros representada en la Subsecretaría de Pesca (ente regulatorio) y el Servicio Nacional de Pesca (ente fiscalizador), ambos dependientes del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Esto ya nos habla de una actividad dominada por una visión económica donde otros aspectos fundamentales como la ecología, dinámicas poblacionales de las especies siendo explotadas y la sustentabilidad del recurso son puestas en segundo plano. Hecho curioso, ya que en definitiva la cantidad de peces y otras especies marinas disponibles para la extracción y consumo humano, depende de estas dinámicas poblacionales y su relación con las condiciones ambientales existentes que a su vez son influenciadas por diversas actividades humanas.

En este contexto es interesante también analizar el lenguaje con el cual se habla de las pesquerías y otros recursos del mar en documentos de la Subsecretaríade Pesca y declaraciones de sus autoridades y funcionarios. No es extraño leer o escuchar frases como ‘determinación de los excedentes poblacionales de lobos marinos para establecer medidas de manejo’ o la ‘licitación de los excedentes productivos’ referido a diversas pesquerías.

Es difícil entender la aplicación del concepto excedente productivo -término económico que indica la renta disponible una vez descontados costos o gastos- a poblaciones de animales marinos que funcionan bajo dinámicas poblacionales que dependen de relaciones entre los organismos y su medio ambiente. Aparentemente una población de merluza o jaiba podría tener excedentes, es decir una parte que “le sobre” luego de haber cubierto sus necesidades, para ser explotado por nuestra sociedad.

El panorama anterior no es muy auspicioso pero las cosas podrían empezar a cambiar. Hoy nos encontramos en un momento crucial en materia de políticas pesqueras ya que la nueva Ley de Pesca, que reemplazará a la actual Ley 19.713, está en proceso de elaboración y negociación lo cual abre la posibilidad de establecer un nuevo modelo de gestión sustentable para los recursos marinos y acuícolas del país.

La presentación de los lineamientos de la nueva Ley de Pesca durante el último año ha sido bastante hermética y se ha enfocado principalmente en la repartición de cuotas pesqueras entre industriales y pescadores artesanales, representado en el controversial acuerdo de la ‘mesa pesquera [2]’. Poco o nada se había hablado de la necesidad de establecer un manejo sustentable de las pesquerías donde la tasa de extracción no sobrepasara la tasa de renovación de las distintas especies. Increíblemente la propuesta de la nueva ley de pesca ha dado un giro y el ministro Longueira ha anunciado que las cuotas de pesca estarán basadas en criterios científicos y no políticos donde el principal objetivo será el manejo sustentable de los recursos [3]. Más aún, la facultad del Consejo Nacional de Pesca de modificar las cuotas anuales de captura establecidas por el comité técnico-científico será eliminado y esta responsabilidad recaerá en un panel de expertos.

Estos cambios parecieran apuntar hacia una nueva forma de gestionar los recursos pesqueros del país con una visión de largo plazo y un discurso basado en la sustentabilidad. Sin embargo, creer que exclusivamente los criterios científicos son válidos para la determinación de cuotas pesqueras o que un comité científico está aislado del mundo y tomará una decisión basada solo en criterios “objetivos” que  nada tienen que ver con política y negociaciones también es un error. En el mundo real el estudio de las dinámicas poblacionales de distintas pesquerías es difícil y las fluctuaciones poblacionales muchas veces son inciertas y poco predecibles.

Por ello en primer lugar se requiere expandir la investigación pesquera para entender con mayor detalle la dinámica de las distintas especies y cómo estas son  afectadas por la pesca, así como cuáles son los niveles de captura que permitirán una tasa de renovación sustentable de poblaciones de peces y otros recursos marinos.

En un mundo ideal, el propuesto panel de expertos podría determinar un rango para las cuotas anuales de captura de cada especie que representara niveles mínimos y máximos de captura que los expertos consideran mantendrá cada pesquería en un nivel sustentable. Luego un comité más amplio con la participación de los distintos actores sociales involucrados en el sector pesquero, incluyendo pescadores artesanales, industriales, empresarios, trabajadores, grupos conservacionistas, etc., podría determinar una cuota de captura  consensuada y siempre dentro de ese rango previamente establecido por los expertos.

Aún queda por verse qué ocurrirá cuando la propuesta de ley ingrese al Senado y comiencen las negociaciones y lobby característico de los distintos actores del sector pesquero. Es de esperar que la Ley mantenga su carácter de manejo sustentable y recuperación de los recursos pesqueros ya que de seguir con la tendencia actual las pesquerías del país tienen sus días contados.