Desde hace casi una década, los vecinos de Putaendo comenzaron a organizarse con la intención de defender sus recursos y proteger el territorio de la amenaza extractivista que se ha impuesto a diversas comunidades de Chile.
En la disputa, la Asamblea Popular de Putaendo ha liderado el proceso de resistencia en contra de la mega-minera Andes Copper, de capitales canadienses, además de la apropiación indebida del agua por parte de latifundistas de la zona.
En el empoderamiento de la comunidad, el dirigente social Luis Manzano -quien recientemente fue destacado por la Comisión Ética Contra la Tortura– ha jugado un rol fundamental. Primero, exigiendo que se democratice el acceso al agua, ya que actualmente funciona una Junta de Vigilancia compuesta por cuatro empresarios -dueños de la mayoría de las acciones sobre el agua-, quienes se encargan de repartir el recurso entre los habitantes del pueblo.
Además, durante el pasado 28 de marzo, el director de la Minera Andes Cooper, Eduardo Cobarrubias, expuso en la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Consejo Regional acerca de los dos proyectos que tiene para la zona: una hidroeléctrica de aproximadamente 28 megawatts que se instalaría en el Río Rocín, con el objetivo de producir energía para ser vendida al Sistema Interconectado Central, y a la vez, un yacimiento minero de cobre y molibdeno, que hoy se encuentra en fase de exploración.
«El planteamiento de la asamblea popular es ganar fuerzas para impedir que se instale la minera, porque significará la muerte del Valle de Putaendo. Van a contaminar, van a robar el agua y el río de Putaendo y Rocín no les dará para eso. Hace 15 años que el río está seco, solamente tiene agua cuando hay temporales», comenta el vecino y miembro de la asamblea, Ricardo Frodden. Además, existe una amenaza directa sobre los glaciares.
El tiempo ya está en contra: según el funcionario de Andes Cooper, se espera que a fines de este año se presente el estudio de impacto ambiental de la hidroeléctrica, lo que podría tomar entre 12 a 15 meses en ser construido si es aprobado. Por otra parte, el proyecto minero está, en teoría, a tres años de comenzar a definirse.
El mensaje de los vecinos: «El agua es y será de Putaendo»
Los vecinos denuncian que, aunque el alcalde de la zona, Guillermo Reyes, se ha manifestado en contra de la iniciativa minera aunque los camiones de la empresa siguen transitando por la zona y están realizando sus primeras indagaciones en la montaña.
«Hasta el alcalde ha dicho que si está todo el pueblo en desacuerdo, el tema ya está resuelto, pero la minera sigue avanzando. Hay un doble discurso que es peligroso», comenta Frodden.
Durante el mes de junio se inició el proceso de movilización de Putaendo, con una protesta «de luto» que se extendió desde el 22 de junio en locales comerciales, viviendas y automóviles. El slogan, uno solo: «El agua es y será de Putaendo», un llamado que busca concientizar a los vecinos acerca de la escasez del recurso hídrico y el peligro que significa para este escenario la instalación de un proyecto minero. El 26 de junio se replicó una velatón en la Plaza de Armas y ya existe otra convocatoria de movilizaciones para el próximo sábado 7 de julio, a las 19 horas, en el centro de la comuna.
El dirigente Luis Manzano es enfático: «La minera se está instalando, es sabido por todos que va a procesar 65 mil toneladas diarias, se dice que va a ocupar casi mil litros de agua por segundo y como le digo, dos años atrás, en pleno verano, tuvimos como mil litros por segundo del total del agua que teníamos para beber y regar. Si hubiese estado la minera no teníamos agua para tomar».
En opinión del dirigente social, la instalación de la minera es una amenaza directa para el valle. «Como Asamblea decimos que estamos entre la vida y la muerte. Si se instala la mina, es la muerte para Putaendo. Esto lo decimos en base a la experiencia que tenemos desde el norte de Chile hasta acá».
La apropiación indebida del agua
Sin embargo, la consolidación del proyecto minero y una eventual hidroeléctrica no son los únicos problemas con los que debe lidiar el pueblo de Putaendo. Al igual que otras zonas de escasez hídrica en la V Región, como Cabildo y la provincia de Petorca, los vecinos denuncian desde hace años la apropiación indebida del agua que llevan a cabo los latifundistas de la zona.
Actualmente, en Putaendo existen 37 comunidades de regantes y canaleros, con un presidente por cada canal de regadío. A la vez, el presidente de la Junta de Vigilancia es elegido por los presidentes de cada uno de los 37 canales. Sin embargo, el reglamento propone que cada regante vote de acuerdo a la magnitud de las aguas -acciones- y de sus hectáreas, lo que provoca que la Junta sea controlada principalmente por cuatro empresarios que concentran el 90% de las acciones en desmedro de un total de 6 mil regantes.
«Lo que sucede es que en el río cada vez más los agricultores más ricos están tomando agua desde más arriba del cerro para sus haciendas. Ahí está Pérez Yoma, que tiene un fundo importante ahí junto a otros riquillos que son los que toman el agua del río muy arriba y el río llega seco abajo. Hay un tranque que es muy extraño porque da la impresión de que esta construido para la minera más que para el pueblo», comenta Ricardo Frodden. En dicho tranque, el pueblo no tiene ninguna injerencia sobre el uso de las aguas.
El dirigente Luis Manzano señala que la distribuición no es equititativa, y que pese a que el Código de Aguas -heredado de la dictadura- señala que la vida humana tiene prioridad en el consumo, no existe nadie que fiscalice, aparte de los propios vecinos. «Por eso nos interesa empoderar a la gente, en todo Chile el agua se transformó en una mercancía y un negocio, pese a que es un derecho de todo el pueblo», consigna.
El otro factor: el abuso de Compañía Ganadera de Tongoy
Para los vecinos de Putaendo, existe otro problema que se origina en el fundo El Manzano, donde cerca de 30 familias viven de la crianza de cabras, vacunos y caballos.
El trabajo se realiza desde más de tres décadas, pese a las dificultades que enfrentan los crianceros ante la escasez de agua y la amenaza de la Compañía Ganadera de Tongoy Ltda., que ha tomado un fundo de 40 mil hectáreas acusando derechos de propiedad. Hoy, la empresa cobra por trabajar y vivir en El Manzano a los habitantes de la zona.
Las familias de cabreros denuncian que les realizan cobros abusivos, pese a no presentar sus títulos de propiedad sobre el territorio. «Ellos han tenido que pagar a personajes extraños que vienen a cobrar y no les han dado respuesta clara de quién es la empresa, ni de quiénes son los dueños. Ha habido tal nivel de ambigüedad y abuso de los supuestos administradores de esta hacienda que han hecho una tranca que impide que los crianceros lleven sus animales«, cuenta Frodden.
En el lugar, las familias no cuentan con electricidad, ni agua potable, ni tampoco con comunicaciones. En entrevista con Resumen, Walter Moreno, uno de los representantes de crianceros de la zona, explicó que la empresa les cobra según las cabeza de ganado. «Por vaca o caballo nos cobran mil pesos (USD1,4), y por cabra $100 pesos anuales (USD0,14). Se trata de una buena cantidad de animales. Cada familia debe pagar aproximadamente un millón de pesos al año (USD1.430)».
Hoy, los vecinos de Putaendo enfrentan una a una sus luchas desde la organización comunitaria y se aferran a la defensa de sus recursos hídricos porque saben que, después de la contaminación y la amenaza del extractivismo, no hay retorno. Así lo han demostrado anteriores experiencias: «Prácticamente mataron al pueblo de Caimanes, no tienen agua y la poca agua que tienen les sale contaminada y ahora las autoridades hacen vista gorda», recuerda el dirigente Luis Manzano.
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