El embajador norteamericano, el gerente de AES Gener y cuatro ministros de Bachelet son los personajes principales de una de las tramas más escandalosas reveladas por Wikileaks: la aprobación de la central Campiche
Tarde o temprano se saben las cosas. Si cuando en diciembre del 2009 todos sospecharon de que la modificación a la normativa de urbanismo por parte del Ministerio de Vivienda era un traje a la medida para la aprobación de la Central Campiche, cosa que desmintió tajante la ministra de la época, Patricia Poblete; la filtración de los cables de la Embajada de EEUU de Wikileaks da luces a una oscura trama de corrupción en las más altas esferas de gobierno.
Ciperchile dio a conocer esta semana cómo el embajador Paul Simons hizo gestiones con los más altos cargos de la administración de Bachelet para que el Gobierno cambiara normativas que permitieran la construcción de la termoeléctrica de AES Gener, paralizada por un fallo de la Corte Suprema.
El conflicto se remonta a mayo del 2008, cuando la empresa AES Gener obtiene el permiso para comenzar su proyecto por parte de la Comisión Regional del Medio Ambiente de Valparaíso. A fines de ese año, el Consejo Ecológico de Puchuncaví interpone un recurso de protección por irregularidades en el plano regulador, ya que el uso de suelo del plan regulador no permitía instalaciones industriales. La Corte de Apelaciones de Valparaíso y la Corte Suprema en junio del 2009 declaran ilegal la autorización dada al funcionamiento de la central a carbón.
UNA CORTE SUPREMA ACTIVISTA
El 23 de julio de 2009, Felipe Cerón, gerente general de AES Gener,y el presidente de la compañía, Andrés Gluski, sostuvieron una reunión con el embajador Simons. Gluski le dijo al diplomático que si el proyecto se retrasaba más de un año, Campiche debería cancelarse por el alto costo que significaba la paralización, estimados entre los cuatro y los ocho millones de dólares mensuales. Además sostuvo que la sentencia del principal tribunal de justicia del país era “una señal activista de la Corte Suprema al Gobierno de que no aprueba los procesos de permisos ambientales”.
Los hilos destapados por Wikileaks comienzan a moverse en octubre de ese año, cuando el embajador Simons envía varias cartas a los más conspicuos miembros del gabinete de Bachelet. La carta había sido redactada por Gary Locke, secretario de Comercio de EEUU, quien urgía que las principales autoridades chilenas la leyeran.
La primera carta llegó, según informa Ciperchile, a Marcos Robledo, asesor internacional de la presidenta Michelle Bachelet. En un cable revelado se cuenta que el funcionario le dijo que se la haría llegar a la brevedad a la Presidenta y le hizo saber que el Gobierno estaba consciente del problema y “comprometido a encontrar una solución”.
La misma carta llegaría los días siguientes a los ministros de Interior, Edmundo Pérez Yoma; Economía, Hugo Lavados; y Energía, Marcelo Tokman.
La respuesta de Simons a Locke fue que el gobierno chileno accedió solícitamente a solucionar los problemas que impedían la consecución del negocio de AES Gener y le dio por asegurado que la ministra Poblete, de quien dependían las modificaciones a las reglas de zonificación, desarrollaría una normativa que calzara con los planes de la empresa.
LOS TÍTERES
El 31 de diciembre de 2009, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Minvu, modificó mediante un decreto supremo la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Oguc, adecuando la utilización de suelos para que el proyecto cumpliera la aprobación ambiental y pasara por alto la resolución de la Corte Suprema.
Pese a que la Junta de Vecinos de Campiche interpuso un recurso de protección en contra de los responsables del dictamen, incluyendo a Pérez Yoma, la empresa continuó las faenas.
En noviembre de ese año, un cable de Locke reconocía los esfuerzos del gobierno chileno para solucionar la situación de AES Gener. El embajador por su parte se apresuró en hablar con los ministros de las tres carteras a quienes había enviado la misiva, quienes le aseguraron que al gobierno ciudadano de Bachelet le urgía resolver el tema para evitar un impacto negativo en el clima de inversiones en Chile. A juicio de Pérez Yoma se trataba de “una pésima señal para los inversionistas energéticos”.
Consultada, luego de la modificación de la ordenanza general de urbanismo y construcciones, la ministra Poblete aseguró que “no hemos hecho nada especial para que Campiche se pueda resolver”.
UN PAÍS CORRUPTO
Las organizaciones ambientalistas Chilesustentable, Defendamos la Ciudad, Ecosistemas y Acción Ecológica, comenzaron a tramitar ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) una petición de expulsión de Chile de dicha instancia internacional debido a que “los países que la integran deben observar altos estándares en probidad pública y respecto absoluto por el Estado de Derecho”-según declaró Patricio Herman, de Defendamos la Ciudad.
Para ello enviaron una misiva a Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, para que revise la membresía de Chile ante tal instancia. «Chile no merece ser miembro de la OCDE, ya que en el país no impera el Estado de Derecho, sino la compulsión de las grandes empresas por llevar a adelante sus negocios a cualquier costo. No solamente con la central Campiche se ha dado una total complicidad entre gobierno, empresa privada y tráfico de influencias al más alto nivel, para imponer un proyecto altamente destructivo. También están los ejemplos de Ralco, Pascua Lama, Castilla e HidroAysén, donde la ciudadanía ve con estupor cómo se cambian leyes a través de resoluciones administrativas y decretos exprés, para permitir que las empresas se salgan con la suya. Chile hoy está en manos de las corporaciones”- agregó Juan Pablo Orrego, de Ecosistemas.
Desde el 2010 que Chile integra la OCDE, instancia fundada en 1961 y que agrupa a otros 32 países bajo las reglas del libre mercado y la democracia. Si bien Orrego señala que “aunque la OCDE en varios temas deja bastante que desear, es cierto también que para estar en ella se deben cumplir una serie de regulaciones en las que claramente en la actualidad nuestro país está vulnerando flagrantemente».
Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable, agrega que “con la aprobación de Campiche se configura una irregularidad penada por los reglamentos internos de la OCDE. El caso da cuenta del lobby y la presión diplomática internacional que subvierte el estado de derecho y las reglas de la OCDE que exigen que las inversiones extranjeras tiene que respetar la legalidad vigente”.
La ecologista agrega que “acá fue al revés: Se subordinan las legislaciones a las inversiones. Si con Pinochet teníamos una dictadura militar, desde la época de Frei Ruiz-Tagle pasamos a la dictadura de las inversiones. Pasó también por el caso Ralco que violó la Ley Indígena y el tranque El Mauro (de Minera Los Pelambres – Grupo Luksic), aprobado con todo tipo de presiones a la institucionalidad ambiental. Eso da cuenta de que “hoy Chile no tiene garantía de gobernabilidad democrática”
SATURACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO
La central termoeléctrica Campiche produciría 270 MW, lo que equivale al 3% de la capacidad instalada del sistema eléctrico. Con una inversión de U$500 millones es el proyecto estrella de AES Gener, la segunda empresa de generación eléctrica del país.
Se calcula que en un año promedio una planta termoeléctrica a carbón de 500 mega watts produce 3 millones 700 mil toneladas de dióxido de carbono, 10 mil toneladas de dióxido de azufre, 10 mil toneladas de óxido de nitrógeno, 720 toneladas de monóxido de carbono, 220 toneladas de hidrocarburos, 170 libras de mercurio, 225 de arsénico y 124 libras de plomo.
Además, el sector donde se edifica la central está saturado de material particulado PM10 y dióxido de azufre (SO2) desde el año 1993, por lo que estaba en un proceso de descontaminación que contaba con la creación de áreas verdes para mitigar los efectos de los contaminantes.
Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó este viernes el informe de la Comisión Investigadora de los procesos de aprobación de los proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos por parte de las comisiones regionales del medio ambiente, “debido a una serie de hechos que configuran una política de fast track energético consistente en el apoyo y fomento de proyectos industriales energéticos poco sustentables, de alto impacto ambiental y al rechazo social”, según reza el documento.
Nada de esto ha impedido que AES Gener iniciara la construcción de su termoeléctrica, la que tuvo los permisos de la Dirección de Obras de la comuna de Puchuncaví el 10 de agosto de 2010. Ex ministros, embajador y, sobre todo, gerentes, esperan satisfechos que la central Campiche comience sus operaciones el 2012.
Por M. B. R.
El Ciudadano
Foto: La Alternativa ( Antofagasta)
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