En recientes intervenciones, el senador Alberto Espina (RN) nuevamente sacó a la palestra la palabra “mapuche”, en el marco de una reunión con el Subsecretario del Interior a mediados de enero de este 2015, indicando a medios que detrás de los “ataques incendiarios” se encuentran delincuentes que se esconden tras la causa Mapuche. A esto se agregan las declaraciones del presidente de Corma (Corporación de la madera), Patricio Santibáñez, quien el pasado 19 de enero y sin ningún escrúpulo, dijo en entrevista al Diario Austral de Temuco que el 70 % de los incendios que afectan a sus socios son intencionales, y que el incendio de Casa Piedra en el que siete brigadistas de la empresa forestal Mininco perdieron la vida en 2012, fue intencional y organizado. Agregó: “En las últimas semanas hemos visto un crecimiento sostenido en la intencionalidad”, y aprovecha el escenario para argumentar que se debe dotar de mayor contingente policial con controles de camino.
Po su parte, informes preliminares que Carabineros entregó a La Moneda, dan cuenta que de 160 incendios registrados en los últimos seis meses en La Araucanía, solo 15 tienen alguna relación con el conflicto mapuche, es decir, menos del 10 por ciento, según información publicada en Radio Cooperativa el 14 de enero de 2015. Este informe agrega: “La cifra de incendios en la última evaluación es menor a los 360 del periodo anterior y las hectáreas quemadas también bajaron, de 10.986 a 896”.
Incendios, montajes y responsabilidades criminales
Es inconcebible cómo campañas informativas de ciertos agentes públicos y privados buscan desviar la atención sobre los problemas de fondo, eludiendo responsabilidades civiles y penales que tienen las propias empresas. Estas propician la situación de siniestros incendiarios para aprovechar de demonizar toda causa Mapuche sobre procesos de recuperación de tierras ancestrales en manos de forestales, impulsar una mayor criminalización y militarización de territorios para contener movilizaciones y protestas, instalar en el universo cognitivo de la opinión pública montajes y quedar en la impunidad frente al cobro de seguros por incendios e imputabilidades judiciales, con imagen de “víctimas” en el marco de sus relaciones comerciales y perfil público.
El presidente de Corma aseveró que el fatal incendio en Carahue, Casa Piedra, que costó la vida de siete brigadistas de la empresa forestal Mininco, provenientes de esforzadas familias, eran parte del 70 % de los atentados “organizados – planificados” de que son “víctimas”. Si bien, no hizo alusión directa al término “Mapuche”, viene sosteniendo la existencia de grupos terroristas.
Santibañez olvidó señalar que el incendio de enero del 2012 fue parte de una cadena de siniestros que afectó a más de 50 mil hectáreas de plantaciones, mayoritariamente de pinos y concentrados en Bio Bio y la Araucanía. También, de que la mayoría de estos incendios fueron coincidentes con el avance de la plaga de la avispa taladradora que mata el árbol y que no han sido capaces de controlar, donde servicios públicos subsidian a las forestales enormes montos fiscales para su intento de erradicación y que las empresas aseguradoras no cubren este tipo de afectaciones que son pérdidas totales, sí los incendios.
Cabe consignar que el incendio Casa Piedra, donde murieron los jóvenes brigadistas: Marcelo de la Vega, Cristián Freire, Diego Mella, Ítalo Vidal, Carlos Pinto, Juan Carlos Cordero y Rodrigo Cifuentes Llanquileo, por responsabilidad directa de la empresa, fue utilizado por operadores políticos como el senador Espina y el diputado Edwards, refiriéndose a causas de grupos “violentistas” Mapuche, acto simultáneo con el ex Ministro del interior Hinzpeter y el ex intendente Andrés Molina, quienes acusaron directamente a organizaciones Mapuche como la Coordinadora Arauco Malleco, hecho desmentido por la misma.
Consecutivamente, el ex gobierno de Sebastián Piñera aplicó la Ley antiterrorista que tenía como único propósito generar un mayor clima de hostigamiento y criminalización de Mapuches, sin embargo, la evidente responsabilidad empresarial y las constantes denuncias, obligaron al ministerio público y fiscal a cargo Luis Torres, incorporar la tesis de “autoatentado” y contextualizarlo en la ola de incendios que azotó el centro sur de Chile en temporada estival a fines de diciembre del 2011 e inicios del 2012. Hasta el momento, continúa en el vacío y el gobierno actual de Bachelet retiró durante el 2013 la aplicación por “terrorismo”.
A la fecha, trabajos de investigación académica y científicos independientes se han realizado sobre las responsabilidades empresariales en estos siniestros y con respecto a los siete brigadistas fallecidos, el actual alcalde de Tirúa, integrante de la organización identidad territorial Lafkenche, quien además fue involucrado indirectamente por Forestal Mininco en el origen de los incendios, acusó a la misma empresa el 12 de enero del 2012 por su responsabilidad en las muertes, señalando a los medios de prensa: “Yo acuso directamente como responsable de la muerte de los trabajadores a forestal Mininco, con nombre y apellido, no tengo ninguna duda”, dijo el dirigente y actual edil comunal.
Por su parte, el 6 de enero del 2012, la Confederación Nacional de Trabajadores Forestales de Chile afirmó a través de una declaración pública que «este accidente es responsabilidad de Forestal Mininco y exigimos todo el peso de la ley para los encargados de prevención y los jefes del área respectiva».
Composiciones inflamables: Los peligrosos impactos de las plantaciones de pino y eucaliptus
Más allá de la relación de plagas sobre pinos y los incendios forestales, que incluye las acusaciones por autoatentados, hay un hecho incuestionable que ningún sector político de poder ni empresarial quiere asumir, por el contrario, se omite con el propósito de no alterar las proyecciones sobre negocios y gananciales de las forestales y la fase expansiva que se pretende sobre suelos de comunidades Mapuche y sectores campesinos, como verdaderos botines. Se trata de las peligrosas composiciones inflamables e impactos de las plantaciones de pino y eucaliptus, que se vuelven constantes focos de incendios y que ya han arrojado numerosas víctimas.
El mismo año 2012 en temporada estival, además de los siete brigadistas muertos, fueron 250 casas devastadas por incendios forestales y un hombre muerto por negarse a la evacuación. Año tras año los focos incendiarios continúan con graves consecuencias para miles de familias rurales.
La masiva introducción de especies exóticas como el pino y los eucaliptos, que se aproximan a las tres millones de hectáreas en el centro sur, han secado las tierras ya que succionan las napas subterráneas y generan verdaderos desiertos donde, sumado a las temperaturas y la resequedad de sus estructuras, se vuelven un peligro constante.
Los focos de sequía además en el centro sur de Chile, son coincidentes con los lugares de mayor concentración de monocultivos forestales que intensifican la escasez hídrica. Año tras año son miles las familias que no tienen agua en zonas rurales durante la temporada estival en regiones como el Maule, Bio Bio, Araucanía y varios sectores de la décima región.
Mary T. Kalin Arroyo, premio nacional de Ciencias 2010 y directora del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) de la Universidad de Chile, publicó en abril del 2014 en el diario La Tercera una nota de opinión con respecto al incendio que afectó a los cerros de Valparaíso y la relación con las plantaciones forestales, señalando: “Un aspecto poco mencionado (con respecto al incendio en el puerto) es la composición de la vegetación natural de las colinas de Valparaíso, que es el típico matorral chileno, si bien inflamable, no tanto como especies exóticas (eucaliptos, pino y acacia) que han sido sembradas en la zona. El Eucalyptus globulus es considerado una de las plantas más pirofíticas del mundo. Las hojas contienen compuestos volátiles que localmente producen incendios explosivos. Una vez encendida, la corteza se desprende, produciendo focos adicionales. Los pinos tienen un alto contenido de resina en las hojas. La Acacia delata, que es común en Chile central, está incluida en la lista de plantas más inflamables de Tasmania, de donde es nativa”.
La académica Kalin Arroyo sostiene además que “similares tragedias se han vivido en California (Estados Unidos), donde también se encuentra mucho eucalipto, pino y acacia. Por ejemplo, un incendio en la vecindad de Oakland en 1991 destruyó más de 3 mil casas, con 25 vidas perdidas. Hoy está en marcha un programa para remover eucaliptos, pinos y acacias de mil hectáreas, con la idea de reemplazar dichas especies por especies nativas. El costo del programa es de 5.6 millones de dólares, monto que evidentemente es mínimo comparado con los 1.5 billones de dólares (1.5 mil millones) del daño físico causado por el incendio, sin hablar del incalculable impacto emocional…Hay que sacar lecciones”.
Como han señalado diversas fuentes de análisis científicos e investigativo periodístico, no es casualidad que una gran cantidad de los siniestros surjan en medio de plantaciones forestales de pinos y eucaliptus. Monocultivos de una misma especie, plantados a una razón de mil 600 árboles aproximados por hectárea, extraen enormes cantidades de agua, y secan y erosionan el suelo como consecuencia de la destrucción y desplazamiento total o parcial del bioma original de pradera, bosques y/o montes destinados a la extracción forestal. Esto a la larga se traduce en la disminución de las napas freáticas –producto de las diferencias en la masa de follaje sobre la tierra, el sistema radicular, la tasa de crecimiento, el consumo de nutrientes, las relaciones e intercambios con la atmósfera y la alteración de los ciclos de nutrientes, de energía, de carbono y de agua–, y deja a su paso un rastro de problemas sociales, como el deterioro de suelos agrícolas contiguos, la emigración rural, conflictos por tierras, empleos de mala calidad y cuestiones ambientales, como la erosión y contaminación de suelos, pérdida de biodiversidad y bosque nativo, fragmentación de ecosistemas y deterioro del paisaje, entre otros.
Los lugares de mayor concentración forestal, coinciden ampliamente, con zonas de mayor nivel de empobrecimiento, emigración, desempleo y crisis hídrica, verificables en los mismos instrumentos públicos de tipo censal, social y de emergencia, sin embargo, sólo por una cuestión de lucro para ciertos grupos de poder económico que no tienen otra visión para hacer negocios sustentables, se persiste en la mantención y expansión de este inviable modelo para la vida de los territorios, bajo el proteccionismo y fomento de una red de poder político descaradamente intervenida, a quien no le interesa el bienestar social y ambiental y que incluye a la Alianza y a sectores del oficialismo.
Alfredo Seguel
Equipo Comunicaciones Mapuche
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