Las empresas del “choclo” Délano y sus prácticas corruptas en La Serena

Andes Iron SpA, el proyecto minero-portuario Dominga y su principal accionista Carlos Alberto «choclo» Délano (foto arriba, al medio) siguen en el debate público, develándose cada día el verdadero operar de la empresa en su relación con las comunidades y el mundo político. Hace unas semanas, TVN transmitió el reportaje de Informe Especial titulado La pelea de Los Choros, el que dejó en evidencia la fractura a la cohesión social de La Higuera, promovida por el proyecto minero. En éste, se presentaron las formas que tiene la empresa para llevar a cabo la práctica institucionalizada de entregar dinero a las comunidades y autoridades, como el Alcalde Yerko Galleguillos y el Ex subsecretario de minería Pablo Wagner, todo con la intención de conseguir aprobación social y política para el proyecto, al margen del proceso legal de Evaluación Ambiental bajo el cual se encuentra.

Siguiendo con estas prácticas, ahora Andes Iron SpA hace uso de la trayectoria de CORFO y de los recursos del Estado, para subsidiar su limpieza de imagen a través de la implementación del Fondo Nodo para la Competitividad en la Comuna de La Higuera. Este fondo se ha constituido con recursos mixtos, y la empresa ha desplegado una gran campaña publicitaria que la posiciona como la gran benefactora y promotora de esta iniciativa, lo cual implica, en última instancia, que los recursos públicos que la constituyen están operando en servicio de la imagen de la empresa. Empresa que tiene en juicio a su principal accionista, por cohecho al ex Subsecretario de Minería, y la cual ha sido ampliamente cuestionada por la comunidad, organizaciones sociales y ONG, por estas prácticas de intervención social. Esta situación, no sólo es muestra de las criticables prácticas de la empresa para conseguir licencia ciudadana sino, más grave aún, es señal de que el Gobierno Regional las aprueba y promueve, facilitando la institucionalidad y recursos públicos para estos fines.

Este operar es propio a todas las empresas bajo propiedad del Carlos Alberto Délano, entre las cuales está la Inmobiliaria Serena Golf del Grupo Penta, que ha intervenido en el Concejo Municipal de La Serena para modificar el Plan Regulador, de forma que les permita construir en sus terrenos de la zona costera del norte de la ciudad, que se encuentran en zona de riesgo según el Estudio Base del Plan elaborado por la Consultora contratada especialmente para esos efectos y entre cuyos asesores está Marcelo Lagos, reconocido experto en desastres naturales. Dejar esos terrenos fuera de la zona de riesgo, impide que se puedan exigir medidas especiales de mitigación a la Inmobiliaria Serena Golf, reduciendo los costos de construcción, e incrementado sus ganancias a costa de la seguridad de la ciudadanía.

De forma similar a la estrategia utilizada por Andes Iron SpA en la comuna de La Higuera, la intervención de Serena Golf en el Municipio de La Serena se llevó a cabo a través del establecimiento de vínculos de dependencia económica con los concejales. Caso ejemplar es el de Mauricio Ibacache, quién desde el 2014 es contratado por la empresa para la ejecución de distintos proyectos, como el de Conciertos en La Serena Golf realizado en Febrero del 2015, que tenía por director de orquesta al nombrado concejal.

Así, mientras el Gobierno Central implementa el Programa de Probidad, intentando proteger a las instituciones de la aguda crisis de confianza existente en el país, el Gobierno Regional y sus Instituciones se corrompen por la acción inescrupulosa de funcionarios públicos y representantes ciudadanos que actúan bajo la motivación del lucro personal y no por vocación de servicio público, cediendo a las prácticas de corrupción de grandes empresas como las de Carlos Alberto Délano. Si las instituciones llamadas a proteger los derechos ciudadanos se vuelven serviles a la gran empresa privada, las comunidades quedan vulnerables a las necesidades empresariales y sus estrategias de intervención y quiebre de la cohesión social. Situaciones de intervención como las de Serena Golf en el Concejo Municipal de La Serena, recuerdan el caso de Dávalos en Machalí, preocupando por la institucionalización de estas prácticas que terminan por marcar un precedente de operación de las empresas, en la intervención de los procesos de tramitación de futuros Planes Reguladores. Si esto ocurre en grandes instituciones, no es de extrañar que las empresas abusen de la vulnerabilidad de los Concejos de comunas rurales, donde generalmente instalan sus grandes proyectos industriales.

Por Equipo de Comunicaciones MODEMA