Las garras del lobby minero en la tramitación del proyecto de ley de protección de glaciares

Tras estar más de un año sin ningún avance, el miércoles de la semana pasada la Comisión de Minería del Senado concluyó la tramitación del proyecto de ley de protección de glaciares, con lo cual quedó en condiciones de ser revisado por la Comisión de Medio Ambiente. 

Pese a ello, las reacciones respecto a su aprobación no fueron positivas, por el contrario,el avance de la iniciativa fue visto con preocupación por varias organizaciones que llevan años haciendo seguimiento al tema de la protección de los glaciares.

El proyecto establece la prohibición total de intervención de los glaciares, pero no para el caso del ambiente periglaciar, entorno fundamental para la sostenibilidad de estos ecosistemas.  

Así lo advirtió, la Coordinadora de Territorios por la Defensa de los Glaciares, una de las pocas organizaciones sociales invitadas a participar de las discusiones del proyecto en el Senado.

La organización publicó un comunicado que pone en evidencia la constante intervención minera dentro de un proyecto que de acuerdo con su coordinadora, María Jesús Martinez, no deja de ser una continuación del proyecto de protección de glaciares de 2015 enviado durante el gobierno de Michele Bachelet.

“Este proyecto fue ingresado durante 2018, justo cuando el proyecto de ley, que en ese entonces llamábamos de desprotección glacial de Bachelet, sufría el retiro de la firma en el gobierno de Piñera dejando de ser viable” explicó la vocera a El Ciudadano.

Girardi y el lobby minero

Una de las figuras clave para el avance de este proyecto, ha sido la del senador Guido Girardi (PPD), quien no solo envío el proyecto en 2018 sino que también desde ese año conforma la Comisión de Minería y Energía del Senado.

De este modo, desde que el proyecto se presentó a la Comisión de Medio Ambiente y luego pasó a la Sala, los comités de parlamentarios en conjunto con el gobierno negociaron para que pasara a dicha comisión. Inicialmente se le dio un plazo que no debía superar los 30 días, sin embargo, después se fue ampliando hasta llegar a la actualidad cuando el proyecto recién es despachado por la Comisión de Minería.

Esto, para Martínez termina dando cuenta de lo complejo y poco democrático que es el Senado.

“En la tramitación hay diversos elementos que a nosotros nos hacen desconfiar cómo funcionan, siendo en una forma fuera del alcance de la ciudadanía y entre cuatro paredes se negocian cosas tan importantes como la protección de los glaciares” criticó.

Desde esa perspectiva, una de las mayores controversias dentro del proyecto fue como reiteradamente se invitó a la comisión a actores provenientes del sector minero.

Entre los que asistentes, se podían hallar representantes del consejo minero, Cochilco, Sonami, la Confederación de Trabajadores del Cobre y glaciólogos como Pablo Wainstein, quien trabajó en el polémico proyecto de Barrick Gold, Pascualama. “

Nosotros fuimos la única organización de comunidades y movimientos sociales que pudo asistir (…) Fue un proyecto muy marcado por el lobby de la minería y de instituciones como el Instituto Nacional de Ingenieros, que también asistieron y dieron sus argumentos a favor del proyecto”, comentó Martínez.

«Esta reciente tramitación estuvo fuertemente influenciada por el lobby minero con sus distintos representantes (…) tal como ha ocurrido con proyectos de ley anteriores a este sobre glaciares, la presión minera se materializó. La historia se repite una y otra vez: negocian a espaldas del pueblo», señaló la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares en un comunicado.

Para el periodista y secretario de la Corporación para el Desarrollo de Aysén, Patricio Segura, este hecho viene siendo una estrategia habitual por parte del mundo minero.

«Desde el año 2006 más o menos que se vienen presentando temas de protección de glaciares y la mayoría ha sido torpedeados por la minería. Gracias a eso todavía no tenemos ley, entonces una cosa es entender que queremos un máximo de protección y los otro es ver la posibilidad de que haya avance en alguna medida, porque mientras no haya legislación va a estar supeditado a la nula legislación actual», planteó a El Ciudadano.

Adicionalmente a la participación minera, también fueron invitados a sesionar dos representantes del gobierno anterior, Pablo Badenier (exm inistro de Medio Ambiente) y Carlos Estevez (ex director general de aguas).

Así, quienes encabezaron el proyecto de Bachelet se convirtieron en asesores del gobierno actual para presentar una indicación sustitutiva a la moción parlamentaria que se ingresó a principios de 2018.

En términos generales, esa indicación presentaba una estructura similar a la presentada por el gobierno de Bachelet.

“Esa indicación no podía prosperar porque era una invitación a vulnerar cualquier tipo de derecho, tanto ambientales como sociales. Entonces es allí cuando comenzamos a presionar para que los parlamentarios rechazaran el proyecto algo que nunca sucedió”, lamentó María Jesús Martínez.

De ahí, el proyecto estuvo un año sin ser retomado, hasta que por iniciativa del senador Girardi se volvió a retomar en 2020.

«Ahí sucedió el primer hito que develaba hacia donde iba a ir el proyecto, porque el senador Girardi empieza a proponer a la comisión que se cree una mesa técnica paralela a esta para construir acuerdos con el gobierno y los senadores para hacer prosperar el proyecto», recordó la vocera de la Coordinadora de Territorios por la Defensa de los Glaciares.

Aquel acuerdo se concretaría hasta el último día de la votación, siendo llevadas y discutidas propuestas fuera del conocimiento público y donde también participó empresario Jaime Illanes, dueño de una gran constructora que ha tenido entre sus clientes a Anglo American, la misma del polémico proyecto Los Bronces.

“En la mesa había un fuerte componente extractivista, eso lo denunciamos incansablemente, donde se estaba negociando que tanto se iba a flexibilizar en el proyecto del ley”, señaló Martínez.

Los resultados de este proceso de diálogo a puertas cerradas se verían a finales de mayo de este año, cuando los senadores aprobaron los artículos 6 y 7 del proyecto, que justamente hablaban de la legalización de la intervención de las zonas cercanas a los glaciares o el ambiente periglaciar.

Sin embargo, previo a la votación, en noviembre del año pasado los senadores de oposición Alvaro Elizalde (PS) y Yasna Provoste (DC) presentaron un paquete de indicaciones que vino a ser igual al del gobierno.

“Nosotros los encaramos por eso a través de una carta pública, pues tenían una mayoría y no la utilizaron para rechazar la indicación del gobierno y defender un proyecto que a nosotros nos parecía originalmente válido aunque perfectible, al estar basado en la Ley de glaciares argentina”, comentó Martínez.

No fue hasta febrero de este año, cuando se enteraron que esta decisión fue hecha con la ayuda el equipo del senador Guirardi, quienes gestaron que como bancada aprobaran la indicación.

«Les habían asegurado que esta indicación estaba basada en lo que el Profesor Ferrando Acuña de la Universidad de Chile les había propuesto y eso no fue así. El nunca propuso que el ambiente periglacial y permafrost fueran intervenidos. Con esto, claramente se reveló que el senador Guirardi estaba haciendo el uso de su nombre para hacer afirmaciones sin legitimidad científica alguna», acusó.

Para Patricio Segura, esto no es algo sorpresivo dentro del manejo político que sectores de la izquierda han tenido en temas minero.

«Esta es una contradicción que tiene cierta izquierda ante los temas ambientales, siempre en pos de los beneficios sociales, apoyan el extractivismo que a fin de cuentas va a perjudicar a la propia comunidad», sostuvo.

De esta forma terminó primando lo negociado en esa mesa técnica, teniendo como resultado que la propia base del proyecto se estableciera la intervención y legalización de cualquier tipo de actividad, ya sea por estudio de impacto ambiental o incluso por declaración.

«Esto es regresivo en cuanto a términos de leyes ambientales, porque da carta abierta para instalarse al lado de un glacial al ni siquiera establecer un área», criticó.

Tras seguir las distintas conversaciones del proyecto, Segura ve en el uso del Sistema de Impacto ambiental un nulo mecanismo de regulación .

«Esto es un riesgo, porque en el sistema de evaluación ambiental no da el ancho para la protección de los territorios y las áreas que las comunidades quieren defender (…) actualmente deja pasar muchos tipos de proyectos, creemos que se debería ser modificado», advierte el también autor para Chile Sustentable .

Desde la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, señalaron que «la fórmula que usaron esta vez para acomodar la ley para las mineras fue la Mesa Técnica promovida y encabezada por el senador Girardi quien decidió ceder la protección original del proyecto en relación con el entorno de los glaciares (ambiente periglaciar) y el permafrost».

«De esta mesa sale entonces la propuesta del artículo sexto y séptimo por medio de los cuales se legaliza la intervención de estos elementos. Esto incluso contradice el mismo texto de la ley, ya que expresa que tanto el entorno como el permafrost son fundamentales para el equilibrio y permanencia de los glaciares. Esto fue apoyado por la senadora Isabel Allende (PS), Alejandro García Huidobro (UDI) y Rafael Prohens (RN). Lo decimos claramente, la Comisión de Minería se encargó de estructurar un proyecto de ley a la medida de la megaminería, la principal industria que destruye glaciares y el ambiente periglacial», agregaron.

El geógrafo y miembro de la Fundación de Glaciares Chilenos, Hans Fernández, también manifestó su preocupación ante la posible intervención minera en el entorno glacial o en zonas de permafrost.

“Que se intervenga el entorno glaciar o una zona de permafrost, rico en hielo por ejemplo, puede significar la intervención de recursos hídricos de alta montaña. Esas consideraciones no fueron parte del criterio de votación de los senadores. Tampoco el escenario de cambio climático. Se privilegió la inmediatez y la actividad económica”, declaró a Radio JGM.

Un tema de Derechos Humanos y ciudadanía

Incluso previo al envío de este proyecto, en 2015 el Instituto Nacional de Derecho Humanos (INDH) señaló en un informe como la desprotección de glaciares era una vulneración a los derechos humanos. En gran medida, por la propia vulneración que esto significa para el derecho al agua y todos los derechos derivados como el derecho a la salud, entre otros.

«Aquí no se ganó nada, sino más bien, vemos que hay una situación que de alguna manera se va a tener que resolver si queremos como país tener una ley que realmente proteja a los glaciares”, planteó María Jesús Martínez.

Para Segura, este proceso obliga a enfrentar la minería como una industria extractiva dañina para el medioambiente que tiene que ser reformado.

«La minería es un sector de alto impacto que tiene que ser reformulado, nosotros creemos que la minería sustentable no existe en la medida que la minería va comiendo sectores. No existe la renovabilidad de materiales (…) Chile debe dar un salto en términos de modelo de desarrollo, que no nos haga depender tanto en una actividad que además de los temas ambientales genera mucha corrupción social», explicó

Es por esto, que desde la Coordinadora de Territorios por la Defensa de los Glaciares sienten que es importante articular el movimiento desde la ciudadanía.

“Hace 6 años llevamos trabajando en esto y nosotros siempre hemos pensado que las articulaciones de base es lo principal, pero también creemos que hay espacios que se abren hoy y que antes no teníamos. Es necesario plantear esta situación, dos compañeras de nuestra organización; Constanza San Juan, del distrito 4, e Ivana Olivares, del distrito , ) fueron elegidas como constituyentes y nosotros también apuntamos a ese escenario para abordar y discutir ese tema, considerando que una de las mayores sorpresas fue que gran parte de los constituyentes que tienen una visión ecológica de lo que debe ser la Constitución», plantearon.

Finalmente, este proyecto ahora pasará a la Comisión de Medio Ambiente, lo que para la Coordinadora no es ninguna garantía al estar compuesta por los también miembros de la Comisión de Minería, como la senadora Isabel Allende (PS) y Rafael Prohens (RN),además del senador Alfonso De Urresti (PS), José Miguel Durana (UDI) y Ximena Órdenes (Independiente ex PPD).

» Lamentablemente esta conformación no nos garantiza que se revierta este atentado a la Naturaleza y comunidades que velarán por la total protección de los glaciares y sus entornos y otras crioformas, ni tampoco del Buen Vivir de los Pueblos», advirtieron.

«Constatamos cómo la historia se repite una y otra vez: negocian de espaldas del pueblo y continúan sobreponiendo el interés privado por sobre el de la mayoría. Esta vez quieren avanzar con una pantalla de ley de glaciares pero que al igual como lo pretendía Bachelet, es un dispositivo que permite la viabilidad de la minería en el ambienta periglaciar y permafrost (suelo congelado)», condenaron.

Para la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, una ley que desproteja estos ambientes es totalmente perjudicial y un contrasentido a lo que efectivamente necesita el país.

«Lo que necesitamos es una ley de protección real y para todos los glaciares, su entorno y otras crioformas como el permafrost que se haga cargo de resguardar uno de los Bienes Comunes más importantes que hoy tenemos y que juega un rol fundamental como base y fuente de abastecimientos permanente de agua para las comunidades, los ecosistemas y la biodiversidad. No podemos aceptar leyes en la medida de lo posible porque destruyen la vida. Como país albergamos a la mayor superficie glacial de Sudamérica por lo que tenemos una responsabilidad que supera nuestras fronteras», plantearon.

«Los glaciares son tan importantes como su fragilidad y los intereses económicos no pueden estar por sobre el elemento esencial para la vida como es el agua, del cual dependemos todos para seguir viviendo», subrayaron.

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