Organizaciones Sociales y Ciudadanas contrarias al Proyecto Pascua Lama (III Región de Atacama), presentaron una Demanda de Nulidad de Derecho Público contra el fisco de Chile. La demanda busca anular el Decreto 116, que establece el mecanismo para que las empresas mineras financien el sistema de control aduanero que debe fiscalizarlas.
El miércoles 19 de marzo, en los Tribunales de Santiago, se presentó una demanda de Nulidad de Derecho Público que persigue anular el Decreto Supremo Nº 116 de Minería del 9 de enero de 2003, firmado por el Presidente de la República Sr. Ricardo Lagos Escobar y el Ministro de Minería Subrogante Sr. Patricio Morales Aguirre.
La solicitud se ampara en varios ilícitos que vuelven inconstitucional el decreto, entre ellos, el que se promulgó obedeciendo a la necesidad de un privado (Barrick Gold) de contar con una aduana en su área de operación (Pascua lama), de modo que con aportes entregados por la empresa el Estado debe pagar los funcionarios públicos que deberán fiscalizarla.
Por otro lado, se está atentando contra el principio de no discriminación, el que supone que los dineros que ingresan a la bolsa del Fisco, no pueden tener un destino previamente determinado, en circunstancias que lo que erogaría Barrick iría directamente a cubrir las costas aduaneras, dándose la particularidad de que los gastos figuran como del Estado, pero los ingresos son aportados por privados.
Julián Alcayata Presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, uno de los dirigentes que encabezó esta acción, declaró «Este decreto autoriza que con dinero de la empresa Barrick Gold, el Estado financie las instalaciones y pague los funcionarios del Estado, para que Barrick pueda tener su aduana propia y exclusiva y demás servicios pertinentes del Estado, lo que constituye un privilegio arbitrario otorgado a una empresa»,
Lo que más preocupa a las organizaciones que defienden la vida del Valle del Huasco es que con estos mecanismos, el Estado se está poniendo al servicio de empresas de negro prontuario como Barrick, pero que además, está abiertamente generando instrumentos legales para entregar el control fronterizo y los bienes comunes a empresas transnacionales.
Las organizaciones firmantes fueron:
Consejo de Defensa del Valle del Huasco,
Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Vallenar,
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales,
Comité de Defensa y Recuperación del Cobre,
los Concejales Santiago Luis Faura Cortés y Enrique Gaitán de la Comuna de Alto del Carmen
La demanda quedó alojada en el Noveno Juzgado Civil de Santiago.
Lucio Cuenca
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