Ley de protección a glaciares en Argentina: ¿Congelando a Pascua Lama?

El pasado miércoles 11 de agosto, la Cámara de Diputados argentina dio su aprobación a un proyecto de ley que busca proteger los glaciares y las zonas aledañas a ellos. De ser promulgada, la normativa impediría la explotación minera en la cordillera y podría afectar la continuidad del megaproyecto Pascua Lama. El promotor del proyecto es el diputado Miguel Bonasso, alguna vez cercano a Néstor y Cristina Kirchner pero, desde hace un par de años, es un declarado opositor. Motivo: La cercanía del gobierno argentino con las poderosas empresas de explotación minera, como la Barrick Gold.

Si hubiera que partir por una fecha, esta tendría que ser octubre de 2008. En aquella oportunidad, la diputada Marta Maffei, opositora al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, promovió y logró la aprobación unánime en el Congreso de la Nación de un proyecto de ley pionero en su materia en el mundo. Se denominaba “Ley de Presupuestos Mínimos para la protección de glaciares”. Consecuentemente, dicha ley, la 26.418, establecía la imposibilidad de toda actividad minera o industrial en glaciares, en la llamada zona periglacial, o que pudiera utilizar el agua de estas formaciones.

Por si no ha quedado claro: En las alturas de la cordillera de Los Andes, así como en otros macizos montañosos de Argentina y Chile, donde se localizan formaciones glaciares, en los últimos años, se han instalado explotaciones mineras de gran escala. Sus procesos industriales consumen millones de litros de agua. En el caso del polémico Pascua Lama, en su planta industrial hidroquímica (que se ubicaría de lado argentino), la lixiviación -donde se depura el material extraído para obtener oro- utiliza cantidades monumentales de agua, que se obtiene derritiendo los glaciares. En este procedimiento, el líquido elemento se mezcla con cianuro. Es decir, la megaminería no sólo contamina sino que su funcionamiento impacta el recurso hídrico de la zona, de un modo gigantesco. O de un modo insospechado cabría decir.

El segundo hito es poco después. El 11 de noviembre de 2008, el proyecto aprobado por el Congreso argentino fue vetado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mediante el decreto 1837/08. En el documento se plantea como causal de veto las dificultades en las demarcaciones de límites fronterizos entre Chile y Argentina (que pasan por algunos glaciares), pero la razón clave fue que “podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas, implicando la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas”. A renglón seguido señalaba: “Gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada, toda vez que repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias”(1).

Una de estas es San Juan, cuyo gobernador es José Luis Gioja. Su hermano es el senador nacional César Gioja y presidente de la Comisión de Minería. El tercer hermano, Juan Carlos, es diputado. Todos militan en el partido Justicialista y en la coalición de Gobierno, el Frente para la Victoria (FpV). La opinión del gobernador Gioja es bastante influyente en las decisiones gubernamentales. Una ley de protección de glaciares es un obstáculo importante para una actividad industrial que es clave, a su juicio, para su provincia. Cabe recordar que en 1994, tras una reforma legal durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, las provincias pasaron a administrar sus recursos naturales. En San Juan se encuentra el yacimiento aurífero de Veladero, propiedad de Barrick Gold, y en la misma provincia se desarrollaría Pascua Lama.

En aquellos días de diciembre de 2008, la decisión presidencial fue recibida con desagrado por los parlamentarios patrocinantes y sectores ecologistas, como las asambleas populares agrupadas en la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas). Un mes después, Romina Picolotti, secretaria de Medio Ambiente, era despedida por una presunta malversación de caudales públicos en su repartición.

ESCOMBROS

Miguel Bonasso, diputado por la ciudad de Buenos Aires, fue uno de quienes hace dos años apoyó la ley de protección a los glaciares. Tras el veto presidencial, el también periodista y escritor, de histórica afinidad peronista, se transformó en un declarado opositor al gobierno de Cristina Fernández. Los motivos para este viraje habría que buscarlos en la trama oculta del veto. Bonasso, quien además es presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, ha declarado que Romina Picolotti le confidenció, en diciembre de 2008, que el decreto presidencial se debió a la presión de los gobernadores de las provincias cordilleranas. “Pocos días antes que la echaran del Gobierno, me citó a una reunión sin mayor trascendencia, con nuestros respectivos asesores. Me sacó aparte -habían pasado dos días después de que Cristina vetó la ley- y me dijo: ¿Sabes por qué Cristina vetó la ley? (…) Porque Gioja la presionó que no le vota las leyes a ella en el Senado, ni le votan sus diputados en la Cámara si no veta la ley de glaciares”.

En el reportaje televisivo “El último veto”, emitido por canal Trece de Argentina, en diciembre de 2009, la ex secretaria del Medio Ambiente ahondó de un modo dramático en los sucesos que derivaron en su salida del cargo. “Yo misma he recibido amenazas por las políticas que quería implementar en el sector minero (…) Amenazas de muerte, a la hora en que los chicos salen a la escuela, a la hora que los chicos están solos en casa, y todo eso te genera una sensación de zozobra, de impotencia”(2). La ex funcionaria responsabilizó de esas amenazas a Barrick Gold, durante su comparecencia al parlamento canadiense, que investigaba el accionar de la compañía minera en Sudamérica.

En abril de este año, Bonasso volvió a presentar el proyecto que había sido vetado. Sin embargo, otro cuerpo legal había aparecido en el horizonte. En octubre del año pasado, Daniel Filmus, senador del FpV, y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, presentó al Senado un proyecto de ley que se declaraba “superador” del de Maffei/Bonasso. La posición del senador había sido respaldada por Greenpeace-Argentina, en las palabras de su director de campañas, Juan Carlos Villalonga. (Con el proyecto Maffei/Bonasso) “estás defendiendo un área de protección que no definís. Es un proyecto muy genérico y es peligroso. El proyecto de Filmus hace el esfuerzo de definir con precisión el área. Puede ser mejorado y tendría una buena definición”.

EL CRUCE DE LOS ANDES

En junio pasado, Cristina Fernández era muy criticada por su cercanía a Barrick Gold. Sostuvo una reunión paralela a la del G20, con Peter Munk, el dueño de la minera canadiense. También viajaron a ese cónclave los gobernadores de las provincias cordilleranas (San Juan, Salta, La Rioja, Jujuy, Santiago del Estero), prueba de lo jugados que están con los proyectos mineros.

Un ejemplo que linda la bizarrez. En enero de este año se realizó un cruce cordillerano para celebrar el Bicentenario de ambos países, desde San Juan hasta Chile, y en la delegación iban José Luis Gioja, junto a autoridades sanjuaninas, además de un grupo de dirigentes regionales chilenos. Lo extraño fue ver al embajador canadiense, Timothy Joseph Martin, quien cruzó la cordillera con la bandera de su país en la mano (ver foto). Es decir, el homenaje al cruce del ejército libertador de Los Andes se hizo con la bandera de un tercer país: Canadá, el país de la Barrick Gold. Para las organizaciones sociales argentinas, opuestas a la megaminería, esto fue un evidenciamiento de la implantación de “un tercer país” en lo alto del macizo cordillerano. ¿Un país llamado Pascua Lama?

Por si quedaran dudas, a inicios de agosto, el gobernador Gioja criticaba a aquellos que viven a 1.200 kilómetros de la Cordillera y vienen “a hablar de montañas, de glaciares y demás, cuando no las han pisado, cuando no las conocen”. Su opinión no es menor, dadas sus posibilidades como vicepresidente del FpV de integrar una posible fórmula presidencial de la coalición con Néstor Kircher, el 2011. Gioja se queja de las denuncias sobre contaminación minera en su provincia: “Hay pequeñas minorías que no quieren aceptar la posibilidad de que tengamos trabajo digno, de que nos desarrollemos. A cualquier tipo le preguntás por un país de América Latina y te dice Chile. Chile está llegando al 70 por ciento de su producto bruto interno que tiene que ver con la minería. ¿Y por que Chile sí, que tiene Cordillera, y nosotros, que tenemos la misma Cordillera, no? A ver, con racionalidad. ¿Cuáles de las denuncias son las que tienen sentido? Porque no hay ninguna…”(3).

DÍAS CLAVE

Los días de las definiciones llegaron. Primero, el 14 de julio, el mismo día en que se votaba la ley de matrimonio homosexual, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el proyecto de ley de Bonasso. En los días siguientes, Bonasso y Daniel Filmus acordaron modificaciones a sus proyectos con miras a una fusión. “Es importante entender que ésta no es una ley sobre minería, sino una ley de medio ambiente”, declaraba en esa semana el senador del FpV.

Los acercamientos no estuvieron exentos de polémica. Bonasso acusó al diputado sanjuanino Juan Carlos Gioja de ser socio minoritario de la Barrick Gold: Su empresa Bentonita Santa Gema sería proveedora de la megaminera canadiense. Gioja negó tales imputaciones. A esos dichos, se sumaron las críticas del mismo Bonasso (y de otros diputados de la oposición) al secretario de Minería nacional, Juan Carlos Mayoral, de quien se dijo que tiene participación accionaria en la empresa Millston, “que comparte dirección postal en la ciudad de Buenos Aires con Barrick Gold”.

Hubo más. A inicios de agosto, y en dos oportunidades, parlamentarios oficialistas no dieron el quórum en la Cámara para una sesión donde el proyecto de ley se debatiría. El diputado Gioja lo había confirmado: “No vamos a bajar al recinto. Ellos tienen el número necesario, que lo consigan”(4).

Sin embargo, el pasado miércoles 11, el proyecto fusionado de Bonasso y Filmus fue aprobado en media sanción por la Cámara y ahora debe pasar al Senado. Desde el Gobierno, Cristina Fernández de Kirchner ha indicado que no la vetará y promulgará la ley, en el evento de ser votada mayoritariamente en la Cámara Alta. La mandataria ha puesto como prueba de esa decisión su histórico apoyo a la protección de los glaciares, ya en los años ‘90. “Esta presidenta siempre defendió el patrimonio de todos los argentinos, recorriendo el país por los glaciares y el campo de hielo. No era políticamente correcto tener planteos por ser tachados de nacionalistas” (5).

Los sucesivos acontecimientos serán clave para la llamada “Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”. Habrá que considerar algunos antecendentes: El ya anticipado boicot de las mineras al proyecto de ley en el Senado, anticipado por Greenpeace-Argentina; la segura oposición de las autoridades provinciales; y, por qué no, las elecciones presidenciales argentinas, en 2011.

Sin embargo, de promulgarse la ley, la megaminería encontrará un obstáculo impensado. Del tamaño de la Cordillera. Un obstáculo que no sólo puede congelar Pascua Lama sino otros emprendimientos mineros ya en funcionamiento, como el de Veladero.

NOTAS

(1) Texto completo del Decreto 1837/2008 puede ser consultado en: http://www.scribd.com/doc/8166836/decreto-18372008

(2) El reportaje en: http://www.eltrecetv.com.ar/telenoche/nota/glaciares-el-primer-veto

(3) La entrevista completa en Página 12: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-151001-2010-08-09.html

(4) Las opiniones de Juan Carlos Gioja en: http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=415903

(5) Las declaraciones de la presidente Cristina Fernández de Kirchner en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-151308-2010-08-14.html

Recuadro

QUÉ SEÑALA EL PROYECTO

El proyecto aprobado el 11 de agosto, en la Cámara de Diputados argentina, que unifica los anteriores de Miguel Bonasso y Daniel Filmus, se llama “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

La normativa define al glaciar como “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación” (artículo 2). ¿Qué es el ambiente periglacial?. Para el mismo artículo es “(…) en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo”.

Los glaciares son entendidos como “un bien público” (artículo 1). Su protección se debe a que se trata de “reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico”. Es decir, se deshecha cualquier posibilidad de usar el agua de los glaciares como insumo para actividades industriales y/o mineras.

En ese sentido, el artículo 6 indica que, no sólo se prohíben las obras y faenas industriales sino que además, “la exploración y explotación minera e hidrocarburífera”. También en el área periglacial”. Se proscriben las actividades “que impliquen su destrucción o traslado o interfieran” el avance de los glaciares. Debe recordarse que una de las tretas publicitarias de Barrick Gold, en el caso chileno, fue señalar que trasladaría los glaciares para su protección. Las actividades impedidas serían: “La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen”.

Para un catastro nacional de glaciares, de la zona periglacial y su respectivo estado de conservación, el proyecto de ley señala la necesidad de crear el “Inventario Nacional”. A cargo de este, quedará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) “con la coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley”. Es importante la definición de una autoridad nacional, no provincial, en dicho sentido.

Otro punto importante es que el artículo 17, señala en el caso de las “áreas potencialmente protegidas por la presente ley”, no se autorizará la realización de nuevas actividades “hasta tanto no esté finalizado el inventario y definidos los sistemas a proteger”. Es el Ianigla el encargado de estos procedimientos.

* Un artículo crítico respecto al rol de los organismos de control estatal, como el Ianigla, así como las parcialidades que abrazan los geólogos en materias como los glaciares y la explotación minera, es firmado por Javier Rodríguez Pardo, y se encuentra en la web de Renace argentina: http://www.renace.net/spip.php?article329

*El texto del proyecto de ley en: http://www.greenpeace.org/raw/content/argentina/cambio-climatico/texto-ley-de-glaciares-diputados.pdf

Por Felipe Montalva, desde Argentina

El Ciudadano N°86, segunda quincena agosto 2010