Ley Monsanto: Chile optó por alimentos sanos y Argentina por la vanguardia

Productores , mujeres campesinas e indígenas, agricultores , organizaciones socio-ambientales, consumidores y familias, todos ellos interesados en optar por alimentos sanos y seguros, formaron el corazón del movimiento de defensa de la semilla. “Hicimos ver que hay países como Nueva Zelanda que registran sus semillas híbridas en Chile, y sin embargo no están adscritos a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y tampoco lo están países que valoran altamente su patrimonio genético como Brasil, Perú y China, por lo que es innecesario firmar la actualización del año 1991 (UPOV 91) de ese convenio.” manifestaron ante el retiro del proyecto por el actual gobierno. «Además, ese proyecto de ley desconoció el convenio 169 que exige la consulta a los pueblos indígenas por lo que el Estado chileno fue denunciado ante Naciones Unidas.»El proyecto había ingresado al Congreso, a la Cámara de Diputados, en el primer Gobierno de Michelle Bachelet, el 13 de enero del año 2009.

El texto fue aprobado en general y en particular en la Cámara Baja, cerrando su primer trámite constitucional, en una sesión efectuada el 9 de marzo de 2010, dos días antes del cambio de Gobierno. La Ley intentaba privatizar las semillas, fomentando la agricultura a escala industrial, de carácter monopólico, facilitando la concentración de la propiedad de las semillas en unas pocas empresas.

El Gobierno y los parlamentarios de la Nueva Mayoría acordaron retirar una serie de proyectos de ley enviados por la antigua administración de Sebastián Piñera e incluso algunos más antiguos.Uno de ellos es la que derogaba la ley N° 19.342 sobre “Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales”, por el proyecto conocido como «Ley Monsanto».

Debido a la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que entró en vigor el 1 de enero de 2004, Chile se vió obligado a incorporarse a la versión del UPOV de 1991. En ese momento, 17 senadores impugnaron la constitucionalidad de la aprobación del UPOV 91 ante el Tribunal Constitucional, instancia que rechazó la impugnación, pero sentenció al Estado de Chile (en marzo pasado) a proteger las semillas y los derechos de las comunidades indígenas y campesinas.

En los últimos años se redescubrió en Chile y en el mundo, el valor de la agricultura familiar campesina, y de la agroecología como alternativas reales para enfrentar problemas como el cambio climático, y la necesidad de contar con más y mejores alimentos para la población. Agua, tierra y semillas son componentes esenciales para lograr la soberanía alimentaria, objetivo perseguido por la campaña YNQT en Chile, entendido como el derecho de todos y todas a decidir libremente sobre los alimentos que cultivemos, compremos y cocinemos, tomando en cuenta nuestra cultura tradicional y sin que esto quede en manos de las transnacionales que monopolizan el comercio de la semilla.

La propuesta de Ley de Semillas

“Queremos una nueva Ley de Semillas que remplace al proyecto que logramos abortar, y que nos permita avanzar hacia la soberanía alimentaria, debe incorporar entre sus contenidos el establecimiento de programas de producción y distribución de semillas campesinas locales, y la no interferencia en los intercambios de semillas entre comunidades y organizaciones, permitiendo la comercialización de semillas locales y reconociendo el rol y autonomía de las comunidades locales en la recuperación de semillas tradicionales para el campo y los huertos urbanos”, sentenciaron los productores.

Esas propuestas irán además en el sentido de apoyar la moratoria a los cultivos transgénicos como forma de protección de la biodiversidad y del etiquetado de los alimentos con transgénicos, que consagra el derecho de los consumidores a optar por alimentos sanos. Nos proponemos también lograr eliminar del registro de SAG los plaguicidas altamente peligrosos (PAP) y dañinos para las abejas, y apoyar en cada región de Chile la creación de ferias locales y poderes de compra de los organismos del Estado, tales como hospitales y escuelas, para permitir el abastecimiento de la población con alimentos agroecológicos producidos en forma sana y sin agrotóxicos.
La presión vino de un gran movimiento del campo y la ciudad, en defensa de las patentes de semillas libres, no transgénicos y en contra de los pesticidas, articulado en la campaña «Yo no quiero del transgénicos en Chile» RAP-Chile. La campaña fue una movilización masiva de intercambio de semillas y el despliegue de recursos visuales en las redes sociales.

La ex senadora Ximena Rincón, encabezó la oposición al proyecto de ley en el Senado y la vigilancia ciudadana a través de la mayoría de los legisladores. Se unieron en la oposición a la ley con la organización internacional Vía Campesina, que celebró esta decisión y la consideró un triunfo de los ciudadanos, pero advirtieron : “Debemos permanecer vigilantes ante el peligro de la UPOV 91, ya que no hay un compromiso desde el gobierno” «no se ha comprometido a desarrollar un nuevo proyecto de ley a través de los diferentes sectores involucrados y afectados.» En este sentido, no hay dudas, las empresas tendrán millonarias campañas de desinformación, incluyendo la cooptación de las organizaciones con las que esperan seguir defendiendo sus mitos, mentiras y amenazas «, dijeron desde la organización .

El Senador Alejandro Navarro, expresó: «No se detiene aquí, ya que el análisis anunciado por el Ejecutivo requiere de una consulta indígena. Piñera fue el maestro de consultas indígenas distorsionadas, campeón de no llamar al diálogo como los que aprobó sus planes con respecto a la consulta de artículos para recreo o tal como se definen en los tratados internacionales.» ‘Esto es lo que se produce con la Ley de Pesca, con la ley forestal y la ley de concesiones eléctricas. Espero que no sea lo mismo, las consultas indígenas fraudulentas, yendo en contra de los derechos de los pueblos indígenas «, dijo Navarro. Los envíos de semillas constituyen el tercer producto agropecuario chileno más importante, después de la fruta y el vino. Durante 2013, las exportaciones superaron los 620 millones de dólares, alrededor de 100 millones de dólares más que en 2014

El UPOV se aprobó en París en 1961 y revisada varias veces hasta su actual redacción de 1991. Según la el sitio web, tiene como misión «proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales con miras al desarrollo de obtenciones vegetales en beneficio de la sociedad».Los «obtentores vegetales» no son otra cosa que empresas multinacionales dedicadas a crear semillas transgénicas y protegerlas mediante un «derecho de obtentor». Entre los motivos para esta protección intelectual están:

a) El fitomejoramiento que demora y es costoso.
b) Las nuevas variedades transgénicas se multiplican más rápido y fácil.
c) Los obtentores necesitan protección para recuperar su inversión.

La Argentina adhirió al UPOV el 25 de diciembre de 1994, dos años antes de la vergonzosa Resolución 167 (soja RR) de Felipe Solá.Actualmente la única normativa tenida en cuenta por la UPOV es la Resolución N° 35/96 de 1996. La oficina local de la UPOV está en el mismísimo Instituto Nacional de Semillas (INASE) en la calle Venezuela 162, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y cuyo Presidente es Carlos Ripoll.
Nuestro país no solo se destaca en exportar toneladas de soja y maíz transgénico, sino además, con el control estéril de normativas con 41 años de vejez operativa, pero muy eficaces a la hora de la tranza, cuando lo permisivo se convierte en una clara entrega de recursos a cambio de coimas y favores.

Según el estudio realizado por el Dr. Eduardo Trigo, investigador, miembro de FORGES y del Grupo CEO, entidades relacionadas con la investigación y el asesoramiento en el sector agropecuario para el Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología (ArgenBio), este proceso de adopción del modelo «OGM» RR, neoliberal, Menemista o Kirchnerista «le ha reportado al país, a lo largo del período 1996‐2010, un beneficio bruto acumulado de 72.645,52 millones de dólares» explica el investigador, usando un modelo matemático desarrollado por el INTA (SIGMA), que emplea datos del Estudio del Perfil Tecnológico del Sector Agropecuario Argentino, complementado con información del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ArgenBio, el INDEC y la FAO.
Los beneficios económicos, recibidos en las arcas de los productores y del gobierno, por cultivo fueron los siguientes:

a) Soja tolerante al glifosato : $65.435,81 millones de dólares, de los cuales 3.518,66 millones se debieron a la reducción de costos (principalmente por reducción de labores y de la aplicación de herbicidas selectivos que requiere la soja convencional) y 61.917,15 millones a la expansión del área cultivada. En cuanto a la distribución de los beneficios totales, 72,4% fue a los productores, 21,2 al estado nacional a través de las retenciones y otros impuestos  y un  6,4% a los proveedores de tecnologías (semillas y herbicidas).
b) Maiz transgénico: tecnologías de resistencia a insectos y tolerancia a herbicida aportaron beneficios por un total de 5.375 millones de dólares, de los cuales 68,2% fueron para los productores, 11,4% para el estado nacional y 20,4% para los proveedores de tecnologías (principalmente semillas).
c) Algodón resistente a insectos y tolerante a herbicida fueron de 1.834 millones de dólares, y fueron mayoritariamente a los productores (96%), con un 4 % para los proveedores de las tecnologías (semillas y herbicidas) Lo que deja claro que aquí se refiere también a los eventos Bt y/o apilados.

Según el investigador “Argentina debe continuar a la vanguardia para no perder oportunidades”. Continuar con el carácter de “adoptante temprano” al que deberían incorporarse cuestiones clave como los procesos regulatorios, la promoción de las inversiones en el sector y la redistribución de los beneficios en áreas de innovación, crecimiento económico y bienestar social”. Adoptante temprano, significa que antes que nadie, nuestro país les abrió las puertas a los transgénicos sin tener en cuenta las consecuencias venideras del uso y abuso de la tierra y de los venenos. Los procesos regulatorios no podrían ser más permisivos y todavía estas empresas exigen más, una entrega total de las llaves del país.
La promoción de las inversiones no puede más que beneficiar a los monopolios, en detrimento de los pequeños productores ya que la redistribución no existió nunca, no existe ni existirá, mientras sigamos la con la entrega de nuestros recursos naturales, agua y tierra fértil.
Un Congreso aceitado por loobies y una Consultora llamada Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde las empresas ingresan al país, sin mostrar pasaporte, ni equipaje, que será abierto en algún trabajo de campo con la complicidad del INTA, mientras el INASE revé la Ley de Semillas Monsanto Argentina, para acoplarla también a la Ley de Tierras, a los contratos agrarios y a la desaparición total del chacarero.
Dicho espécimen telúrico, será recordado en una estatua, como un anacronismo entre el alimento y la máquina, la ofrenda al invasor y el vasallaje del estómago. El claro sometimiento de unos pocos genuflexos que discuten, como rifar el futuro del país, en una mesa de bar, a la vuelta de la bolsa de Comercio.

Por Dra Graciela Vizcay Gomez

Fuente: Asociación Argentina de Periodistas Ambientales (AAPA)-Medio&medio