En Chile hay más de 7 mil kilómetros de borde costero, lacustre y de ribera, que son bienes de uso público y que pertenecen a todos los chilenos según la ley. Pero ya son eternas las disputas legales con particulares que prohíben o cobran hasta 6 mil pesos por persona para acceder a las orillas. Este verano apenas comienza y ya hay denuncias por estas razones.
Domingo 19 de diciembre de 2010, 16 horas, acceso a playa Ritoque, en la comuna de Quintero. Una barrera y una caseta de seguridad obstruyen el camino hacia la playa. Un guardia contratado por una agrupación de propietarios del balneario detiene a los peatones e indica que para acceder a la playa se debe cancelar 2 mil pesos por persona. Martes 21, 17 horas, acceso playa Cau Cau (en la foto), de la comuna de Puchuncaví. Una caseta y un guardia indican que el ingreso a la playa es restringido y tiene un valor de mil pesos por persona.
Ambos guardias indican que el cobro es por “motivos de seguridad”, para resguardar a los propietarios del sector, y que sus acciones son amparadas por autorizaciones municipales.
Ambos efectivos de seguridad desconocen que por el decreto ley Nº 1.939, de 1977, se establece que los propietarios de terrenos privados deben abrir un acceso gratuito para fines turísticos o de pesca deportiva o recreativa y que no pueden construirse barreras ni rejas que obstruyan el libre paso peatonal para llegar a las orilla de los ríos o del mar.
Como Bienes Nacionales de Uso Público, las playas son incomerciables, es decir, están fuera del comercio humano. No son susceptibles de propiedad privada, así como no pueden ser objeto de declaraciones de voluntad entre vivos o en testamentos y tampoco pueden ser poseídas exclusivamente por una persona. A su vez, son inalienables, permitiendo su uso libre e igualitario, sin que puedan ser transferidas del patrimonio público, característica que se mantiene a perpetuidad. Por lo mismo, la usurpación de particulares debe ser denunciada.
El mismo decreto ley, define que en caso de impedimento para su uso o acceso, es competencia del Ministerio de Bienes Nacionales corregir la situación. Por eso, cuando exista una limitación al acceso o uso, se debe presentar la solicitud en la Intendencia Regional quien la canalizará y le dará curso.
Es así como debería proceder un propietario de un terreno aledaño a un borde costero, lacustre o ribera, quien debe regularizar ante la Intendencia respectiva un paso liberado y gratuito para uso público, denominado “servidumbre de paso”.
EL VACÌO LEGAL
Pese a la norma vigente, ésta no consigna multas para los particulares o privados que denieguen el acceso, como tampoco algún tipo de protección para quienes se vean impedidos de acceder a un balneario porque el propietario de los terrenos no ha solicitado la fijación de la servidumbre de paso.
Hace un año, los senadores Guido Girardi, Nelson Ávila, Roberto Muñoz Barra, Alejandro Navarro y Carlos Ominami, presentaron una moción que regula este derecho, estableciendo multas entre 37 mil y 37 millones de pesos a quienes impidan el ejercicio de este derecho, propuesta que no ha surtido efectos, dado que este año algunos privados siguen impidiendo el libre acceso y tránsito en dirección a los bordes costeros.
Según lo consignado por los parlamentarios en la presentación del recurso, “no solo es grave la obstrucción al libre tránsito hacia playas, ríos o lagos, sino también la situación en aquellos casos donde los propietarios de predios ribereños cobran por el acceso.., invocando una serie de normas –que no existen-, conforme a las cuales exigen el pago de tarifas”. La moción aún no ingresa al trámite legislativo y duerme en los archivos del Congreso.
“Está claro que no existe la voluntad ni política ni social de dar curso a esta modificación legal, ya que cada vez son más los proyectos inmobiliarios que están construyéndose en los bordes costeros, obstaculizando el paso, la visual y por sobre todo, rompiendo con el esquema natural del sector”, argumenta Alejandro Capetillo, presidente de la agrupación “Por el libre acceso de playas”, red que tiene adeptos en diversas regiones del país. Según Marcelo Torres, también integrante de esta agrupación, hay sectores en el sur, que pese a las campañas realizadas por los gobiernos, hacen oídos sordos de las disposiciones legales y continúan denegando el paso público. De acuerdo a registros en Bienes Nacionales, durante el verano de 2009 hubo 53 denuncias de cobros indebidos u obstrucción de acceso, entre los que se cuenta la playa La Virgen en Caldera, Mirasol en Algarrobo, Luna, Caucau, Ritoque, entre otros.
Entre los casos más repetitivos y famosos son los conflictos que cada año se suscitaban en Pingueral, en la Octava Región del Bío Bío, y en el camino Santa Filomena, en el sector norte del lago Villarrica. En ambos casos los dueños de los predios recurrieron al Tribunal Constitucional aduciendo que abrir un acceso viola sus derechos de propiedad privada.
Luego de 37 años de litigios entre los dueños de estos terrenos y el Ministerio, se abrió un acceso que sólo conduce a un sector del lago, donde no hay área de baño, sino empedrado y roqueríos. Hasta el momento no hay denuncias formales en el Ministerio ni en las distintas intendencias regionales, sin embargo, y tal como comprobamos, siguen obstruyendo el paso o cobrando tarifas por el acceso.
La problemática sigue estando viva y los usuarios aún no tienen acceso de los bordes costeros. La ley existe, pero es letra muerta dada la falta de control, y sigue habiendo manos privadas que impiden que los chilenos y chilenas puedan hacer uso de sus derechos, al menos libres de pago.
Por Claudia Pedreros Saá
El Ciudadano N°94, primera quincena enero 2011
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