Lluvia de críticas contra ENAP tras errores constatados en informe de la Fiscalía Naval

Después de que el pasado viernes la Fiscalía Naval diera por concluida  la primera etapa de investigación de las causas, circunstancias y eventuales responsabilidades del derrame de hidrocarburos con la presentación del informe del sumario realizado, en que se detalla que fueron 38.700 los litros derramados en la Bahía de Quintero el 24 de septiembre  (casi el doble de los 22 mil informados por Enap), distintas personalidades políticas y organizaciones como Oceana emplazaron a la estatal a que responda ante las eventuales irregularidades sobre las que se pronuncia el informe.

«ENAP y la empresa dueña del barco deben responder por esta catástrofe ambiental. Pero, además, la gerencia de ENAP debe asumir su responsabilidad por la absoluta falta de seriedad en la estimación de los litros derramados. Se ha entregado información falsa dos veces -en un primer momento la petrolera habló de 3 mil litros) para disminuir el rechazo de la ciudadanía frente a este grave hecho”, señaló el director ejecutivo de Oceana, Alex Muñoz.

Oceana también llamó a actuar con urgencia frente al impacto que otras empresas ubicadas en la Bahía de Quintero están provocando hace varios años. Desde 1993, la localidad de Ventanas es considerada zona saturada de contaminación, sin embargo, se han construido alrededor de 20 industrias, muchas de las cuales son contaminantes o peligrosas.

“Este derrame y sus mentiras no es lo único que pasa en la Bahía de Quintero. Son muchas las empresas en este lugar que contaminan, esconden, mienten y que están impunes. La situación ya no da para más en lo ambiental, lo humano, lo social y en lo político. Se requiere ahora un plan de recuperación para la Bahía de Quintero”, señaló Alex Muñoz.

Por su parte, la senadora Lily Pérez señaló que tanto los informes como la postura de ENAP “ha dejado mucho que desear y solo busca desvanecer responsabilidades en terceros»;  “Siempre he dicho que ENAP estaba más involucrado de lo que ellos reconocían, hoy nos vemos frente a un informe oficial que señala claramente el daño causado, lejos de la versión que entregaron los ejecutivos a la tragedia medio ambiental cuando esta ocurrió, por lo anterior decidimos con mi equipo jurídico llegar hasta las últimas consecuencias a fin de establecer justicia y responsabilidades para los cientos de afectados por esta negligencia y triste hecho”.

Vladimir Mondaca, abogado especialista en derecho medioambiental sostuvo que  “como representantes de las víctimas y vecinos de Quintero, en conjunto con la Senadora, consideramos como bastante grave los hechos sostenidos por ejecutivos y funcionarios de ENAP, que han ido cambiando considerablemente la versión de cuántos litros de petróleo finalmente se derramaron, de 2 a 22 mil, hoy la Armada es categórica con su informe, la gravedad no solo devela falta de información y preocupación, sino que también de organización, puesto a que se han indo tomando medidas paliativas según la cantidad de litros vertidos. Nos preocupa las versiones poco claras por parta de esta empresa del Estado y exigimos una explicación convincente respecto a este nuevo informe”.

El equipo jurídico de la senadora, que representa alrededor de 30 familias de Quintero dedicadas a la extracción de jibia, estudiarán las posibles acciones legales tras el informe de la Armada, para lograr una compensación económica que mitigue la precarias situación que enfrentan los trabajadores del mar tras el desastre.

Por su parte, la diputada Andrea Molina, apuntó que “este informe acredita la negligencia evidente, donde se acreditan responsables, así es que vamos a insistir en la causa penal que ya presentamos y sobretodo vamos a utilizar esta información para acreditar el daño ambiental que ahora a todas luces es mayor y duradero en el tiempo” a la vez que hizo un llamado al gobierno a implementar medidas reales para los afectados;

“Aquí necesitamos que den la cara de frente y que en forma paralela se genere una mesa de trabajo entre los diferentes ministerios llevada por el Ministerio del Interior, entre ellos Hacienda, Medio ambiente, Salud y Energía, para que realicen  un trabajo coordinado, en comunicación,  pero de ayuda directa. Necesitamos medidas a corto plazo; Se debe priorizar de verdad, inyectar recursos inmediatos, no para proyectos, sino que para que puedan sobrevivir porque hemos afectado sus bolsillos en forma directa. Los pescadores ya no tienen trabajo, con la prohibición de extracción, tampoco tiene como sobreponerse con lo ya producido en sus áreas de manejo, porque las perdieron. Si aquí no se hace un plan de trabajo serio, donde se asuma el error de una vez por todas, las cosas no van a andar bien. La temperatura ambiente es alta y con justa razón”

El informe

La sanción más alta de las establecidas por la Armada corresponde a la estatal, a quien se le ha impuesto una multa de $450 millones, en tanto que para  el capitán del Mimosa y el del  remolcador Puyehue,se establecieron sanciones económicas de $360 millones. Cabe señalar que la multa impuesta es baja en relación a las penas que consigna el Reglamento  de Control de la Contaminación Acuática de la Armada, que pueden llegar hasta los $2 millones.

Entre las irregularidades constatadas por el informe acometidas por ENAP, se encuentran graves faltas de procedimiento, entre ellas no seguir los protocolos de la Armada en la maniobra de descarga, no  contar con un eficaz sistema de amarre a la monoboya (punto de entrada del petróleo al terminal de Enap) y no contemplar un procedimiento específico para evitar los riesgos de contaminación en caso de este tipo de sucesos.

Además se acusa el mal estado de las espías ( cuya ruptura provocó el derrame), que debían tener un largo de 100 metros y soportar 350 toneladas, requisitos que no fueron cumplidos. En concreto, fue el  Departamento de Ingeniería Mecánica de la U. Federico Santa María el que, en el contexto de las pericias encargadas por la Armada, estableció que las espías no tenían la resistencia mínima recomendada por el fabricante.

Sin embargo, la estatal, que en un primer momento ya emitió un comunicado alegando “desacuerdo con los cargos que le ha formulado el Fiscal Marítimo, los que en su opinión  no han considerado todos los antecedentes expuestos por la empresa, razón por la cual presentaremos nuestros descargos ante todas las instancias correspondientes”, criticó también lo referido a las espías, señalando que la misma Marina habría aprobado un plan que fija en 55 metros el tamaño de las espías.

En la misma línea, Marc Llambías, gerente de Refinación y Comercialización de Enap, anunció que demostrarán “que el remolcador fue el que ejerció una tracción mayor, y fue lo que generó la rotura de las espías”, añadiendo que éste “siguió tirando y avanzó hasta los 300 metros, que es la longitud de los flexibles y rompió el manifold (válvula del buque) generando el derrame”.

Por su parte, la empresa Ultratug, dueña del remolcador Puyehue, emitió un comunicado anunciando que prestará su apoyo en la defensa del capitán sancionado y sosteniendo que la responsabilidad atribuida “es injusta e infundada, y todos los antecedentes que disponemos, incluidos los peritajes elaborados por expertos extranjeros, confirman que el capitán siguió con rigor las instrucciones dadas por el práctico desde el buque”.