Este 20 de abril se conmemoró el aniversario de la explosión de la plataforma petrolífera de Deepwater Horizon, que cobró la vida de 11 personas y provocó el derrame de crudo más grande de la historia.
Los equipos de limpieza abandonaron las costas del Golfo de México hace dos años, afirmando que el daño estaba superado. No obstante, el perjuicio provocado por el desastre ambiental es algo que permanece fresco en la mente de quienes vivían en la zona afectada.
“Como en la mayoría de los desastres no relacionados con temas de seguridad nacional, los estadounidenses tienden a operar con la creencia de que, una vez que la atención de los medios se ha apartado, (eso significa que) el asunto está resuelto. No comprenden que las víctimas del derrame, que perdieron sus fuentes de ingreso, continúan peleando contra BP, Transocean y Halliburton en las cortes”, afirma el sitio web Ecowatch.
Enfermedades al corazón y malformaciones producidas por la exposición a químicos dañinos para la salud, son temas que no han sido tocados por los medios de comunicación tradicionales. Tampoco las responsabilidades políticas.
Esto se debe en gran medida a las informaciones que las propias empresas involucradas en el hecho han ocultado y a las parciales investigaciones realizadas por autoridades norteamericanas.
Por ejemplo, un informe de enero de 2011 preparado por la Comisión Nacional sobre el Derrame de Petróleo de Deepwater Horizon de EEUU, omitió completamente en sus páginas la facilidad entregada por el ex vicepresidente Dick Cheney a la desregulación de las actividades de perforación petrolífera acordadas en varias reuniones sobre energía que mantuvo en 2001 con las compañías.
Según Desmogblog, Cheney dio luz verde para que “ejecutivos de la industria ayudaran a redactar leyes que permitieron a ellos funcionar casi sin fiscalización”.
Adicionalmente, poca mención ha existido sobre la marcada desidia de BP a la aplicación eficiente de medidas de seguridad, hecho que quedó graficado cuando la empresa reconoció que era más barato pagar los desastres que mantener sus instalaciones al día con la norma, incluso ante incidentes que podían costar vidas humanas.
También se han conocido los daños a la salud de obreros que han aplicado el químico Corexit para remover el petróleo dejado en playas y humedales. El solvente ha sido vinculado al cáncer en humanos y mamíferos marinos, y en primera instancia, la Agencia de Protección del Medioambiente de EEUU (EPA, por sus siglas en inglés) había rechazado su uso por BP.
Luego hubo un descarado ataque a las víctimas por parte de BP cuando la empresa pagó anuncios en los diarios nacionales afirmando que todas las denuncias de daños graves a la salud eran falsas. Aunque se demostró fraude en un mínimo de los casos, informes revelaron que había un gran porcentaje de acusaciones sustentadas en la realidad, lo que sin embargo “no detuvo que grandes publicaciones como Politico permitieran escribir columnas a un ejecutivo de BP, tratando a las víctimas del derrame de petróleo como ‘codiciosas’.
Finalmente, “está el hecho de que ningún ejecutivo fue condenado a prisión por su papel en el desastre, y los pocos procesos que hubo resultaron probando solamente un ‘perjurio’», y por ende, obstaculizando el curso de una verdadera investigación, puntualiza Ecowatch.