«Los ministros de Medio Ambiente, Energía y Minería son agentes contrarios a la protección medioambiental»

La semana pasada, a pesar de la potente señal ciudadana de rechazo, el proyecto gasífero «Octupus», consistente en la construcción de una plata de recepción y distribución de GNL frente a la bahía de Penco, fue aprobado por la comisión de evaluación ambiental de Bío Bío de forma unánime, lo que permite que este proyecto de un paso más hacia su concreción.

Esto a pesar de las movilizaciones ciudadanas de más de cinco mil personas y que en el día de la votación se apostarán frente a la Intendencia de la VIII Región cerca de dos mil personas. Además de la permanente oposición de las autoridades electas democráticamente, alcaldes, concejales y parlamentarios; lo que no fue suficiente para rechazar este proyecto.

El proyecto es parte de la serie de inversiones que planea realizar la trasnacional energética francesa DHF. Junto con eso cabe señalar que el objetivo final de esta transmisión gasífera es la producción de electricidad para las mineras en el norte y poder abastecer de energía a Santiago, lo que refleja la visión centralista del proyecto.

En conversación con El Ciudadano el abogado Álvaro Toro, que apoya a las diferentes organizaciones que se han unido en la lucha contra este proyecto y que tiene un largo historial en la lucha contra proyectos que afecten  al medio ambiente, señala que «Este proyecto se está tramitando y acaba de ser aprobado vergonzosamente por la comisión de evaluación regional del Bio Bio. Pese a que se había generado una enorme coordinación entre organizaciones de Tomé, Penco, Liquén, talcahuano, de caracter ambiental, estudiantil y vecinal, que hicieron movilizaciones de más de 5000 personas. Pese a todo eso el Intendente regional y su equipo de seremis aprobó unánimente este proyecto».

[jwplayer player=»1″ mediaid=»303170″]

«Es que a pesar que la comunidad se asesoró a nivel técnico, hizo las observaciones contundente a las irregularidades e ilegalidades del proyecto del proyecto, pese a que servicios públicos que calificaban el proyecto como la Gobernación Marítima y la Autoridad Sanitaria señalaron que este proyecto no cumplía con  la normativa ambiental, pese a los planteamientos de las autoridades electas frente a este proyecto, el proyecto se aprobó» recalca Toro, en referencia a que a pesar de los factores técnicos que indicaban su rechazo fue igualmente aprobado.

Al ser consultado por posibles presiones que hubiesen existido para la aprobación primaria de este proyecto, que debe ser revisado por el Consejo de Ministros, Toro es tajante en señalar que «Este proyecto se aprobó por la enorme presión que ejerció la empresa en colaboración del ministro de Energía, Máximo Pacheco, que se transforma en los hechos en el principal lobbista del proyecto».

{destacado-1}

Al mismo tiempo, Toro expresa que «El argumento que entrega el ministro de Energía es que con esto se rompe el monopolio que existe en esta área, porque será una empresa distinta a Endesa, Colbún o AES Gener. La aprobación del proyecto de terminal de GNL Penco – Lirquén no tiene ninguna justificación,es un desastre ambiental«.

«Las observaciones técnicas que se le hizo al proyecto demostraban que la cantidad de empleos que generaba este proyecto, se habla de 60 empleos permanentes y un poco más de 200 empleos en la etapa de construcción del proyecto, es mínimo con el riesgo que significa para las actividades de desarrollo pesquero o turístico de la zona«, agrega Toro.

Institucionalidad versus Lobby

«Es importante que la ciudadanía sepa como funciona nuestra institucionalidad, que se supone tan sólida. Si esta institucionalidad no se compenetra de su obligación de proteger el medioambiente  pueden terminar siendo un salvavidas de plomo» señala Toro respecto del actual escenario que se verifica en esta materia en el país.

Sin embargo, el abogado Álvaro Toro destaca los esfuerzos de tanto funcionarios como autoridades de las instituciones medioambientales vigentes – Tribunales Ambientales y Superintendencia Ambiental – por hacer cumplir las normativas vigentes, a pesar de las enormes presiones que reciben.

En este sentido Toro declara que, a  su parecer,  a esta institucionalidad «le falta mucho pero veo que dentro de los tribunales ambientales y la superintendencia de medioambiente hay una cantidad importante de funcionarios y autoridades que quieren cumplir plenamente sus funciones«.

 «El problema es que hay una presión permanente respecto de «espantar la inversión» «darle facilidades a los actores empresariales», todo ese lenguaje se da permanentemente. He visto, sin embargo, muy buenas decisiones del Tribunal Ambiental, pasa lo mismo con la Superintendencia» recalca el abogado.

{destacado-2}

Con el escenario planteado, Toro estima que es fundamental la organización y movilización en contra de proyectos de este tipo para ejercer presión contra el lobby pro-empresarial y, de alguna forma, respaldar la labor de funcionarios y autoridades que desean realizar bien su trabajo. «Lo que hay que generar de parte de la ciudadanía es un gran movimiento que impulse que estos buenos deseos de estos funcionarios o autoridades lleguen a concretarse», expresa.

Para finalizar, el abogado Toro identifica que el principal lobby en favor de proyectos de este tipo se encuentra en la actuación de las principales autoridades del país, las tendrían según el abogado intereses creados en estos proyectos.

De esta forma señala que «lo que sí está claro es que desde la autoridad central, no sé si la Presidenta, pero sí los ministros de Medio Ambiente, Energía y Minería son agentes completamente contrarios a la protección del medio ambiente. Y esto te lo doy firmado: terminado este gobierno volverán a los directorios o gerencias de estos grades proyectos o consultorías… es gente que está pensando en que va a hacer en 4 o 5 años«.