El 22 de agosto de 2016 en la localidad de Tranguil, comuna de Panguipulli, fue encontrada muerta Macarena Valdés Muñoz, quien, según informes médicos, se habría suicidado por ahorcamiento. Hasta el 21 de agosto, Macarena era, junto a su esposo Rubén Collío (vocero de la Coordinación Newen Tranguil), una de las principales opositoras a la construcción de una central de paso a cargo de la empresa hidroeléctrica RP Global Chile (perteneciente al holding RP Global, de capitales chilenos, austríacos y españoles) y la eléctrica chilena SAESA; proyecto que se ubicaría en territorio perteneciente a comunidades mapuche.
Dos días antes de la muerte de Macarena, la familia Collío Valdés había recibido amenazas por parte de trabajadores contratistas de RP Global. Menos de 24 horas después de su muerte, la eléctrica SAESA, en compañía de carabineros, comenzó la instalación de cables de alta tensión para la central de paso, afuera de la casa de los Collío Valdés. Hoy, en medio de fuertes cuestionamientos a la autopsia que habría determinado el supuesto suicidio de Macarena, solo en la comuna de Panguipulli se levantan 8 proyectos hidroeléctricos y existen más de 300 derechos de agua concesionados.
El 3 de marzo de 2016 en la localidad de La Esperanza, Honduras, fue asesinada Berta Cáceres, dirigenta indígena lenca, ganadora del premio Ambiental Goldman 2015 y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización concebida para luchar en defensa del medio ambiente, el rescate de la cultura lenca y mejorar las condiciones de vida en la región. Por oponerse desde 2009 al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el Río Gualcarque (territorio sagrado del pueblo lenca), Berta fue amedrentada y hostigada en múltiples ocasiones por las empresas constructoras de la represa, el Estado hondureño a través de la Policía Nacional, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) e incluso la iglesia católica. La muerte de Berta permitió denunciar la grave amenaza en la que se encuentran los activistas indígenas en conflictos socioambientales en Honduras, donde, según el Informe Anual 2015 “En Terreno Peligroso” de Global Witness, solo entre 2010 y 2014 fueron asesinadas 101 personas en contextos de conflictos asociados al avance de la agroindustria, la minería y la construcción de represas, transformándose en el país más peligroso del mundo para defender una causa ambiental.
Lo más ominoso de las muertes de Macarena Valdés y Berta Cáceres, es que no son casos aislados. Así lo señalan los datos de Global Witness, Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para ser un activista o dirigente territorial en contextos de conflicto socioambiental: 122 de las 185 muertes documentadas en 2015 y 88 de las 116 muertes documentadas en 2014 ocurrieron en nuestro continente. Dentro de estos, quienes se encuentran más afectados son los pueblos indígenas: en 2014 y 2015, el 40% de los defensores ambientales asesinados corresponden a representantes de pueblos originarios, según este reporte. Esto es un indicador de la concentración de este tipo de conflictos en territorios indígenas, así como la creciente presión sobre sus recursos: solo en Chile, el 38% de los conflictos socioambientales documentados entre 2010 y 2015 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) involucran tierras y territorios indígenas.
El alarmante aumento de los asesinatos de líderes de movimientos de defensa medioambiental y territorial en nuestra región, particularmente asociados a conflictos y territorios indígenas, abre una serie de preguntas sobre el crecimiento de los proyectos extractivistas en el continente y la aparente nula capacidad de los Estados nacionales de regular o resolver los mismos, obligando a las comunidades locales a organizarse en la defensa de sus territorios y derechos ambientales hasta las últimas consecuencias. Esta aparente complicidad entre los Estados nacionales y los intereses económico-políticos detrás de los proyectos extractivistas que desangran el continente, no solo protege en un manto de desinformación a los responsables de estas muertes; también motiva el levantamiento de diversos movimientos socioambientales y por la defensa de territorios locales.
Desde fines del siglo XX, el auge de diversos movimientos sociales en contra de las políticas neoliberales, la globalización y la privatización, reflejan un cuestionamiento profundo a la legitimidad del modelo capitalista y su desmantelación de la capacidad de los Estados para articular los diversos intereses presentes en la sociedad (los nacionales con los locales, o el interés público con el privado-productivo, por ejemplo). Este cuestionamiento se concreta en la defensa de una nueva manera de estructurar la vida social, que permita a las personas y comunidades locales determinar lo que ocurre en los territorios que habitan, decidiendo sobre aquello que influye cotidianamente en sus vidas.
Es desde los territorios y comunidades locales dónde se imaginan y defienden proyectos de desarrollo alternativos, que redefinen las prácticas ambientales, económicas, políticas, sociales y culturales a nivel local. Se comprende así que los movimientos sociales latinoamericanos se encuentren cada vez más territorializados: desde lo local, diversos pueblos, comunidades y grupos de interés nos proponen un nuevo ordenamiento democrático para la sociedad en su conjunto, explorando las posibilidades que surgen de la autogestión y organización local, ofreciendo nuevos caminos para la libre determinación del ser humano.
Así, los conflictos socioambientales ponen en valor el territorio para una comunidad específica, como el espacio donde se desarrolla, produce y reproduce una forma particular de vida en común, un proyecto colectivo y una visión de futuro. Lo que está en el centro de la disputa es el territorio mismo, considerado integralmente, como la base de los bienes públicos sobre los que también existen derechos; como una potencialidad que los proyectos de desarrollo alternativos de diversas comunidades locales pueden contribuir a materializar.
La demanda por decidir sobre el propio desarrollo y por tener el legítimo derecho a oponerse a una intervención territorial particular, impuesta por intereses generalmente ajenos al territorio mismo, no implica solo transformar las condiciones materiales y sociales de reproducción de la sociedad, sino también una transformación política y cultural. Las luchas lideradas por personas como Macarena y Berta, exigen una participación real y vinculante en el proceso de transformación territorial; una participación que considere competencias y atribuciones concretas que empoderen a las comunidades locales para participar de forma efectiva en la construcción de un proyecto de desarrollo territorial propio.
Es relevante que como sociedad podamos reflexionar y discutir sobre las legítimas demandas que se levantan desde los territorios, y de cómo hacer factibles los proyectos de desarrollo alternativos que surgen en cada uno de ellos. Esta discusión es fundamental, sobre todo en el marco de vulnerabilidad y asesinatos alevosos que hoy sufren dirigentes territoriales y defensores ambientales en todo el continente: para que voces y opciones de vida como las de Macarena Valdés y su familia sean respetadas, debemos como sociedad defender el derecho de los habitantes de un territorio a opinar y manifestarse en contra de proyectos impuestos, así como la posibilidad de construir alternativas desde sus espacios de vida, en lugar de cuestionarlos y perseguirlos hasta la muerte. Este mínimo social, nos encaminará hacia la comprensión del derecho al territorio, facilitando un diálogo constructivo como sociedad civil respecto a la necesidad y potencialidad de un desarrollo mirado desde los territorios, y no desde un escritorio muy lejos de los pasares cotidianos de cada lugar.
Constanza Christian
Asistente de Investigación de Rimisp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
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