El conflicto territorial recrudeció en el corazón de Vaca Muerta, Provincia de Río Negro, Argentina. Ayer un encuentro entre funcionarios provinciales y representantes de la Confederación Mapuche acordó una tregua y terminó con más de 36 horas de protestas y bloqueos en el yacimiento Loma Campana, que opera YPF en asociación con Chevron. La diferencia de miles de hectáreas en el mapa definitivo marcan la disputa.
Desde la petrolera nacional confirmaron que pasadas las 17:30 de ayer se levantaron los puntos de protestas que habían jaqueado parte de la segunda área productiva del país. También reconocieron que las medidas de los integrantes de la comunidad mapuche generaron pérdidas millonarias al paralizar 5 equipos de perforación y 2 de pulling, poniendo riesgo 10.000 barriles de petróleo y 1,5 millones de mv de gas.
Del encuentro participó el secretario de Coordinación del Interior del gobierno provincial Jorge Lara junto a su equipo. Por la Confederación estuvo Jorge Nahuel y otros miembros. La reunión, que se extendió por más de tres horas, se realizó con la intervención del fiscal General, José Geréz, quien recibió a las partes en las oficinas del Ministerio Púlico Fiscal.
Allí los representantes de la comunidad reclamaron la entrega de la carpeta con los resultados de los trabajo de relevamiento de tierras que obliga a realizar el Relevamiento Territorial de Pueblos Indígenas (Ley 26160). El compromiso que consiguió la tregua fue la entrega del mapa –sobre el que se trabajó al menos 10 meses– el próximo viernes y una posterior reunión el miércoles 5 de agosto.
Las diferencias
Pero las fechas parecen ser lo único sobre lo que hay acuerdo. Desde allí parten las diferencias y se tejen las versiones sobre los resultados de lo relevado y las expectativas de la comunidad Campo Maripe.
El terreno total que se discute es de 15.000 hectáreas en la zona de Añelo, en el centro de los desarrollos de Vaca Muerta, y lo que a priori confirmaron fuentes de las negociaciones es que el relevamiento –llevado a cabo por antropólogos y profesionales del gobierno– arroja diferencias interpretativas a ambos costados.
Fuentes del gobierno sostienen que al menos la mitad del espacio relevado incluye campos cuyos propietarios tienen títulos que acreditan la propiedad, otros con tenencias precaria y algunos con derechos de pastoreo.
En la dirección opuesta, desde la Confederación sostienen que el estudio arroja, incluso, la existencia de tierras privadas que estarían dentro del mapa que le correspondería a los Campo Maripe y que se deberían expropiar.
El relevamiento sólo se trata del trámite administrativo que delimita el mapa de la ocupación actual de tierras. Si bien tiene en cuenta la base histórica, el análisis se enfoca en el uso actual que se le da con animales y prácticas agropecuarias.
Fuente: enernews.com
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