Funcionario que teme ser despedido por denunciar, señaló que la eliminación de perros es una práctica habitual del municipio y que se habrían incrementado durante la gestión alcaldicia de Ramón Farías, actual diputado PPD.
El empleado municipal indicó que las órdenes de eliminación son dadas en forma oral y que para conocer más del procedimiento es necesario que se pronuncie la veterinaria Fernanda Méndez. Organizaciones de defensa de los animales buscan sanciones por la vía penal y administrativa en contra de quienes resulten responsables.
Hace una semana y a través de un noticiero se hacía pública una denuncia ciudadana: perros callejeros eran cruelmente sacrificados en plena vía pública por funcionarios de la Municipalidad de San Joaquín en 2008. Las imágenes impactaron a Chile y el mundo. El repudio fue total. En tanto, organizaciones proteccionistas tomaron cartas en el asunto ProAnimal, interpuso una querella criminal en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago contra quienes resulten responsables de los hechos informados el 17 de octubre. Por su parte, la Coalición por el Control Ético de la Fauna Urbana, CEFU, inició las acciones por la vía administrativa.
A la palestra y desde el mismo municipio, surgieron testimonios que buscaron explicar los hechos y desmentir los dichos del alcalde Sergio Echeverría, quien manifestó en una declaración pública que la matanza de perros registrada sólo había sido un hecho aislado. Además, declaró al diario La Tercera que “era inhumano desarrollar políticas de control canino sobre la base de la matanza”.
Pero las declaraciones del alcalde más que conseguir calma, sirvieron de acelerante para levantar críticas en contra de las mismas y generar una serie de mails y declaraciones en las que funcionarios y ex empleados del municipio aseguraron que la eliminaciones de animales no eran aisladas y que, por el contrario, respondían a una práctica habitual.
En un mail enviado a nuestra redacción, un funcionario del municipio que pidió reserva de su identidad por temor a ser despedido, relató que las eliminaciones masivas de animales comenzaron cuando el ex actor y actual diputado PPD, Ramón Farías, era edil de San Joaquín (desde 1992 hasta 2004). Agrega que la situación se agravó cuando asumió la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Javier Cornejo, actual Jefe de Comunicaciones del municipio. La razón: la mala imagen que daban los perros abandonados en la extensión del Centro Cívico de San Joaquín, lugar de reuniones políticas y actos masivos.
Consultado sobre estas acusaciones, Ramón Farías desmintió categóricamente estas supuestas acciones durante su mandato en dicha comuna. El diputado respondió a PrensAnimalista que “nunca hubo exterminio de perros mientras fui alcalde en San Joaquín. Al contrario, realizamos un convenio con una universidad y el municipio dispuso una clínica de atención gratuita de animales con esterilización, gratis y a muy bajos precios (dependiendo del sector y la ficha CAS de las dueñas de los animales). Además, fundé y armé la Dirección de Higiene y Medioambiente en la comuna porque cuando llegué sólo era un departamento”.
Por último, señaló que el cuidado de los animales y el medio ambiente estuvo siempre dentro de sus prioridades y la de las personas que trabajaron con su persona en esa época. “Testigos son la comunidad y los funcionarios municipales que me acompañaron durante mis tres periodos de gestión”, aclaró.
TESTIGO
El profesional que trabaja actualmente en la Municipalidad de San Joaquín y que pidió estricta reserva de su identificación, contó que este tipo de órdenes (eliminar canes) son dictadas por los jefes de forma oral para evitar dejas pruebas y así cuidarse las espaldas.
“Estoy conciente de la brutalidad empleada por algunos compañeros, pero ellos actúan bajo órdenes, les piden que lo hagan rápido (matar perros) para evitar problemas. Es bueno que sepan que los funcionarios municipales subalternos estamos obligados a cumplir con lo que se nos ordena y, por sobretodo, a callar. Si no, arriesgamos despido. Por eso en vez de condenarnos porque no hablan primero con la Dra. Fernanda Méndez Valenzuela del Departamento de Higiene y Zoonosis, jefa de los auxiliares a quienes tanto se les critica”, dijo el denunciante.
PrensAnimalista intentó contactarse con la doctora Méndez, pero no fue posible. Del mismo modo, solicitó información al departamento comunicacional del municipio sobre antiguos funcionarios, la que no fue recibida por esta redacción.
El funcionario pro animal agregó que el tema de instruir un sumario administrativo (anunciado al diario La Tercera por el mismo edil Echeverría), es burlarse del desconocimiento que la mayoría tiene de Derecho Administrativo, -pues cuando se ordena, el cobarde se excluye, pues su objeto es investigar y sancionar responsabilidades de subalternos y no las propias ya que sólo Contraloría tiene la potestad de sumariarle-. Por su parte, Luis Donoso, director de Higiene y Medio Ambiente, no podría impartir una orden tan drástica sin contar con la autorización de su jefe directo. Es decir, del alcalde Echeverría”, agregó.
La fuente señaló que el silencio de los concejales, a excepción del RN Patricio Lazcano, no debiera sorprender. “Se trata de gente humilde, que saben que cuestionar al alcalde les significa perder una serie de beneficios, como por ejemplo: la contratación a honorarios de secretarias y cercanos, viajes y otros gastos pagados por el Municipio. Respecto al concejal Manuel León (DC) nada lo justifica, por contar con educación y recursos”.
Agregó que “cualquier Concejal, sí lo desea, puede exigir conocer las facturas de las compras de solución eutanásica y otros productos de eliminación adquiridas por el Departamento de Higiene. Su volumen y monto debieran originar una denuncia a la Contraloría, la que instruirá un Juicio de Cuentas, cuyo objeto es establecer y hacer efectiva la responsabilidad civil de quienes administran estos recursos públicos. Se buscan gastos no acreditados, improcedentes o ilegales, desembolsos no acreditados y falta de documentación original”.
PIDEN DESTITUIR A ALCALDE
El martes 26 de octubre, la organización ProAnimal interpuso una querella criminal en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de maltrato animal, manejo indebido de fármacos y daños a la propiedad privada contra quienes resulten responsables por la eliminación masiva de perros abandonados en la comuna de San Joaquín.
Patricia Cocas contó a PrensAnimalista que presentaron documentos que dejan en evidencia que las autoridades sabían lo que aquí estaba pasando, que el alcalde Echeverría estaba en conocimiento de lo que estaba ocurriendo. “Con esta investigación queremos asegurarnos de llegar hasta el final para destituir al edil de sus funciones”, puntualizó la dirigenta.
En la misma línea, señaló que en algún momento el sitio web del municipio –ofrecía a los habitantes de San Joaquín la eliminación como método de control de la sobrepoblación canina y felina-. “Contamos con un pantallazo de este ofrecimiento y fue entregado también como prueba de la falta de probidad del alcalde Sergio Echeverría”.
Por su parte Alejandra Cassino, directora ejecutiva de la Fundación CEFU precisó “hay que recordar que hasta 2009 las Secretarías Regionales Ministeriales, SEREMIS, de Salud suscribían convenios con los municipios en los que se ayudaban a ‘solucionar el problema de los perros vagos’. Se entregaban productos eutanásicos y se fomentaba, indirectamente, la entrega voluntaria, violando la legislación hasta entonces existente y no respectando los dictámenes de Contraloría que en forma reiterada se han pronunciado sobre la ilegalidad de la eliminación de animales por parte de los municipios”.
OTROS MUNICIPIOS
El exterminio sistemático de perros y gatos callejeros no es de ayer y exclusivo de San Joaquín. Esta práctica también es ejecutada por otros municipios de Santiago y regiones recurriendo a prácticas que van de lo burdo a lo sofisticado como indica la Directora ejecutiva de la Fundación CEFU, Alejandra Cassino.
“Hace años vimos como en Cartagena una funcionaria inyectaba animales y los arrojaba aún vivos a los camiones de basura. Luego se burlaba la legislación con el eufemismo de la entrega voluntaria y las recogidas de animales que realizaba la SEREMI de Salud en la Región Metropolitana. Hoy, algunos municipios, como el de Temuco, se asocian con universidades para mantener caniles que van en contra del bienestar animal y que son soluciones que sólo benefician los intereses de terceros y no de los afectados”, dijo Cassino a PrensAnimalista.
Respecto de lo ocurrido en San Joaquín, calificó el hecho como brutal y de crueldad extrema. “Lo de San Joaquín demuestra una práctica habitual en el país, que recrudece cuando se acercan las elecciones municipales. Son los llamados ‘temas ciudadanos’, que en términos prácticos significa que son los que nadie resuelve por que son un cacho y que sólo reditúan al acercarse las elecciones. Por lo mismo se buscan medidas rápidas y eficientes a boca de urna”, expresó.
Respecto de las acciones administrativas que está llevando a cabo CEFU, Cassino señaló que si bien estas pueden parecer reiterativas e inútiles, sí tienen un sentido. Explicó que “los funcionarios públicos se rigen por La ley de Bases de la Administración Pública. El Derecho Público indica lo que tienes qué hacer, no hay espacio par la interpretación o el exceso de creatividad. Por lo mismo, determinar administrativamente un ilícito sirve como base para iniciar acciones civiles y generar procesos que pueden culminar con la destitución de funcionarios y alcaldes”.
Colaboración Equipo PrensaAnimalista
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