Megaproyectos: El Quimbo o el funesto símbolo del neodesarrollismo en Colombia

Niñas en el área de El Quimbo. FOTO: Sebastián Gómez

El proyecto hidroeléctrico de El Quimbo, en Colombia, simboliza la tensión entre visiones antagónicas de desarrollo. Para el Gobierno, una locomotora económica, para las comunidades: un desastre ambiental y una pérdida de soberanía territorial y alimentaria. Esta es la crónica de un proyecto que se ha saltado la legalidad pero que es protegido a punta de represión por el Estado. Una historia que muestra que no solo en Chile se cuecen habas.

“Ya estamos cansados de contar la misma historia”. Esas eran las palabras de José Uriel Hernández uno de los afectados por el proyecto hidroeléctrico del Quimbo (de la multinacional española Endesa) en la reunión que se desarrolló el 3 de febrero de 2012 en la cámara de Comercio de Neiva.

El reclamo de José Uriel se junta con la voz cientos de personas afectadas por el proyecto como los pescadores, los artesanos, los volqueteros, los jornaleros, los paleros, gravilleros y de demás gremios que viven en la región ¿Qué pasa cuando la voz se cansa, cuando las palabras se hacen tan reiterativas que pierden todo significado? El proyecto del Quimbo lleva siendo anunciado hace más de 10 años y durante ese periodo de tiempo los habitantes del sur del Huila en los municipios de Gigante, Tesalia, Paicol, el Agrado, Garzón y Altamira al sur del Huila, viven a la espera de ser desalojados por la Multinacional Endesa-Emgesa. “Un día dicen que el proyecto continúa y al otro día dicen que se para”. Mientras tanto en San José de Belén, en el municipio del Agrado, donde vive José Uriel parece una Comala fantasmagórica a la espera de un porvenir incierto, de un hecho que no se consume, de un diluvio que no llega.

La reunión en la Cámara de Comercio, convocada por Asoquimbo, empieza pasadas la 9 de la mañana el día 3 de febrero. La primera intervención es de uno de los concejales, quien muestra su apoyo a los afectados del proyecto del Quimbo. Después habla el profesor Miller en nombre de Asoquimbo explicando las irregularidades del proyecto. En su larga intervención, señala que ya desde hace mucho tiempo la procuraduría había advertido que: “No es conveniente que se inunde una de las mejores tierras cuando se considera que el Huila es pobre en tierras productivas”. Miller continúa su intervención y señala que debería existir una audiencia pública para rectificar la licencia ambiental, ya que no se han realizado los estudios técnicos, ni científicos correspondientes con respecto a la valoración económica del impacto ambiental, los cuales fueron ordenados después de que fuera entregada la licencia ambiental.

Los afectados desconocen los estudios ya que en ningún momento fueron socializados, lo que hizo que se iniciasen las obras sin darse el proceso de reubicación y de asentamiento de comunidades como Domingo Arias. El profesor, por último, señala que ha existido una constante presión a las comunidades para que vendan sus tierras y opten por la reubicación y el reasentamiento como primera opción.

–

LAS COMPENSACIONES ‘CONDICIONADAS’

El 26 de febrero en Río Loro, Lucio Rubio, un hombre alto de unos 60 años me pregunta lo siguiente: “¿qué hago doctor?, yo siempre me he opuesto al proyecto de la hidroeléctrica, pero si no firmo el papel de Emgesa, me quedo sin nada”. Después de varios años de lucha en contra de la represa del Quimbo, Lucio siente que debe ceder a las presiones de la multinacional y firmar una concesión que recompensa todo su patrimonio material y moral con la suma de 25 millones de pesos colombianos (unos 13.500 dólares). Sin embargo, en caso de que Lucio firme el documento no le van a dar los 25 millones en efectivo, sino que debe presentar un curso en el Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje) sobre algún oficio (no necesariamente en lo que él se ha desempeñado por años) y después de 3 años, luego de presentar un proyecto productivo avalado por una entidad bancaria, Lucio podrá recibir el capital semilla para continuar el proyecto productivo.

Lucio no sabe esto porque el manual de compensación nunca fue socializado y fue gracias a Elsa, una de las líderes de Asoquimbo, que tuvo acceso al documento, quien a su vez lo había recibido de Julio Santa Fe, no sin antes mostrar un gesto de mala fe (los pobladores del Quimbo le dicen a Julio Santa Fe, Julio mala fe, por la forma despectiva como se refiere a sus “ranchos”). A Lucio le esperarían 3 años para recibir su indemnización y endeudarse con un banco para empezar un proyecto productivo. Lucio, al terminar la conversación conmigo, se va desanimado con las mismas incertidumbres del principio, con la misma angustia y a la espera de que algo pase, pero que no termina por ocurrir. La espera, la eterna espera de los habitantes del sur del Huila.

–

UNA HISTORIA CONTRA LA LEGALIDAD

El profesor Miller continúa su intervención y sigue explicando las graves irregularidades en el proceso de concesión de la licencia ambiental como lo que se refiere al patrimonio arqueológico que obligó al Instituto Colomiano de Antropología e Historia (Icanh) a suspender las obras. Sin embargo, dos días después el Icanh reversó su decisión (¿En dónde está nuestro patrimonio arqueológico?). El profesor Miller cuenta cómo la científica climática Alian Payet, directora del programa Internacional Rivers, señala que el proyecto hidroeléctrico del Quimbo no sea certificado según ella “porque el costo socio económico ambiental y cultural no compensa los beneficios para la sociedad huilense y en su implementación está desconociendo recomendaciones de la comisión mundial de represas en particular la omisión de la participación de los afectados, el desconocimiento de la normatividad ambiental y de procedimientos legales en el procesos de licitación y licenciamiento de convenios y tratados firmados por Colombia en el ámbito ambiental y lo altos riegos de fallas geológicas que se están viviendo en el territorio”. Sin embargo, el proyecto sigue su cauce, aunque el mismo río se niegue a ser desviado.

La intención de hacer una hidroeléctrica en el Quimbo no es reciente. Su historia se remonta a 1997, cuando la licencia ambiental fue solicitada por primera vez y fue negada por considerarse, entre otros factores, que no se podían inundar las zonas fértiles de un departamento que tiene pocas tierras de esas características. La iniciativa continuó y finalmente en el Gobierno de Álvaro Uribe, mediante la Resolución 321 de 2008, se da la declaratoria de utilidad pública del terreno para la obra, incluso sin tener aún la licencia ambiental. Esta resolución permite que una empresa privada expropie a los dueños de predios necesarios para la realización de la obra.

Recientemente se ha producido una serie de movilizaciones sociales que se han dado por medio de las redes sociales virtuales y que empezaron el 14 de febrero con pocas personas hasta llegar a las movilizaciones del 14 de marzo.

Poco a poco se han sumado más simpatizantes a la causa, y esto en gran medida gracias al impacto que tuvo el video que circuló en internet llamado “El video que el gobierno colombiano no quiere que veamos”, editado por Bladimir Sánchez, en donde se muestra los abusos de la fuerza pública del Esmad desalojando a los pescadores del río Magdalena y como uno de ellos pierde un ojo en los enfrentamientos. Este video causó un gran impacto e incentivó una mayor movilización social no sólo en el Huila, por medio de Asoquimbo, sino en Cali, Medellín y Bogotá.

–

RÍOS PARA LA PAZ

Las marchas y plantones han sido encabezados por estudiantes y ambientalistas quienes por medio de expresiones artísticas claman por que se pare el proyecto en vista de las graves repercusiones ambientales que significa el desvió del río Magdalena. Con consignas como “Ríos para la paz no para la muerte” se parte de una conciencia del territorio que trasciende la misma situación del Quimbo y nos plantea una forma de activismo político desde una base ciudadana que defiende el río Magdalena como una patrimonio que es de todos los colombianos. Sin embargo, algunos columnistas desde su ignorancia supina, tachan estas movilizaciones como “ecoterroristas” y descalifican las movilización social con el análisis cliché y facilista que las movilizaciones por el Quimbo están siendo infiltradas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que parece más un discurso repetitivo propio de la era de Uribe y no de la realidad que vivimos en la actualidad que pasa por apropiarnos y comprometernos como ciudadanos frente a la explotación de los recursos naturales del país.

–

PREGUNTAS CONTRA MITOS

La pregunta que surge es la siguiente ¿Es realmente necesario inundar un territorio de más de 8.000 hectáreas, desalojar a unas 2.500 familias, borrar del mapa una zona con gran biodiversidad y riqueza arqueológica para hacer una hidroeléctrica que ni siquiera va a beneficiar a los pobladores (en donde pagan la energía más cara)?

¿Qué estamos entendiendo por “desarrollo” y “progreso” en la locomotora que más parece del siglo XIX que del siglo XXI en la que nos estamos montando, muchas veces sin ser consultados?

Los mitos del desarrollo a través de la explotación de materias primas continúan en países llamados (o inventados) del “Tercer Mundo” como si todavía viviéramos en la explotación del caucho. En tiempos donde el auge de los megaproyectos y la explotación de recursos naturales está en auge, no sólo en Colombia sino en todo el mundo, resulta necesario replantearse los costos ambientales, sociales, culturales y económicos frente a lo que significan este tipo de proyectos.

Al parecer hemos naturalizado la idea de “bien público” y de “progreso” que los “expertos” sostienen a veces con arrogancia y superioridad. Por estas razones, en los hechos, ni la sociedad civil, ni los campesinos tienen derecho a manifestarse «porque o son ignorantes o están infiltrados por las FARC». Es hora de que la sociedad civil se ponga de cara al país y no solo seamos unos ciudadanos pasivos útiles en época de elecciones, cuando nos ponemos camiseta con logos de “prosperidad”, “progreso” y “verdes”. Es hora de preguntarse ¿Qué tipo de “prosperidad” y de “progreso” realmente queremos y qué es lo que estamos, en realidad, entendiendo por “bien público”? Aunque los llamados “expertos” nos hagan una mueca de obviedad y descalifiquen las preguntas que les hacemos, es necesario seguir cuestionando y preguntándose por lo que para los otros resulta tan obvio.

Por Sebastián Gómez

Publicado en Otramérica