Minera canadiense actúa impunemente bajo el amparo de jerarca del gobierno mexicano

De acuerdo con el juicio popular de las asambleas general y ejidal de la comunidad zapoteca San Pablo Güilá, en Oaxaca, México, los proyectos mineros han provocado asesinatos y conflictos entre comunidades, así como la creación de grupos delictivos y daños al medio ambiente.

Ante estos hechos, diferentes organizaciones decidieron denunciar, mediante un juicio popular, al los gobiernos estadal y  federal por permitir que se violenten los derechos de los ciudadanos y se apoderaren de sus territorios, lo que produce daños en el medio ambiente y desestabiliza las comunidades.

La asamblea dio un «no» a la compañía canadiense Fortuna Silver Mines, que pretende explotar una mina de oro en su territorio, ante la contaminación que causará al medio ambiente,  especialmente en la tierra y en el agua. Esta población indígena se dedica casi por completo a la agricultura, reseña el comunicado.

La compañía canadiense empezó en 2013 los trabajos de exploración en el paraje Lom Ru Min (Boca de la Mina), para constatar la existencia de yacimientos de oro. Ante el hallazgo, los habitantes se preocuparon porque no tenían conocimiento de la presencia de la minera, ni habían otorgado su permiso para que se hicieran trabajos en sus tierras, por lo que la asamblea  decidió que no se aceptaría la mina.

Después de esto, Fortuna Silver Mines dejó de intentar ingresar a esta comunidad zapoteca hasta principios de este año, a través de la intervención del entonces secretario de Asuntos Indígenas de la administración estatal, Francisco Montero López.

Para convencer, el funcionario ofreció que Fortuna Silver Mines, a cambio de la autorización para la explotación minera, apoyaría a San Pablo Güila con la pavimentación de calles y el mejoramiento de las escuelas, así como en la introducción de la energía eléctrica y el drenaje.

“Eso fue lo que propuso, a pesar de ser una institución que está para defender los derechos de los pueblos indígenas. Pero, no se aceptó y mejor le pedimos que se vieran otras opciones de apoyo, especialmente la producción del campo”, sentencian representantes de la comunidad indígena.

Daños en Oaxaca

El comisariado de Bienes Comunales de El Vergel, José Juárez Cruz, sostuvo que una serie de localidades indígenas se han unido y organizado en defensa de su territorio y sus recursos naturales. «Estamos en una organización de muchos ejidos luchando por el bien de nuestra gente, de nuestro territorio y nuestra fauna», dijo.

Mencionó que se busca encauzar por la vía legal la lucha de las comunidades, ya que, según señalaron, durante años las instancias locales los han ignorado.

Entre las principales afectaciones destacaron la contaminación del suelo, aire y agua, la invasión y despojo de sus predios y las múltiples violaciones a derechos humanos de los habitantes, además de asesinatos e intimidación de activistas sociales en defensa del territorio.

Entre los que impulsan el juicio son autoridades agrarias de San Pablo Guilá, Santa Catarina Minas, San José del Progreso, entre otras comunidades.