Almaden Minerals, empresa canadiense, dio a conocer que inició un procedimiento internacional de arbitraje contra el gobierno de México para reclamar 200 millones de dólares para resarcir los daños económicos por cancelación de concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán, Puebla, las cuales ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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La transnacional, que tiene como subsidiaria a la firma mexicana Minera Gorrión, firmó que el pasado 14 de marzo avisó a las autoridades del país sobre su inconformidad por presuntas violaciones al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp).
Tras la referida notificación, la minera presentó una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (“CIADI”), el 27 de junio.
En la queja, argumentó que México violó obligaciones legales al impedir el proyecto Ixtaca al anular las concesiones mineras avaladas en 2003 y 2009, por las que tuvo pérdidas millonarias.
El recurso legal dictó que las autoridades del país provocaron que se anularan las concesiones porque no se realizó una consulta previa con las comunidades indígenas sobre el proyecto minero.
Cabe recordar que los pobladores de la localidad de Tecoltemi emprendieron un litigio con una duración de 8 años en el que denunciaron que no fueron consultados para autorizar la instalación de la empresa minera en su localidad.
Posteriormente, en 2022, la SCJN declaró la invalidez de las dos concesiones otorgadas a la firma Almaden Minerals, que buscaba explotar oro y plata en Ixtacamaxtitlán.
Mientras que el 2023, la Corte cumplió el fallo, una vez que la Secretaría de Economía declaró inviable dar los títulos de concesión minera «por no ajustarse a la Ley Minera y a su Reglamento».
Pero la empresa minera afirma que el estudio de factibilidad terminó en 2018 y el proyecto estaba “listo para convertirse en un éxito significativo para los accionistas, las comunidades locales y México”.
De acuerdo a Duane Poliquin, presidente del consorcio internacional, México incluso retrasó y después negó la expedición del Manifiesto de Impacto Ambiental por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El proyecto Ixtaca ha causado polémica debido a que las comunidades indígenas y defensoras del medio ambiente, denuncian daños y violaciones a los derechos al agua, al medio ambiente y a la salud; exigen que éste no se realice.
Es necesario mencionar que la suma económica que exige la empresa canadiense aumentará porque los 200 millones de dólares son sólo una estimación inicial de los daños.
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