Esta semana el Gobierno ingresó 27 indicaciones al proyecto que reforma el Código de Aguas, que está siendo revisado por la comisión Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado. Las modificaciones vienen a responder a las presiones de la Sociedad Nacional de Agricultura y el Consejo Minero.
Uno de los puntos más relevantes presentados por el Ejecutivo, tiene relación con la reposición del carácter indefinido de los derechos de agua, lo que asegura el control del recurso por parte de sectores privados. De hecho, fue el jefe de la Dirección General de Aguas (DGA), Carlos Estévez, quien sostuvo en la Comisión del Senado que para «despejar cualquier duda interpretativa del régimen (vigencia y duración) aplicable a los derechos constituidos con anterioridad a la vigencia de la reforma: seguirán siendo indefinidos en el tiempo».
Al respecto, el vocero del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (MODATIMA), Rodrigo Mundaca, sostiene en conversación con El Ciudadano que «este proyecto de ley estaba enfocado sólo al 10% del agua que faltaba por entregar, es decir, un proyecto que no tocaba el 90% de la propiedad privada del agua. Entonces era un proyecto incompleto». En ese sentido, agrega que la iniciativa no se refiere a un punto esencial en esta discusión: «En la Constitución se consagra la propiedad privada de las aguas, lo cual no se toca. Eso hace insustancial al proyecto».
La crítica del vocero de MODATIMA apunta a que las indicaciones que presentó el Gobierno desvirtúan el espíritu original del proyecto, que si bien no cumplía con las aspiraciones de la ciudadanía frente a los abusos de los grupos en esta materia, sí tenía cosas buenas, como «priorizar el agua de subsistencia o el tema de restitución de caudales ecológicos».
Rodrigo Mundaca
De esta manera, Mundaca recalca que «con las 27 indicaciones del Gobierno, se termina por desnaturalizar el proyecto». Esto es argumentado por el dirigente con el siguiente desglose: «Primero, se vuelve al concepto de derecho de aprovechamiento, que deja en letra muerta el cambio de derecho de aprovechamiento por el de concesión; segundo, se elimina el concepto de caudales ecológicos, el que no se encuentra salvaguardado en aquellos ecosistemas que se encuentran fragilizados; tercero, elimina la priorización de agua de subsistencia, que es una cuestión elaborado en el proyecto original, esto afecta a sistema de abastecimiento de agua potable rural, comunidades indígenas y pequeños campesinos».
A lo anterior se debe sumar que «este proyecto mantiene las aguas del minero, lo que significa que la minería no tiene que informar a la DGA ni pedir permiso de aprovechamiento. Esto es claramente un reflejo de lo malo que queda este proyecto».
«Lo que hace el Gobierno es ratificar lo que dijimos desde que se presentó la reforma al Código de Aguas: Que sería consensuado con los poderes fácticos, con la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y con el Consejo Minero. Lo que hacen estas indicaciones es darle a ellos garantías de que la propiedad privada del agua se mantiene inalterable», finaliza el dirigente medioambiental.
@joserobredo
El Ciudadano
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