Monsanto ingresó este mes un proyecto de expansión de su planta de tratamiento de semillas transgénicas e híbridas, ubicada en Paine, al sur de Santiago, en el Servicio de Evaluación de Ambiental, bajo la figura de Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
La industria no entregó un estudio de evaluación de los impactos de la programada expansión, asegurando que no son importantes. Esta es una táctica habitual en los megaproyectos, que en ocasiones es descubierta a tiempo por los afectados y/o por el Estado. Los habitantes de la localidad desconocen el proyecto, al que los ciudadanos comunes no logran acceder en la web del servicio ambiental, ideada para uso por técnicos más que por cualquier interesado.
Con una reputación cada vez peor en Europa, la transnacional no logró imponer allí los cultivos transgénicos y ve cuestionado en Francia y Alemania su producto estrella, el cancerígeno herbicida glifosato.
Por eso, esta industria productora de agrotóxicos y transgénicos pretende utilizar América Latina como cabeza de playa para recuperar sus ganancias, que vienen cayendo en los últimos meses. Aquí cuenta con el apoyo de las autoridades de turno. En el primer semestre del año pasado, Monsanto ganó 810 millones de dólares, un 51,4% menos que en igual período del año anterior, y aunque en el segundo trimestre mejoró, su caída llegó a un 25,4% menos de ganancia, según informó recientemente Europa Press. En Chile, los cultivos de semillas transgénica de exportación bajaron considerablemente en los últimos años, llegando en la temporada 2015-2016 a ocupar tan sólo 9.582 hectáreas, lo que podría de estar relacionado con estas pérdidas. En los años dorados de la transgenia, se llegó a cifras por sobre las 25.000 hectáreas. Pero hoy, los países informados y con ciudadanía activa, vienen de vuelta del boom de los cultivos transgénicos y la demanda parece haber bajado.
Participación ciudadana
Las organizaciones y ciudadanos de la localidad campesina de Paine, tienen plazo hasta el viernes 15 de abril para solicitar ser incluidos en el proceso de participación ciudadana sobre el proyecto de expansión de la planta de Monsanto ubicada en su territorio. En sus estudios, la radio La Voz de Paine está inscribiendo, de 10.30 a 18 horas, a todas las organizaciones y personas que deseen formular observaciones a la iniciativa de la industria. En el proceso buscarán establecer los daños a la salud y el ambiente ya generados por el funcionamiento de las instalaciones actuales, una suerte de línea de base de lo que ya se ha perdido. En los consultorios locales existe preocupación por la alta incidencia de problemas de salud mental, cáncer y malformaciones congénitas en usuarios ligados directa o indirectamente a la planta de Monsanto, donde se selecciona y acopia la semilla de maíz transgénico que se exporta como grano, previo tratamiento con agrotóxicos.
La DIA es un proceso muy rápido y que no contempla legalmente participación ciudadana, la cual es obligatoria sólo en los casos en que un proyecto ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Monsanto contrató una firma consultora para implementar la participación ciudadana y convencer a los habitantes de las “bondades” del proyecto. A través de la consultora, La Voz de Paine tuvo las primeras noticias sobre un proyecto que para los más informados, no presagia nada bueno. En Paine Monsanto tiene más de 40 hectáreas, desde luego ubicadas lejos de la plaza del pueblo, la cual pertenece a Lucía Hiriart y su “emprendimiento” CEMA Chile. Pero en Paine funcionan también una Cooperativa de Productores Agroecológicos y paralelamente varios productores orgánicos que forman parte del PRODESAL local. El alcalde Diego Vergara y el Concejo Municipal no han dicho nada hasta ahora y se ignora cuáles son los compromisos que se han establecidos desde que en el año 2013 la municipalidad firmó un convenio con la empresa.
Las debilidades de la participación ciudadana a nivel legal quedan de manifiesto frente a este proyecto, donde hay una notoria asimetría entre las partes involucradas respecto del acceso a la información y los tiempos requeridos para analizar complejos proyectos de inversión.
Existe preocupación en Paine porque se desconoce el verdadero carácter del proyecto de expansión de Monsanto. En Argentina esta industria, ya conocida por el impacto negativo de Roundup, su cancerígeno producto estrella, no logró construir una planta anunciada como «la más grande de América Latina» en el barrio Malvinas Argentinas, de Córdoba. Los terrenos del proyecto fueron ocupados por decididos pobladores del lugar, que establecieron un “acampe” y demandas judiciales que impidieron su avance. Un eventual traslado de ese proyecto a Paine no se descarta. Monsanto calla.
El TPP y la semilla
Aun disfruta Monsanto la ratificación del Tratado Transpacífico TPP por la Presidenta Bachelet , que por esa vía aseguró a la empresa la aprobación de la Ley Monsanto (de obtentores vegetales) retirada del Senado en 2014. El TPP, en cuya redacción participaron Monsanto y los lobbystas de la industria biotecnológica, obliga a Chile a ratificar el convenio UPOV 91, para lo cual el gobierno deberá resucitar esa ley que había sido abortada por la presión social y está asociada al Convenio UPOV91. Pero la transnacional no descansa. Siempre quiere más y ya no disimula, alentada porque de aprobarse el TPP, estaremos en realidad bajo su gobierno, el de las transnacionales.
Uno de los artículos del proyecto establece un comité especial de inversores que supervigilará los proyectos de ley actuales y futuros relacionados con el comercio agrícola. La expansión de la planta permitirá que Monsanto se haga más fuertes en sus cuarteles graneleros de Paine.
Pero en la localidad, la comunidad ya logró detener en 2014 un proyecto que también empezó con una declaración de impacto ambiental que ocultaba los verdaderos alcances de la iniciativa impulsada por la CCU: una planta que amenazaba su suministro de agua . La declaración de impacto ambiental de la empresa del grupo Luksic fue rechazada por el Servicio Ambiental. Los habitantes de esta ciudad, organizados en el Comité “No a la CCU” exigieron la realización de un estudio de impacto ambiental, y lograron detener el proyecto de esa empresa del grupo Luksic mostrando una gran capacidad de organización y lucha. Ahora, en su reacción contra la expansión de Monsanto que los convertiría en una nueva zona de sacrificio, sin duda recogerán las lecciones aprendidas de esa experiencia y serán apoyados por los defensores de la semilla campesina y del buen vivir.