Morfología del saqueo: el silencioso avance de la minería en Chiloé

Durante estos últimos años se viene dando un silencioso y peligroso avance de concesiones de explotación y exploración minera sobre Chiloé. Playas, turberas y diversos sectores de la costa y el interior de la isla grande aparecen ligados a un Rut en el catastro minero del Servicio Nacional de Geología y Minería [Sernageomin]. La morfología del saqueo va tomando forma cuando podemos constatar que el código minero no colocaría mayores trabas para que sean destruidas playas de gran valor turístico y patrimonial como las de Cucao, Chanquin, Chepu, Pumillahue, Toigoy, Mar Brava, Guabún, entre otras. La explotación industrial de turberas y el aseguramiento bajo concesión de una serie de megaproyectos eólicos también forman parte de la instrumentalización del código minero para seguir profundizando un dramático y violento proceso de acumulación neoliberal en el archipiélago.

El Centro de Estudios Sociales de Chiloé, basándose en el catastro minero del Sernageomin, publicó una serie de mapas donde se evidencian las concesiones de explotación y exploración minera presentes en la isla grande.

Hacer click imagen

Pero, ¿ por qué es peligroso el avance de las concesiones mineras sobre Chiloé?. Veamos.

Según el artículo 2 de la ley 18.097 del año 1982, “las concesiones mineras son derechos reales; distintos e independientes del dominio del predio superficial, aunque tengan un mismo dueño; oponibles al Estado y a cualquier persona”, el artículo 7 consagra que “todo concesionario minero tiene la facultad exclusiva de catar y cavar en tierras de cualquier dominio con fines mineros dentro de los límites de la extensión territorial de su concesión, sujeto a las limitaciones que establece la ley”. Es decir, si otra persona (natural o jurídica) posee una concesión minera bajo un predio particular, prevalece la concesión minera,  pasando a llevar los derechos del propietario del terreno, más aún cuando se trata de personas que no tienen los medios para informarse y defenderse de la aplicación de esta ley.

Actualmente Chiloé se ve enfrentado al avance de tres tipos de concesiones:

1. Concesiones de explotación minera solicitadas por especuladores mineros, como María Teresa Cañas Pinochet o Juan José Quijano Fernández. Este último posee concesiones en gran parte de las playas del océano pacífico. Playas que actualmente poseen concentraciones de hierro, oro y otros minerales que pueden ser explotados. De igual forma destaca la presencia de la empresa minera australiana South American Iron & Steel, cuyas filiales chilenas son Inversiones Arenas Claras Ltda., Inversiones Aconcagua Ltda. e Inversiones Arenas Maullín Ltda., las que buscan iniciar proyectos mineros en la zona de Putú (región del maule), Chañaral (región de atacama), Maullín y Guapilacuy, Ancud (Chiloé).
2. Concesiones de explotación minera para el recurso Turba, ubicadas en el interior de la isla grande de Chiloé. Este hecho es particularmente grave debido a que las turberas son los más importantes reservorios de agua de Chiloé. Constituyen ecosistemas únicos, formados por una matriz superficial continua de musgos del género Sphagnum (pompón), sobre una profunda capa de materia orgánica o turba. La explotación industrial de las turberas mediante concesión minera es uno de los principales factores que tienen a Chiloé bajo una profunda crisis hídrica.
3. Concesiones de exploración minera solicitadas por empresas transnacionales de energía eólica, que buscan asegurar la viabilidad jurídica y económica de sus proyectos solicitando el subsuelo, dado que la constitución política de 1980, reguló minuciosamente la propiedad minera, elevando a nivel constitucional las obligaciones y limitaciones a que están sujetos los predios superficiales para facilitar la ejecución de la concesión. Por esta razón las empresas de energía eólica han solicitado enormes extensiones de concesiones a fin de no tener inconvenientes a la hora de instalar sus líneas de transmisión sobre predio cualquiera, estrategia ya utilizada por empresas hidroeléctricas como Hidroaysén y otras inversiones energéticas a lo largo de todo el país.

El antidemocrático Código Minero que rige hoy en el país hace que cualquier lugar, a excepción de las áreas urbanas, sea susceptible de concesión minera. En Chile, estos derechos están por sobre otro tipo de propiedad; y con preferencia sobre cualquier otra actividad productiva o económica.

Esto se debe al sentido que hay tras este código, que no es otro que el de asegurar la inversión extranjera para la explotación de diversos territorios. Recordemos que Ley Minera fue creación de José Piñera, hermano del expresidente, a comienzos de la década del ´80. Su gran objetivo lo explica el propio José Piñera, en su página web del Cato Institute.

“El desafío para 1981 era elaborar una legislación de rango constitucional que asegurara derechos sólidos de propiedad en el emblemático y potencialmente rico sector minero (…) Para los inversionistas privados este aspecto era de gran importancia dada la historia de confiscaciones en los países con recursos naturales, y especialmente la experiencia de 1971 en Chile”, explica.

Lo lamentable, pero no así extraño, es que hasta la fecha ningún gobierno “democrático” ha tenido la voluntad de iniciar un proceso de modificación sustancial de esta Ley dictatorial. Es más, el sentido extractivista de la política de Estado se ha venido afianzando desde el año ´90. La gravedad de todo esto es que para (cada vez más) territorios como Chiloé, Caimanes, Ventanas, el Valle del Huasco, Freirina, etc. la “democracia” no es más que una garantía para la imposición de megaproyectos inconsultos y arbitrarios. Es el trato radicalmente objetual que ha marcado las relaciones del Estado y el mercado con vastos territorios.

No obstante, la geografía del saqueo y la narrativa descorazonada del progreso y desarrollo neoliberal, después de décadas de libertinaje en Chiloé, comienza -desde hace algunos años- a ser enfrentada. Aún es tiempo. Remen, remen, boteros contra el viento.

NO A LA EXPLOTACIÓN MINERA EN EL ARCHIPIÉLAGO.

Eduardo Mondaca es Investigador del Centro de Estudios Sociales de Chiloé / CESCH