Motosierra Ambiental: Parlamentarios y Organizaciones Socioambientales se manifiestan en contra de proyecto de ley de Permisos Sectoriales

Oganizaciones sociambientales y parlamentarios se manifiestan en contra de la "Ley de Motosierra Ambiental", la cual busca acelerar la aprobación de proyectos de inversión sin considerar a las comunidades. Este es el proyecto de ley que busca eliminar la "permisología".

Motosierra Ambiental: Parlamentarios y Organizaciones Socioambientales se manifiestan en contra de proyecto de ley de Permisos Sectoriales

Autor: Javier Pineda

El miércoles 9 de abril, organizaciones socioambientales a nivel nacional acudieron a una rueda de prensa en la Sede del Parlamento en Valparaíso, hito gestionado por la Diputada ecologista Viviana Delgado y quien en su intervención reafirmó su completa oposición al proyecto de Ley de Autorizaciones Sectoriales (Boletín N° 16566-3) -denominado “Ley de Permisología”- en conjunto con un grupo de parlamentarios: Camila Musante, Hernán Palma, Ericka Ñanco, Ana María Gazmuri, Jaime Mullet y Félix González

Unánimemente exigieron al gobierno el retiro inmediato de la suma urgencia a dicho proyecto de ley, el cual pretende supuestamente agilizar los trámites de permisos para proyectos de inversión en Chile y es parte del paquete normativo llamado “Pacto Fiscal” compuesto también por los proyectos de ley de Reforma a la Institucionalidad Ambiental y de la Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas. Estos proyectos de ley, a juicio de los ambientalistas lo que realmente buscan es la eliminación de las ya débiles normas ambientales actuales, la eliminación de la participación de los habitantes de los territorios y la criminalización de los integrantes de organizaciones que defienden su biodiversidad.

Es importante señalar que en dicho punto de prensa, organizaciones socioambientales y ecologistas acompañaron a los y las diputadas presentes, quienes también expresaron su preocupación con el proyecto que busca acelerar la inversión en Chile.

El Ministro de Economía, Nicolás Grau, justifica el proyecto de ley con la reducción del tiempo de tramitación entre un 30% y 70%”, según lo declarado en entrevista con La Tercera. Sin embargo, Ezio Costa, Director Ejecutivo de FIMA en una entrevista a CIPER, explicó que los retrasos se deben a la responsabilidad de las propias empresas: “(…) la mayor cantidad de tiempo de tramitación se produce por suspensiones que piden los dueños de los proyectos. Los dueños de los proyectos presentan un documento, un estudio o una declaración, se les pide que arreglen los problemas que tienen y ellos piden suspensión y suspenden a veces seis meses, a veces un año, entonces se infla la cantidad de tiempo», afirmó Costa.

Para la Asamblea Ecologista de Chile dicho proyecto presenta claras evidencias de que su finalidad sería que el gran empresariado nacional e internacional puedan implementar sus proyectos e inversiones sin limitación alguna. Además, reflexionan que hay numerosos registros de empresas que se saltan el marco regulatorio ambiental, calificando a estos proyectos de ley como una «motosierra ambiental».

Anteriormente el proyecto se encontraba con urgencia inmediata, pero durante esta semana se cambió a suma urgencia. Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en el segundo trámite constitucional en el Senado y, una vez votado, regresaría a la Cámara de Diputadas y Diputados para el tercer trámite constitucional.

Intervención de las organizaciones

Camila Zarate, integrante de la Asamblea Ecológica y del Movimiento por las Aguas y los Territorios (MAT), afirmó que “esto es una verdadera motosierra ambiental, que pretende sustituir la evaluación ambiental por simples declaraciones juradas, aprobar por simple silencio administrativo o por decisión de los ministros de turno”. Agregó que «el Ministro Grau miente cuando dice que no afectará al medio ambiente«.

Alejandra Parra, integrante de Alianza Basura 0 y de la Red por los Derechos Ambientales, expresó que “estamos sufriendo una crisis climática en nuestro país, pérdida de biodiversidad y también de contaminación, por lo que de aprobarse esta ley, la van a pagar el hijo del presidente, los hijos e hijas de quienes aprueben esta ley.” En su intervención llamó a rechazar por el bien de ésta y de las futuras generaciones.

Por su parte, la representante de la Costa Se Defiende, Claudia Aracena, indicó que “ya se están violando leyes de todo tipo. No hay criterios para la urbanización en la costa o sobre la contaminación de las aguas y no se nos escucha en las comisiones que ven estos temas en el Congreso. No se rechaza la inversión siempre que sea sustentable.”

Esta delegación de la Asamblea Ecologista de Chile representa a más de 200 organizaciones ecologistas a nivel nacional, las cuales han manifestado su firme compromiso de seguir luchando hasta lograr la eliminación de esta denominada ‘Ley de Motosierra Ambiental’. Este respaldo también se ha formalizado a través de una carta pública promovida por la Asamblea Ecologista de Chile, que actualmente cuenta con 209 organizaciones firmantes.


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