6 personas entre operadores y ayudantes que trabajaron en la construcción de la planta Valdivia de Celulosa Arauco (Celco) durante el 2004, recibieron fuertes dosis de radiación ionizante. Más del doble de los límites legales permitidos, según aclaró el jefe de difusión y extensión, de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), Rosamel Muñoz.
No obstante, reconoció que no se trataba de un accidente radiactivo como el ocurrido en la planta de celulosa Itata de CELCO: “no ocurrió ningún accidente radiológico. En un momento dado estuvo operando más de una empresa en la misma planta (que usaban radiación gamma), lo que significó que los trabajadores profesionalmente expuestos (que tienen controles dosimétricos) recibieran una dosis de radiación superior a la permitida para un año de trabajo”.
El personero de la CCHEN insiste en que “lo que pasó en Valdivia no fue un accidente, ni un incidente radiactivo. Hubo una mala práctica laboral. Que no corresponde a CELCO, sino que atañe a las empresas de las que tenemos tuición”. Estas últimas son las que manejan instrumentos radiactivos de primera categoría, que son los más peligrosos para la salud humana y el medioambiente.
Según Muñoz, los afectados pueden haber llegado a acumular el doble de la dosis permitida, “pero son dosis muy bajas que no implican daño a las personas, ya que la ley es muy conservadora para proteger la salud humana”.
La CCHEN es la entidad responsable de realizar el control y fiscalización de la protección radiológica operacional en instalaciones radiactivas de gammagrafia y radiografía industrial. Luego de advertir la situación, el organismo exigió hacer una investigación e informar por escrito las razones de las exposiciones y separar a estas personas de trabajos con radiaciones ionizantes. El informe fue emitido con fecha 5 de septiembre del 2005 y lo curioso es que salió a la luz pública recién la última semana de abril.
En la ocasión, viajaron desde Santiago representantes de la CCHEN a la planta. Se entrevistaron con los afectados y revisaron los historiales dosimétricos, retirando luego a los individuos de la faena de gammagrafía para que, luego de un tiempo determinado, volvieran a acumular una dosis permitida por la legislación nacional.
El Departamento de Seguridad Nuclear de la Comisión solicitó algunos exámenes citogenéticos para los trabajadores que habían recibido dosis más altas en grado normal y esos análisis no arrojaron situaciones anómalas.
El Ciudadano consultó a Muñoz si estas situaciones deben informarse al Gobierno Regional o en su defecto al representante de Salud zonal. A lo que el funcionario responde: “La ley no nos obliga, cuando se detecta una situación operacional como esa. Entiendo que una vez detectado el problema, hubo una reunión con la autoridad de Salud de la región”.
Respecto a un posible problema medioambiental, Muñoz precisó que no hay daño por que “las fuentes que emiten la radiación gamma son cerradas y selladas. Entonces bajo ningún aspecto existe la posibilidad, en estos casos y en Itata, de que se produzca una contaminación ambiental. Además que estas fuentes radiactivas son sólidas y pequeñas y se encuentran dentro de un porta fuente”, precisó.
Consultado respecto a si CELCO maneja depósitos de material radiactivo, el funcionario de la CCHEN aseguró que no: “en el proceso de montaje de la planta CELCO, ésta subcontrata a empresas especializadas que realizan labores de control de calidad de la obras, pero no significa que CELCO tenga algún instrumento, en la fase de producción, que en su interior tenga alguna minifuente radiactiva. No me extrañaría que lo posean. Pero, son fuentes que corresponden a segunda y tercera categoría. Muchas industrias usan en sus procesos de producción equipos que tienen fuentes radiactivas”, dijo.
Aunque Muñoz no poseía el dato exacto de las firmas que trabajaban en la planta con radioactividad, mencionó que una de ellas era ITC, la misma que protagonizó el accidente en Nueva Aldea.
“CELCO NOS OCULTÓ INFORMACIÓN”
El 15 de diciembre de 2005, tres trabajadores de la Empresa Echeverría Izquierdo Montajes Industriales S.A., que laboraban en las obras del Complejo Forestal e Industrial (CFI) Nueva Aldea, que Celco construye en la comuna de Ránquil, Octava Región, se irradiaron al manipular una fuente radiactiva de Iridio-192 que se había desprendido inadvertidamente de un equipo de gammagrafía (instrumento usado para revisar la calidad de las soldaduras en piezas de metal), que era utilizado por la empresa Inspecciones Técnicas y Control de Calidad Limitada, ITC.
Uno de los compañeros de trabajo de los afectados, Aldo Arratia, muy alterado dijo a El Ciudadano que “Celco nos ocultó información a nosotros y a la gente de Valdivia”. Este hombre días atrás protestó contra CELCO subiéndose a una torre de 90 metros de altura (no siendo la primera vez) en las instalaciones que próximamente piensa poner en marcha el grupo Angelini, en la Octava Región.
Hoy uno de los 3 obreros afectados que trabajaba en Nueva Aldea ignorante del riesgo que corría su vida, se encuentra en Francia, hasta donde tuvo que ser trasladado dada la gravedad de su accidente. Allí se le practica un injerto de células madre provenientes de su médula ósea. En tanto, los restantes trabajadores son controlados periódicamente en un Hospital de Santiago donde son sometidos a exámenes de dosimetría biológica, técnica existente en la CCHEN, con el objeto de determinar de manera exacta la dosis de radiación a la que estuvieron expuestos y planificar el protocolo de salud al que deberán someterse.
ACCIDENTES SILENCIADOS
El Ciudadano se pregunta ¿Estaban los trabajadores de San José de la Mariquina al tanto de que se operaba con radioactividad en el área? ¿Qué responsabilidad tienen las empresas contratistas y cuál es el pago que debe asumir Celco?
Estos mismos cuestionamientos se hizo el abogado ambientalista, Alex Quevedo, quien dio a conocer el informe de la CCHEN sobre el caso de Valdivia.
El profesional criticó que la Comisión Chilena de Energía Nuclear advierta a Celco de irregularidades, pero cuando cursa multas se las haga a las empresas contratistas.
Quevedo confirmó las denuncias realizadas por el ex trabajador de la planta Nueva Aldea, Aldo Arratia, quien afirmó que en la planta de San José de la Mariquina, en nuestra región, hubo accidentes radiactivos que se habrían mantenido silenciados.
El jurista explicó que “en el fondo fue una advertencia que hizo la Comisión de Energía Nuclear, en septiembre de 2005, a la planta Itata para que tenga cuidado, porque en su instalación de la planta Valdivia hubo muchos obreros contaminados con radioactividad debido a que había muchos equipos funcionando en paralelo”.
El abogado agregó que durante la inspección realizada a las instalaciones radiactivas existentes en la faena del proyecto Nueva Aldea, en octubre del 2005, se detectaron situaciones irregulares que no cumplían los requerimientos de seguridad radiológica establecidos por la normativa vigente.
“En octubre hacen una visita a terreno a Itata y detectan que los operadores de los equipos radiactivos no cumplen las normativas y les dicen ‘tengan cuidado’. Entre las recomendaciones estaba tener un profesional en prevención de riesgo calificado para manejos radiactivos o accidentes radioactivos. Eso no ocurrió en el accidente del complejo Itata”, denunció.
El 17 de marzo del 2006 la CCHEN dictaminó las sentencias por el caso Itata, junto con un sumario de 600 fojas en el que se da a conocer en detalle el problema, sancionando a las empresas contratistas Sociedad Inspección Técnica y Control (ITC) Ltda. y Sociedad de Ingeniería e Inspección de Obras Domínguez Ferrer Ltda.
Por su parte, el hoy renunciado director regional de la CONAMA, José Luis García Huidobro reconoció que nunca les fue informada la situación ocurrida y añadió que sólo la conoció días atrás a través de un medio capitalino.
Recuadro
“Celco jamás nos informó que como trabajadores estaríamos rodeados de radioactividad, de todo este tema me enteré recién cuando la gente de la Comisión Nacional de Energía comenzó con las entrevistas a los operadores” nos cuenta un trabajador que participó en las obras y que por temor a las represalias prefiere reservemos su identidad.
Y es que el tema es grave, complejo y debe ser tratado con cuidado. La CCHEN conocía las irregularidades y el siguiente extracto que emana del Jefe del Departamento de Seguridad Nuclear y Radiológica, da cuenta de ello, en la visita que se hizo a la planta de Mariquina: “En esas oportunidades se pudo comprobar en terreno que había una cantidad apreciable de empresas que estaban desarrollando funciones de gammagrafía industrial en dicha faena. Con posterioridad y al término de las faenas de radiografiado, en las inspecciones de rutina a las empresas que trabajaron en dicha planta, se detectó una cantidad importante de operadores y sus ayudantes de gammagrafía que habían recibido dosis de radiación ionizante que superan los límites legales permitidos.
Como está establecido en los procedimientos aprobados a cada empresa, se les exigió hacer una investigación e informar por escrito las razones de tales sobreexposiciones, como también de separar a estas personas de trabajos con radiaciones ionizantes.
Como parte de la evaluación que realizó la CCHEN se les exigió un examen citogénico a los trabajadores que superaron notoriamente el límite legal, aprovechando la ocasión para entrevistar a cada uno de ellos.
Las conclusiones del análisis de la información recopilada indican que las sobredosis de radiación se debió principalmente a la gran cantidad de empresas trabajando simultáneamente en lugares continuos, como a la alta presión para reducir el tiempo de trabajo de las obras”.
Al parecer al magnate sólo le interesaba reducir costos de operación y hacer funcionar cuanto antes y a cualquier precio, otro de sus gigantes depredadores de la naturaleza.
Por Bruno Sommer y Mauricio San Cristóbal
El Ciudadano