La controversia por la instalación del Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales (CIGRI) de la empresa Ciclo en la comuna de Til Til ha generado un intenso debate entre la comunidad y las autoridades que validaron la continuidad del proyecto, lo cual habla de un problema político y social, al mismo tiempo.
Sin embargo, el componente sanitario y medioambiental asociado a proyectos de esta magnitud invita a pensar en las posibilidades del país en materia de tratamiento de desechos, sobre todo luego de que la OCDE cifrara en apenas 1% la proporción de basura reciclada en Chile y el gasto en servicios de recolección de las capitales regionales y de las comunas del Gran Santiago ascienda a $73 mil millones, según reportó Ciper en 2015.
Los números rojos de Chile
En el año 2015, el Ministerio del Medio Ambiente informaba que en Chile se generaban casi 17 millones de toneladas de residuos sólidos al año (6,5 millones domiciliarios), de los cuales apenas el 10% se reciclaba.
Los datos desagregados de Medio Ambiente indicaban que el reciclaje se aplicaba para un 2% de grandes y pequeños electrodomésticos, un 5% de los neumáticos, un 7% de las baterías, un 17% de los equipos de informática, un 50% de aceites y lubricantes y un 80% de papeles y cartones.
Al año siguiente, las cifras de la cartera mantenían los 17 millones de toneladas anuales de residuos (7 millones domiciliarios) y el 10% de reciclaje.
En octubre de 2016, Greenpeace informó que cada persona en Chile produce 456 kilogramos de basura anualmente, lo que pone a la angosta faja como el país que genera más desechos per cápita en Sudamérica.
En el listado de la región, Brasil aparece con 383 kilos por habitante, Uruguay con 376 kg, Panamá con 343 kg y Argentina con 341 kg.
Ley de fomento al reciclaje
Desde junio de 2016 se encuentra vigente la ley 20.920, que establece un marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje. Esta normativa obliga a los fabricantes de ciertos productos, a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de ellos.
El objetivo de esta ley es disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización. Para ello obliga a todos los productores o importadores de «productos prioritarios» a hacerse cargo de ciertos bienes, una vez que terminan su vida útil. De esta forma, aquellos productos «inservibles» deben volver a las industrias donde fueron fabricados, o a las bodegas donde comenzó su distribución.
La ley 20.920 establece seis productos prioritarios: aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes, neumáticos y pilas.
Por otro lado, en su artículo 31, la normativa contempla un fondo para el reciclaje, destinado a «financiar proyectos, programas y acciones para prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, ejecutados por municipalidades o asociaciones de éstas».
Para el año 2017, este fondo concursable reparte $2.100 millones para proyectos que pueden competir en tres líneas: sensibilización ciudadana sobre la valorización de residuos y la recolección separada; promoción del conocimiento técnico municipal sobre manejo y valorización de residuos y desarrollo de proyectos de infraestructura para recolección, valorización y para adquisición de vehículos y equipamiento.
Otras experiencias
En 2013, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elaboró un listado que ordena a los países miembros según la proporción de residuos que destinan a reciclaje. Chile ocupa el penúltimo lugar, con un escaso 1%.
Encabezando la tabla aparecen Alemania (65%), Corea del Sur (59%), Eslovenia (58%), Austria (58%), Bélgica (55%), Suiza (51%), Suecia y Holanda (50%).
El informe de la OCDE fue construido con datos de 2012 que indicaban que de las 353 millones de toneladas de basura producidas en Alemania, casi 153 millones de toneladas fueron recicladas, 34 millones se destinaron a la recuperación de energía, 11 millones fueron incineradas y 63,8 millones llegaron a los vertederos.
Un artículo de El País detalló que los ciudadanos alemanes pagan un impuesto cuando compran envases de bebidas, pero es retornado a los contribuyentes si depositan el envase en perfecto estado en unas máquinas dispuestas en supermercados.
En Bélgica poseen un sistema que mezcla colores y tipos de envase, de modo que no se puede utilizar cualquier bolsa para recolectar la basura, puesto que hay un color para cada tipo de residuo.
Según apunta el ingeniero en medio ambiente y sustentabilidad de la Universidad Mayor, Nelson Urra, desde Chile se exportan pantallas de computador con tubos catódicos altamente contaminantes hacia Bélgica, «donde se hace un tratamiento de valorización, es decir, se recuperan los metales preciosos de esos tubos y se hace una recuperación de esos metales para reincorporarlo a la industria».
El caso más sorprendente se da en Suecia, país en el que apenas el 1% de la basura doméstica termina en un vertedero. El sistema desarrollado por los escandinavos se llama Waste To Energy («De basura a energía») y consiste en incinerar los desechos para producir calor mediante un filtro menos contaminante. Desde 2012 comenzaron a importar basura desde otros países, llegando a las 700 mil toneladas.