La empresa de Angelini no deja de comprar conciencias para poder instalar un ducto que vierta sus desechos al mar de Mehuín. Sospechosas visitas domiciliarias realizadas por personal de carabineros de civil a casas de dirigentes mapuche y mails que revelan una millonaria negociación por más de 4 millones de dólares del presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Valdivia (Fipasur), Marcos Ide, con la empresa Celco, mantienen en “alerta roja” a la costera población.
La comunidad -aparentemente comprable, para la gran empresa- dice no estar dispuesta a entregar el territorio marítimo a empresarios transnacionales, a cambio de solucionar temas sociales, aduciendo que no es tarea de los privados resolver los problemas del lugar.
Ernesto (mencionado así para proteger su identidad), dirigente lafkenche, dijo a El Ciudadano: “hemos visto la presencia de fuerzas especiales y un contingente de carabineros inusual en una comunidad pacífica que vive de la pesca artesanal, infundiendo dudas y temor entre nuestra población”.
En Mehuín, los pobladores saben de cada movimiento para instalar instrumentos de medición, “les haremos frente cuando invadan el territorio marítimo e ingresen buzos y barcos”, señala Ernesto. Sus palabras cobran certeza al recordar lo ocurrido el 12 de enero de 1998, cuando 200 embarcaciones evitaron el ingreso del remolcador custodiado por personal de la armada en ese momento, quienes al ver la amenazante actitud de los pescadores, decidieron retirarse. Eliab Viguera, exonerado de la Universidad Austral por apoyar el conflicto de 1998, es dirigente del Comité de Defensa del Mar y se opone a toda oferta hecha por Celco. La firmeza en su actitud permite que sea considerado confiable para la población local y asume esta lucha junto a otros dirigentes de sindicatos. “Es mucha plata lo que están ofreciendo, pero antes ofrecían una cantidad similar y la gente no estuvo dispuesta a dejarse sobornar”, argumenta.
Respecto a Marcos Ide, señala: “intentar negociar en nombre de Mehuín lo deja en serios aprietos, los pescadores le pedirán la renuncia. No descartamos la desafiliación de Fipasur. La excesiva confianza otorgada a los cabecillas que se tienen en la pesca artesanal es lo que Celco está aprovechando para llegar acá. Los ejecutivos no se atreven a hablar con los pescadores, en todo caso de ninguna forma aceptaremos sus limosnas”, sentencia.
En tanto para Ernesto, el gobierno es otro de los culpables: “queremos conseguir una entrevista con Michelle Bachelet, no han cambiado las relaciones entre la Concertación y el pueblo mapuche. Hay hermanos enjuiciados por ley antiterrorista; en Mehuín, la policía amedrenta a dirigentes, no sabemos los motivos; en el discurso del 21 de Mayo hubo un pronunciamiento respecto al pueblo mapuche, eso nos dice que actuaremos para defender nuestra fuente de vida, el mar, el bosque, los ríos. Declaramos una lucha permanente por mantener nuestra identidad mapuche. La señora Bachelet dijo que no quería encapuchados; muy bien, lucharemos a cara descubierta en este conflicto”, señala convencido.
Días atrás, llamó la atención la entrada de Investigaciones a un establecimiento educacional del sector. Arturo Araneda, director del Liceo aclara: “aún no he corroborado los dichos de los dirigentes respecto a consultas a alumnos que tienen nexo con los directivos. Puede ser que se hayan aprovechado, ya que llegaron consultando por un posible intento de aborto de una de las alumnas” asevera. “Nos entrevistamos con la fiscal de San José para que nos diera a conocer su parecer e interponer un recurso de amparo, sin embargo, ésta dejó sin efecto el proceso porque no existían pruebas contundentes. La intromisión de los agentes del Estado al colegio, las tomas de fotografías a las viviendas hechas desde la calle, no fueron suficientes. Ella declaró que si hay heridos se puede iniciar un proceso, antes no. Creemos que hay una complicidad y que se está preparando una represión en contra de los dirigentes. Podrán comprar todo por tierra, pero al entrar al mar se verán con nosotros”, enfatiza.
Otro De los actores de esta historia es el dirigente mapuche Alejandro Cañiulaf, que desde Valdivia forma parte de la asociación Mahuenco: “estoy denunciando las maniobras de Celco, porque nuestra intención nunca fue darle el paso al ducto, nosotros somos herederos de ese lugar y no queremos lugares contaminados”. Sobre el público apoyo prestado a la compañía señala: “eso no es tan verdad. Fue desvirtuado por el Diario Austral. Lo que sí dijimos fue que los hermanos mapuche de la costa siempre han vivido postergados, sus caminos nunca se les han arreglado y vieron la posibilidad cierta que la empresa financiara estos mejoramientos, pero no estaba establecido cambiarlo por el mar”, acota.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA ES PRO-CELCO
La compañía de Angelini ha utilizado distintos canales para imponer sus ofertas; el municipio de Mariquina ha sido uno de ellos: “que Celco contamina, estoy de acuerdo, pero mientras se le pueda sacar plata lo voy hacer”, dijo el concejal PRSD, Daniel Mitre, mientras respondía al llamado de atención hecho por el ex candidato a senador del PC Guillermo Tripailaf. Mientras que el UDI Valentín Seguel, se ufana: “cuando me piden algo en las comunidades, voy a la Celulosa, los jefes me tienen buena. Cuando hay puestos de trabajo, me llaman y yo busco a alguien. Así me gano los porotos con la gente y quedo bien parado en la empresa”; a su vez el alcalde (DC) Erwin Pacheco, señala “esta administración ha conseguido recursos en la empresa para electrificación e instalación de agua potable rural, la ampliación de la Biblioteca Gabriela Mistral y un bibliomóvil”. El gigante forestal ha repartido en las comunidades alimentos, invitaciones a las organizaciones para ver el proceso de industrialización de la planta, visita seguida de un suculento almuerzo; los colegios reciben materiales y capacitan a los profesores para que promuevan “una buena imagen de Celco” a estudiantes y apoderados, reparaciones de caminos, planes de desarrollo apícola, establecimiento y reproducción de la murta, compra de productos forestales, reforestación y educación ambiental en radioemisoras, complementan el itinerario hacia la compra de conciencia, mientras Mehuín resiste la provocación defendiendo su fuente laboral única y proyección de futuro: el mar.
“EL BUEN VECINO”: SI CONTAMINO, PAGO
Anacleto Angelini, poseedor de 3.700 millones de dólares según la revista Forbes, puso de intermediario a Juan de Dios Parra, el contacto que Marcos Ide (Fipasur), tuvo para comenzar a sellar un acuerdo el 19 de Abril del 2006. Sus pormenores los dio a conocer en una reunión con 17 organizaciones locales, donde -según él- se expuso el tema Celco en términos de analizar y revisar el asunto, indicando a los socios que la compañía iniciaría estudios en la costa.
En la reunión comunal se llevó a cabo una votación con 2 abstenciones, 1 voto en contra y 14 a favor para que Marcos Ide averiguara todo lo posible sobre la posición de Celco frente al conflicto y los estudios que pretenden realizar en Mehuín para instalar el ducto que descargue sus residuos al mar.
En un e-mail, (19 de abril de 2006, 9:09 PM) Juan de Dios responde “Celco tiene acordado con la policía, la marina y la intendencia la realización de las mediciones en el mes de mayo sí o sí”; el 22 de abril de 2006, 4:30 PM, Parra, intermediario de Angelini, desglosa un petitorio exigido por Fipasur y que la compañía está dispuesta a pagar (ver recuadro).
El 22 de abril de 2006, 3:30 PM, informa a Ide sobre las discusiones del directorio, “con quién y cómo negociar”. Advierte la preferencia de un sector para tratar con la marina, la policía y hacer inversiones en la comunidad, otros mencionan a Gino Bavestrello, presidente de la Federación de Armadores Cercheros (Acerval), como comprable y confiable, dicen conocer sus ambiciones. Parra concluye que los montos fueron aprobados por los directivos de Celco, se expresan cantidades para poner a disposición a lo que determine Fipasur y otras para efectuar obras de adelanto en la caleta de la costa de Mariquina, siguiendo con los avances estratégicos para lograr sus objetivos.
Destaca sobremanera el hecho que la compañía adquirió derechos de explotación minera, con el fin de asegurar el paso del ducto de desechos por el lugar, antes de dedicarse definitivamente al rubro. Según fuentes cercanas, ello podría guardar relación con la explotación de gas que existiría en el mar de Mehuín, entendiéndose de esta forma el por qué de las donaciones monetarias de la empresa.
La comunidad lafkenche, a modo de neutralizar este afán, concurrirá a la Conadi para que gestione y defienda los derechos de los mapuche. Si no lo hace, aseguran que perderían la poca confianza que aún mantienen en la institucionalidad, dando lugar a que los siguientes pasos sean inciertos y bajos decisiones propias de los habitantes con tal de defender su territorio.
Si ponemos de manifiesto los 4 millones de dólares ofrecidos en primera instancia frente a los 3,700 millones de dólares que tiene como patrimonio Anacleto Angelini, podemos ver hasta dónde podrían llegar con tal de comprar conciencias. Juan de Dios dice “ahora hay que empujar el piso hacia arriba”, el fin último es conseguir la libertad para operar tranquilamente en el territorio.
Respecto al nivel de información manejada por Celco sobre las condiciones de los habitantes y sus necesidades para detallar una inversión, el dirigente Eliab Viguera argumenta “la comunidad necesita un consultorio de salud, remodelar la infraestructura del colegio y mejorar las condiciones de la caleta, ¿Cómo sabe eso Celco?”. Se aprecia claramente el vínculo del gobierno y la empresa, no se entiende de otra forma. Si existen necesidades, no es la empresa privada la que tiene que velar por el bienestar de la gente, es el Estado a través de sus gobiernos el responsable de mejorar esas condiciones”. Sobre los caminos agotados, Ernesto enfatiza: “queremos exigir que se nos respete el derecho de vivir en un ambiente descontaminado. De lo contrario, no queda más que morir luchando, antes que vivir muriendo”.
¿Será el gobierno capaz de interceder en este conflicto? ¿Continuarán siendo los capitales privados quienes regulen la Ley Ambiental de País?
Lo cierto es que la gente necesita expresar sus planteamientos, decidir el tipo de desarrollo que desean y no dejar en manos de empresarios, el paraíso que los rodea. Los gobiernos de la Concertación no han sido lumbreras en el tema medioambiental y si la Presidenta Bachelet no intercede de forma clara, enérgica y categórica en contra de los que provocan con dinero a los ciudadanos, si no existe un pronunciamiento respecto a la salida del ducto al mar y la lucha por evitarlo, de todas formas esta será una tragedia más tapada con una ruma de billetes y la indiferencia del gobierno de Chile.
Desde Mehuin, Pedro Herrera