Enríquez-Ominami respalda visión de ONGS para creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

 Marco Enríquez Ominami, Presidente de la Fundación Progresa, y Patricia Morales Errázuriz, Presidenta del Partido Progresista de Chile (PRO), adhieren y respaldan públicamente la declaración de cuestionamiento a los contenidos del Proyecto de Ley de creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas enviado por el Gobierno, que se tramita en el Congreso Nacional, difundida ayer por un grupo representativo de organizaciones de la sociedad civil, profesionales y expertos en materias socio ambientales y del mundo académico dedicados a la conservación de la diversidad biológica y cultural.

La Fundación Progresa y el Partido Progresista expresamos nuestro más amplio apoyo a esta declaración, suscrita por 30 destacadas organizaciones ambientales y expertos en materia de conservación de la biodiversidad. Junto con reconocer el esfuerzo de estos actores para consensuar un punto de vista que aporte a la discusión de este proyecto de ley, teniendo en mente la protección de nuestro medioambiente, el bienestar de Chile y la calidad de vida de todos sus habitantes, expresamos que compartimos la totalidad de sus enunciados y muy especialmente los puntos que se resumen a continuación:

1. La conservación de la Biodiversidad y Áreas Protegidas debe tener un rango legal que garantice el ser de utilidad pública al igual como ocurre con la minería y la energía.

2. El Servicio que se pretende crear para Biodiversidad y Áreas Protegidas y debe tener poder real de decisión dentro de la administración del Estado.

3. El proyecto de ley debe contemplar mecanismos de participación ciudadana vinculante respecto a la gestión de la biodiversidad, así también el aporte de los pueblos originarios y comunidades locales en materia de conservación.

4. Este nuevo Servicio Público debe contemplar un financiamiento suficiente y concreto que permita llevar a cabo la labor de gestión de la conservación de la biodiversidad y de las áreas protegidas.

5. El Proyecto de Ley en actual discusión debe considerar un Acuerdo Nacional sobre qué proteger y establecer un plan de brecha de representatividad que analice la situación actual de la biodiversidad y determine metas a alcanzar de acuerdo a los compromisos internacionales suscritos por nuestro país.

6. La administración y gestión de este nuevo servicio público, debe considerar la situación laboral y facultades de los guarda-parques, actual y futura, su eventual traspaso y respeto absoluto de normas laborales y previsionales, así como el aumento del personal encargado de resguardar las Áreas Protegidas del Estado.

7. Se debe establecer una tipología de área protegida acorde con la realidad país y los lineamientos y prácticas más avanzadas internacionalmente en esta materia.

8. El patrimonio natural de la Nación, es un bien común del cual dependemos integralmente para vivir, por lo que se requiere fundar esta ley en un amplio proceso de participación.