Opinión: Eliminación de bolsas plásticas, más allá de la legalidad

El 1 de diciembre de 2014 Coyhaique continuaba el camino que otras comunas de la Región de Aysén –y del país- ya habían emprendido. Una ordenanza municipal, aprobada un par de meses antes, prohibía definitivamente el uso de bolsas plásticas (en términos genéricos, las del tipo camiseta) en todo el comercio local. Decisión que, en la actualidad, beneficia a localidades como Cochrane, Caleta Tortel, Villa O’Higgins, Chile Chico, Puerto Guadal, Bahía Murta, Puerto Cisnes y Puerto Raúl Marín Balmaceda, entre varias otras que también han dicho #chaobolsasplasticas. Incluso Los Ríos quiere ser la primera región en avanzar hacia un pacto que involucre a todos sus municipios.

La discusión política tras estas directrices locales no fue menor. La incomodidad que se generaría a compradores y la merma en ventas que sufrirían las empresas que producen estos artículos (con la consiguiente –y constante- amenaza de menor empleo) fueron parte del debate, pero aún así los concejos decidieron asumir el desafío, en coordinación con organismos como el Ministerio del Medio Ambiente y algunas empresas locales.

Más allá de aisladas críticas, en todas las comunas donde se dictaron las ordenanzas municipales ha continuado el proceso de eliminación de este tipo de bolsas plásticas en las compras cotidianas. La cartera de Medio Ambiente replica la idea en otras zonas del país e incluso trabaja en una legislación que regule su uso. A esto se suma la moción que se tramita en la Cámara de Diputados y que busca “la prohibición y sustitución progresiva de las bolsas de polietileno, polipropileno y otros polímeros artificiales no biodegradables en la Patagonia Chilena”.

Una mayoría de los usuarios, satisfechos con la medida adoptada por los representantes comunales. Una acción de bien común más allá de reflexiones economicistas y de productividad, que aporta a hacernos un poco más responsables con los ecosistemas que nos cobijan: las bolsas plásticas no solo generan contaminación ambiental y visual en su descarte, además de ser un riesgo para muchas especies, también son un problema en su producción, al ser el plástico un derivado del petróleo.

Una medida muy beneficiosa. Pero, hay que reconocer, no ajustada a la legalidad.

El 10 de noviembre de 2014, la Contraloría General de la República emitió un dictamen, ante la consulta de algunos ciudadanos de Punta Arenas, donde conminó a los municipios de Torres del Payne, Cabo de Hornos, Puerto Natales, Punta Arenas y, no estaba dentro del requerimiento inicial, Pucón a “dejar sin efecto o adecuar dichas ordenanzas a la normativa vigente”. En la ley chilena, los municipios no tienen atribuciones para prohibir el uso de las bolsas plásticas.

La rebelión de los ediles fue automática. Uno de ellos, el alcalde puntarenense que tampoco quedó satisfecho con la respuesta, solicitó una reconsideración de la interpretación de la ley. La confirmación –y, por ende, rechazo del requerimiento- llegó el 18 de mayo de este año.

En concreto, lo que se ha hecho en múltiples comunas del país no está ajustado a la legalidad. Las ordenanzas que bloquean el uso de estos productos no tienen efecto jurídico alguno y cualquiera se podría negar a cumplirlas.

Sin embargo, eso no es relevante.

Porque más allá de lo que diga la Contraloría, la decisión que adoptaron los concejos municipales ayudó a profundizar una medida ampliamente solicitada por la ciudadanía. Aunque la ley diga lo contrario, los habitantes de estas comunas acatan una acción que podrá no ser legal pero sí tremendamente legítima.

Es cosa de recorrer las localidades de la Región de Aysén para sentir cómo en gran parte de los negocios, grandes y chicos, estas bolsas plásticas están en franco retroceso. En algunos casos ya fueron eliminadas por completo. De la mano con la profundización del reproche social a quienes intentan entregarlas y, también, a los que osan demandarlas.

Lo ocurrido en este caso es claro ejemplo de que existen muchas formas de cambiar el sentido común. De hacer masiva una forma de construir sociedad. Incluso recurriendo a lo que no es legal.

Es muy probable que de conocerse la decisión de la Contraloría previo a la dictación de las ordenanzas, muchos habrían torpedeado estas por su inviabilidad jurídica. Esto es común de quienes no comprenden que los cambios sociales se logran no solo a través de la ley y la institucionalidad.

Por cierto que los problemas ambientales de Aysén y del país van mucho más allá de usar o no bolsas plásticas. Sin embargo, la principal enseñanza de lo ocurrido es que, a veces, ir contra la norma es el mejor mecanismo para cambiar eso con lo cual queremos terminar.