Cerca de 12.000 barriles de petróleo quedaron en el derrame hace un año en el mar del litoral peruano, afectando dos áreas naturales protegidas y 48 playas de los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama, Chancay y Huacho.
El desastre, que ocurrió el 15 de enero de 2022 durante la descarga de crudo de un buque en el Terminal Multiboyas n.º 2 de la refinería de La Pampilla de Repsol, provocó la muerte de miles de peces, mamíferos y aves, según un reporte de la organización Oceana Perú.
La Defensoría del Pueblo señala que la catástrofe afectó a más de 10.000 familias, puesto que alrededor de 2.500 pescadores quedaron damnificados, así como operadores turísticos y personas que realizaban actividades comerciales dependientes del mar, reseña RT.
«Todo cambió bruscamente cuando apareció esa marea de hidrocarburo que poco a poco fue matando a las aves y los peces que tenían como hábitat la zona marino costera, desde la playa hacia al oeste, a una distancia de 5 millas marinas», comentó Luis Garrido Chávez, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón (Apescaa), citado por la agencia de noticias Andina.
Respuesta tardía al derrame
Oceana denuncia que no hubo una respuesta a tiempo a este desastre, puesto que recién tres días después comenzaron algunas acciones, al inicio con personal sin la debida capacitación y protección adecuadas.
Por tanto, el crudo se esparció a más de 100 kilómetros al norte de la refinería de La Pampilla. «Si hubiéramos tenido una buena válvula y un adecuado sistema de monitoreo, probablemente el derrame no hubiera pasado más allá de Ancón (25 kilómetros) y hubiera sido más fácil contenerlo», dijo Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana.
Al principio se informó que el área afectada era de 2,5 metros cuadrados. No obstante, luego se detalló que el derrame abarcó hasta 11.000 hectáreas.
Situación actual
La declaratoria de emergencia ambiental por este desastre se venció en octubre pasado, detalla la Defensoría del Pueblo. Hasta entonces, dice la institución, no se contaba con un plan de manejo de mediano y largo plazo que permitiera dar continuidad a las labores de limpieza en forma planificada y articulada.
En ese mes, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) señaló que 71 de los 97 sitios impactados por el derrame continuaban afectados por hidrocarburos.
El pasado 5 de enero, Repsol publicó que las condiciones estában dadas para la reactivación de la pesca y reapertura de playas afectadas por el derrame.
«Nuevos muestreos de playas, agua, sedimento y vida marina muestran que el 100 % de los puntos analizados cumplen con los estándares internacionales y normas nacionales», señaló la empresa en su cuenta en Twitter.
Según la firma, los trabajos de muestreo se realizaron entre octubre y noviembre por parte de Environmental Resources Management (ERM), «una de las empresas de mayor prestigio internacional en gestión medioambiental».
Sin embargo, el titular de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) del Ministerio de Salud (Minsa), José Ramos, desestimó las afirmaciones de la compañía petrolera.
«Repsol no es autoridad sanitaria. El hidrocarburo se sedimenta en la arena, y las personas, al ingresar al mar la pisan, pero también contamina el aire y, por ende, puede afectar a las familias que se acomodan a recibir los rayos de sol. Los daños no se verán inmediatamente», indicó.
A 12 meses del desastre, la contaminación sigue afectando a los pescadores. Solo en el distrito de Ancón casi el 70 % de los embarcaciones se encuentran paralizadas.
«Es frustrante tener un inmenso mar acá a espaldas tuyo y no poder ingresar a coger un pez, porque estarías atentando contra la salud pública […] Es como si se hubiera muerto parte de nuestra vida«, se lamenta uno de los pescadores entrevistados recientemente por Oceana.
Esta situación también ha afectado a la salud mental de los pescadores, puesto que a la incertidumbre por la falta de trabajo, y por ende la ausencia de ingresos económicos, se le suma el poco interés de las autoridades por resolver el problema.
Asimismo, de las 48 playas afectadas, 25 son de uso recreacional. No obstante, sigue pendiente que la Digesa del Minsa realice evaluaciones sanitarias que consideren estándares internacionales de hidrocarburos para este tipo de playas.
Llamado a la acción
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo pide al Estado «una acción articulada y continua, que también incorpore medidas en el mediano y largo plazo, por parte de las entidades competentes para atender los impactos ambientales y sociales», sin perjuicio de las obligaciones de la refinería La Pampilla.
«Se requieren realizar monitoreos y estudios permanentes a las zonas afectadas, lo cual permitirá adoptar medidas inmediatas para proteger el ambiente y la salud, más aún cuando estamos en temporada de verano y de oleajes anómalos», dijo Lissette Vásquez, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.
Otro de los asuntos pendientes, señala la Defensoría, son las compensaciones justas a más de 10.000 personas, pescadores y personas dedicadas a negocios vinculados a la actividad marítima, que resultaron afectadas directa e indirectamente por el derrame.
Las sanciones a Repsol por el derrame
En medio de estos retos pendientes tras el derrame, se conoció que la refinería La Pampilla de Repsol se ha liberado de una millonaria multa, en medio de un conflicto de intereses.
A Repsol se le iniciaron siete Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) por presuntas infracciones a la normativa ambiental relacionados con este desastre ecológico. En la actualidad, uno está en trámite y seis derivaron en multas que suman más de 70 millones de soles (poco más de 18,3 millones de dólares), reseña La República, que tuvo acceso a documentos sobre el caso.
De esas seis multas, tres se encuentran impugnadas ante el Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) del OEFA y las otras tres se encuentran dentro del plazo para interponer recurso de impugnación, que vence el 31 de enero próximo.
Esto ocurre mientras se reveló un conflicto de intereses en el caso, puesto que la secretaria técnica del TFA, Angélica María García Gilio, es esposa de Adolfo Eugenio Huapaya Venegas, ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial de la refinería La Pampilla.
Apenas el pasado sábado 14 de enero, la OEFA anunció, mediante un comunicado, que García fue separada del cargo, que desempeñaba desde marzo de 2021. «Tal decisión ha sido ejecutada de forma inmediata, al conocerse que tiene un vínculo conyugal con un funcionario de la empresa Repsol S.A. En ese sentido, se han iniciado las investigaciones necesarias, en concordancia con las normas legales vigentes, salvaguardando los intereses del Estado y respetando el debido proceso», señala la institución.
«Cuando ocurren las cosas así tan oscuramente, uno puede pensar que si no hay complicidad, por lo menos, hay una mano muy débil para sancionar las conductas de Repsol hasta la fecha», comentó Riveros al respecto.
Además de los procedimientos sancionadores, en agosto del año pasado, el 27 Juzgado Especializado en lo Civil de Lima admitió a trámite la demanda contra Repsol, por indemnización por daños y perjuicios, presentada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
La indemnización que se pide asciende a 4.500 millones de dólares y, además de Repsol, la demanda también afecta a otras compañías, como Mapfre Global Risks, Fratelli D’Amico Armatori S.P.A., Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., Refinería La Pampilla S.A.A. y Transtotal Agencia Marítima S.A.
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