Petorca: Informe de INDH determina contaminación de aguas potables

El informe de observación de la provincia de Petorca elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el marco de la escasez hídrica que asola la zona desde hace apróximadamente 8 años – según lo señalado por el Concejal de Cabildo Mario Alvarado– determinó además de que las causas del fenómeno «no estarían solo asociadas al fenómeno de sequía que experimenta la provincia, incidiendo también las actividades empresariales que tienen lugar en la zona«, que las aguas ‘potables’ de los pozos de Cabildo y la Ligua estarían contaminadas con niveles altos de nitritos, «lo cual significa un incremento de riesgos para la salud que consuman aguas de estas características, por lo cual las autoridades sanitarias deben remediar a la brevedad dicha situación”.

Esto último según el informe realizado por el laboratorio CENMA en el marco de la colaboración del Colegio Médico a efectos de constatar la veracidad de las denuncias realizadas por los vecinos y autoridades de la comuna, que concuerdan en que la contaminación podría ser efecto de la actividad minera.

Ante los hechos reportados, el INDH señala en su informe que pondrá a disposición de la autoridad sanitaria dichos análisis «con el objeto que esta ejerza las fiscalizaciones y adopte las medidas correctivas que garanticen efectivamente el derecho a la salud de los habitantes de la Provincia de Petorca».

El informe sostiene que «el otorgamiento de derechos de agua sobre cuencas extinguidas son representadas como factores que han contribuido a generar un situación de crisis hídrica que afecta seriamente la calidad de vida de los habitantes de la Provincia de Petorca; Desde un punto de vista normativo, se estima que la priorización de la función productiva del agua, por sobre su función de consumo humano ha contribuido a la agudización del problema», agrega.

«Las cuencas de los ríos la Ligua y Petorca se encuentran hoy sobre explotadas, sobre concedidas en sus derechos y agotadas. Toda la evidencia indica que se han otorgado más derechos y eventualmente se está consumiendo más de lo que los acuíferos son capaces de recargar de modo natural, arriesgándose con ello el acceso al agua para el consumo humano y el riego de pequeños agricultores de los valles».

Emplazamiento a las autoridades

Dado lo constatado, el INDH «recomienda» a la Dirección General de Aguas (DGA) a realizar los estudios e investigaciones pertinentes «con el objeto de profundizar en las causas que han generado la situación actual»; «Ello a los fines de realizar diagnósticos asentados en evidencia, que permitan encarar la situación que afecta a la población, que viabilicen la construcción de políticas públicas respetuosas de las obligaciones de garantía que pesan sobre el Estado en esta materia».

Junto con ello, se señala que «La actual institucionalidad en opinión de un amplio espectro de actores entrevistados, no da garantías de satisfacer estándares mínimos para un uso racional de este vital elemento. Se percibe desconfianza en la capacidad de la institucionalidad pública por encarar adecuadamente la situación que padecen las y los habitantes de la Provincia. Los poderes del Estado (la Administración fundamentalmente a través de la DGA; el Congreso Nacional; operadores y tribunales de Justicia), se perciben impotentes ante la vastedad de los problemas asociados al agua, al no ser capaces de ofrecer alternativas que permitan, en ejercicio de las competencias que les son propias, superar la situación de crisis hídrica».