Con cinco meses en el cargo de presidente de la República Federativa de Brasil, Jair Bolsonaro representa para muchos una verdadera amenaza para la Amazonia, el pulmón vegetal del planeta, donde se concentra el 60 % de la biodiversidad del mundo.
En sus primeras semanas al frente del país, confirmó que pretende cumplir sus promesas de campaña, entre ellas, reducir drásticamente la preservación de la gran selva para potenciar las actividades económicas, sobre todo la agricultura industrial. Sus planes simplemente atentan contra el equilibrio ecológico en la selva tropical ubicada al sur de América.
Se calcula que la extensión de la Amazonia llega a más de 7.000.000 km², repartidos entre nueve países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, seguidos por Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Francia (a través de su territorio colonizado) y Surinam. Sin embargo, Bolsonaro pretende abrir la extensa selva tropical a nuevos proyectos con trasnacionales.
Ante ello, especialistas advierten que el efecto inmediato de las políticas ambientalistas y los planes del mandatario brasileño será la destrucción del bosque y los éxodos desordenados a la ciudad, entre ellos, el de los pueblos originarios y productores del campo.
“Destruir la Amazonia para estimular la economía a corto plazo, como propone Bolsonaro, solo desplazará a más pequeños agricultores, recolectores de nueces y pescadores hacia las periferias de ciudades como Manaus o Belém, donde las favelas crecen día a día. En estas áreas empobrecidas, las poblaciones vulnerables corren el riesgo de caer en manos de organizaciones criminales que han convertido la Amazonia en un peligroso corredor de tráfico de cocaína», denuncia el periodista Heribertto Araujo, en un artículo de opinión que pública el portal Nodal.
En abril, el jefe de Estado consideró que hay una «política equivocada sobre la Amazonia» y, por tanto, expresó su deseo de «explotar» la Amazonia brasileña junto a Estados Unidos. Su intención, según dijo, es «revisar» la demarcación de reservas indígenas en el país sudamericano.
Según datos publicados por teleSUR, actualmente hay “más de 180 pueblos indígenas diferentes y miles de comunidades locales que habitan en la Amazonia brasileña”.
La vasta región de la Amazonia es hogar de nada más y nada menos que 34 millones de personas, incluidas las comunidades indígenas.
De materializarse cada uno de los proyectos de Bolsonaro, se estarían desaprovechando los avances alcanzados en la última década a partir del trabajo de la agencia de protección ambiental de Brasil, entidad que redujo a niveles récord la deforestación de la Amazonia causada por la tala ilegal, actividades mineras y la ampliación de las áreas para la agricultura expansiva.
En una entrevista el pasado abril, Bolsonaro afirmó que la causa de la deforestación en la Amazonia no es la tala excesiva, sino el aumento de la población.
El reporte de la WWF publicado en octubre de 2018 alertaba que una quinta parte de la selva amazónica ha desaparecido en los últimos 50 años, como parte de la explotación de los recursos.
Al tratarse de una gestión que basaría su economía en torno a la destrucción de la selva tropical y no en pro de su conservación, ocho exministros de Medio Ambiente advierten que con Bolsonaro al mando los brasileños enfrentan “un riesgo real de deforestación incontrolada en la Amazonia”.
Mientras algunos discrepan, su nuevo ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, considera que el cambio climático, una de las tantas aristas de este problema ambiental, es un “problema secundario”.
Y hay que recordar que el político ultraderechista prometió, durante su campaña hacia la Presidencia de Brasil, retirarse del Acuerdo de París y desarrollar el “Amazonas improductivo”, esto siguiendo el ejemplo de Donald Trump, quien sacó del Acuerdo a Estados Unidos en junio de 2017.
Además, Bolsonaro ha dado rienda suelta a madereros ilegales, mineros de oro clandestinos y criminales que se hacen pasar por productores de carne y soya, que ocupan tierras protegidas.
De hecho, datos satelitales muestran que la deforestación ha crecido sostenidamente desde su victoria en octubre de 2018.
Grupos ambientalistas también opinan y consideran que el proyecto de Bolsonaro pone en peligro la región del Amazonas, un mosaico de áreas indígenas y el pulmón vegetal del planeta.
Lamentablemente, organizaciones como Greenpeace y la World Wildlife Fund tendrán bloqueado el acceso a la observación en Brasil, pues durante la campaña de Bolsonaro se prometió impedir la entrada al país de organizaciones dedicadas al cuidado ambiental.
La guinda de este pastel es que Brasil es el país más peligroso del planeta para los defensores de la tierra, y se destaca entre otros con 207 asesinatos desde 2017, según cifras de la ONG Global Witness, uno de los socios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los datos del organismo multinacional fueron presentados en septiembre de 2018, cuando la ONU participó en una iniciativa mundial para ayudar a los defensores ambientales en su trabajo por la protección del hábitat, y lo hizo en Brasil.
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