Poderosos y sus políticos ofrecen más incentivos para la destructiva industria forestal

No es noticia que nuestro país esté condenado por los amos del mundo a ser un exportador de materias primas, pero sí lo es cuando la clase política a su servicio cabildea para sofisticar los instrumentos que lo fomentan.

Este es el caso del proyecto de ley que modifica y extiende el Decreto 701, que desde 1974 viene subvencionando, con recursos fiscales, el negocio de las plantaciones y la industria forestal.

El 701

En octubre de 1974 se aprobó el Decreto de Ley 701, firmado por la Junta Militar y los civiles que daban el «respaldo técnico». Éste establecía cómo podía clasificarse un terreno forestal o de aptitud preferentemente forestal, para ello consideraba como aptos para la forestación «todos aquellos terrenos que técnicamente no sean arables, estén cubiertos o no de vegetación, excluyéndose los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva».

Como se puede apreciar, la distinción fue bastante permisiva para la forestación. Plantear que se excluirán los terrenos que no sufrirán degradación usándolos intensivamente, es no excluir ninguno.

Este Decreto estableció una bonificación del 75% de los gastos que los particulares incurriesen al momento de plantar árboles. El apoyo a quienes invirtieran en la plantación de árboles tenía el propósito de impulsar un negocio que, aunque se venía masificando desde hace algunas décadas, no lo había hecho con la intensidad que deseaba el empresariado forestal.

Según constata el propio Estado, entre 1974 y 1994, se plantaron 1.700.000 hectáreas, (en su mayoría) con pinos radiata y eucaliptos, de las cuales 807.203 fueron bonificadas.

En 1998, el Decreto 701 es modificado con el propósito de que los pequeños propietarios también recibieran, con mayores facilidades, bonificaciones para forestar. La forma de hacerlo fue beneficiar éstos con un 90% de las primeras 15 hectáreas forestadas y un 75% a las restantes. Esto por 15 años, contándose desde 1996.

Las razones de esta iniciativa estuvieron en el intento constante de las empresas de disminuir los costos de producción. Para el empresariado forestal, la propiedad de los terrenos implicaba (e implica) una serie de riesgos, como incendios y plagas. Por eso es que, sin buscar que los pequeños propietarios le vendan sus terrenos, se propicia que los foresten con pinos y eucaliptos, pues al controlar toda la cadena productiva, deberán venderle la madera al precio que impongan. También se consigna un mecanismo para clasificar a comunidades indígenas en el rango de pequeño propietario.

Esta modificación rindió sus resultados. El porcentaje de hectáreas bonificadas a pequeños propietarios pasó del 5% entre 1974 y 1997 al 39% entre 1998 y 2010.

En 2011, esta tendencia se profundiza, mediante una nueva modificación del Decreto, creándose la figura del «mediano propietario» y tipos de bonificación para cada propietario. Para los pequeños, se asigna un 90%; para los medianos, un 75%; para los grandes, un 50%. Junto con esto, se prorroga por dos años más lo estipulado en 1998 y este 2012 se cumplió el plazo, y es en este contexto en que Piñera, en octubre pasado envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que «modifica y extiende» el Decreto 701.

Balance

El proyecto que hoy se tramita en la Cámara de Diputados, parte publicitando el éxito del Decreto 701. Lo discutible es quienes han sido los destinatarios de éste.

A través de las condiciones laborales podemos comenzar a evaluar la incidencia de esta norma. En este sentido, según testimonios de diferentes dirigentes sindicales y trabajadores en diversas zonas, la mayoría de ellos proviene de una tradición campesina o minera, en el caso de los que viven en la provincia de Arauco.

Cuentan que, ellos o sus padres, comenzaron a emigrar de sus campos, vendiéndolos o forestándolos con pino o eucaliptos, luego que el trabajo agrícola se volviera cada vez más costoso. El aumento de los costos estuvo (y está) relacionado con la erosión de los suelos, la sequía de las napas subterráneas y la de los cursos de agua, además de su contaminación. Si bien hay zonas que han estado sometidas al uso intensivo agrícola desde hace más de cien años, como es el caso de Trehuaco, Coelemu, Florida o Santa Juana, actualmente los monocultivos que soportan, ya no son de trigo, sino que forestales.

Buena parte de la ascendencia de los actuales obreros forestales, es de pequeños propietarios o, a veces, medieros que nunca tuvieron propiedad de la tierra. Por ello, cuando los terratenientes optaron por comenzar a forestar o vender sus terrenos a las empresas forestales, los pequeños propietarios se vieron rodeados de pinos o eucaliptos, generando el aumento de los costos que denuncian. Y en el caso de los medieros, tuvieron que salir, pues su estancia ahí ya no tenía sentido económico.

Otro masivo ingreso a las faenas forestales ocurrió luego del cierre de las minas en 1997, cuando en la provincia de Arauco miles de obreros quedaron cesantes y sometidos a planes de reconversión laboral que no reportaron mejoras en su situación.

Hoy, el trabajo forestal, a pesar de las millonarias utilidades que genera, es un escenario de sueldos y condiciones de precariedad laboral, un reproductor de pobreza, una pobreza dura, escondida en los pueblos que ocasionalmente son mencionados en la prensa con motivos dramáticos.

Luego de que en mayo de 2007, Carabineros asesinara en Curanilahue al obrero forestal Rodrigo Cisternas, en medio de la mayor movilización sindical del rubro, la clase política tuvo que referirse a la situación laboral de estos trabajadores. En un informe relatado por Osvaldo Andrade en julio de 2007, en ese entonces Ministro del Trabajo del gobierno de Bachelet, planteaba que la industria forestal «aporta más del 20% del empleo regional dependiente». No obstante, este porcentaje podría aumentar si se considera que en el mismo informe se reconoce que la subcontratación «es una práctica habitual» y que «no se ha cuantificado hasta ahora el número de empresas contratistas ni el número de trabajadores subcontratados, ya que no existe la obligación legal de registrarse para operar».

Sumado a esto, el informe también afirma que «en once grandes plantas forestales de la región (Bío Bío), el número de trabajadores subcontratados era superior al de los trabajadores directos».

La subcontratación obstaculiza la posibilidad de organización sindical. Los contratistas, en muchas ocasiones, no son agentes con mucho más poder de negociación que los trabajadores, deben competir, incluso contra «contratistas palos blancos» de las propias forestales y que fijan los precios. Finalmente, los costos por faenas se reducen al mínimo, repercutiendo en el salario del obrero.

Los contratos temporales; los salarios que, mediante bonos de producción, permiten a los trabajadores alcanzar sueldos levemente superiores al salario mínimo, generando riesgos y deterioro en su integridad física; una tasa de siniestralidad y accidentabilidad de las más altas del país; el incumplimiento de normas básicas de seguridad y las «listas negras» con los nombres de quienes han impulsado la conquista de mejoras, son las condiciones en que las empresas forestales reproducen su capital, incluyendo lo que reciben directa o indirectamente por el Decreto 701.

Por su puesto, Andrade no cuestionó la entrega de dinero a este empresariado y su diagnóstico quedó sólo en eso.

El medioambiente y la salud de las comunidades que habitan cerca de las plantaciones forestales también manifiestan un deterioro. La razón es que al contrario de lo que intenta hacer creer el proyecto de ley en tramitación, las plantaciones forestales no son bosques. El uruguayo Ricardo Carrere planteó a la revista El Martillo esta diferencia:

«Cuando se habla de un bosque, en el imaginario popular al menos hay algo de positivo, uno se imagina diversidad, aves, mamíferos, todo un ecosistema complejo que corre peligro a nivel mundial y que hay que proteger. Pero cuando uno mira una plantación de pino o una plantación de eucalipto tal como hay en Argentina, Uruguay, Chile o Brasil, está el eucalipto o el pino y abajo rara vez hay algo de vida, lo que hay es pinocha muerta debajo del pino u hojarasca y ramas no descompuestas en el caso del eucalipto.

Entonces, ¿qué tienen en común con un bosque? Nada. Primero no es una especie nativa de árbol, es una especie exótica ya sea de Estados Unidos (pino) o de Australia (eucalipto) que no permite que se desarrolle prácticamente nada abajo, ni epífitas, ni parásitas, ni gramíneas, ni arbustos, nada, y que no alimentan la fauna local, para la fauna local es un gran desierto alimenticio. Y las pocas veces que la fauna local encuentra que eso puede ser alimento, como en el caso de la hormiga cortadora a la cual le encantan los pinos o eucaliptos para alimentar sus colonias, es exterminada con agrotóxicos.

O sea, son básicamente un gran monocultivo… Crecen a costa del agua y a costa del suelo, el agua resulta contaminada o agotada según los casos y los suelos terminan agotados y a largo plazo en desiertos. O sea, no son bosques… Un bosque es un ecosistema donde vive gente, que da vida a gente, que da elementos a la gente para que construya su casa, para que se alimente, para que se cure con plantas medicinales, y esto no da absolutamente nada de todo eso. Es un monocultivo que no está hecho ni siquiera para que la gente local pueda hacerse casas sino para ser cortado y convertido en celulosa para exportar. Es un gran monocultivo que tiene los impactos de cualquier monocultivo y, además, tiene impactos específicos por el tipo de planta de que se trata».

La definición de Ricardo Carrere es contundente y es fundamental para entender las circunstancias que hoy viven las comunidades aledañas a las plantaciones forestales. Comunas como Ránquil, las zonas rurales de Tomé, Florida, Santa Juana o Hualqui se han visto dependientes de camiones aljibe para abastecer con agua a sus comunidades. Con ello se abre un nuevo flanco de gasto público y de pauperización vital, pues los camiones aljibe no los financian las forestales y nadie evitará las enfermedades que el consumo de agua excesivamente clorada puede provocar en la población.

La agricultura campesina ha decaído, producto de que las especies plantadas son de rápido crecimiento, poniendo en exigencia a los suelos y degradándolos. Con esto, no sólo termina una fuente de subsistencia para las comunidades productoras, sino que restringe la alimentación a todos los que antes consumieron lo que venía del pueblo o de la chacra cercana. La población se pone a disposición de la gran industria agroalimentaria que hace crecer sus productos a través de la aplicación de agrotóxicos y la modificación genética.

El Decreto 701 ha redefinido nuestros hábitos y nuestro paisaje. Quienes viven en la Región viajan grandes distancias para poder conocer o reconocer vegetación nativa. En los casi 40 años de vigencia del Decreto 701, se han plantado en Chile 2.6 millones de hectáreas. Esto equivale al 3.44% del territorio nacional continental y al 70,1% de la actual región del Bío Bío. Las plantaciones forestales, precisamente han estado concentradas en esta región junto a la de la Araucanía, lo que explica la fuerte transformación que ha sufrido nuestro paisaje.

Modifica y Extiende

El proyecto de Ley que modifica y extiende el Decreto 701 plantea que además de las millones de hectáreas que ya han sido plantadas, quedan aún por plantar 2.3 millones de hectáreas más: 1.5 millones con fines madereros y 800 mil con fines ambientales. No se especifica a qué se refiere con “fines ambientales”, por lo que merece una justificada sospecha, más aun cuando el proyecto afirma que las plantaciones forestales han sido un beneficio para los ambientes que las han recibido.

En seguida apuntaremos algunos de las extensiones y modificaciones que el proyecto de ley hace del Decreto 701:

-Extiende por 20 la bonificación por plantaciones forestales.

-Se crea una “bonificación para proveer una cubierta vegetal permanente”, sin especificar en qué consistirá ni cuánto del total del presupuesto para bonificación forestal estará destinado a ella.

-En el caso de los propietarios que planten con “fines productivos”, es decir, con el propósito de producir madera, pulpa (para fabricar celulosa) o energía, se establecen las siguientes bonificaciones:

a.-para los pequeños, un 90% de bonificación al costo de la forestación, además del financiamiento de “las actividades de manejo silvícola orientadas a mejorar la calidad de la masa forestal”.

b.-para los medianos, un 75% de bonificación al costo de la forestación.

c.-para los “otros propietarios”, un 50% de bonificación al costo de la forestación. (esta clasificación corresponde a un propietario intermedio entre el mediano y el grande)

-También se promueve la forestación por parte de comunidades indígenas, en la práctica para mapuches que viven dentro de los límites de la IX región. Para ello establece una consideración especial: la clasificación de pequeño propietario para quienes tengan menos de 800 hectáreas y vivan dentro de la IX región. Esta clasificación exclusiva resalta, cuando observamos que en la modificación que el Decreto 701 había recibido en 1998, sólo la comuna Lonquimay de la IX región reservaba la posibilidad de que se consideraran pequeños propietarios a quienes teniendo más de 20 hectáreas no superaban las 500.

Este punto demuestra que el Decreto 701 se actualiza. Quienes lo planificaron conocen de las conquistas que han tenido comunidades mapuches en la recuperación territorial y planean, bajo el discurso del progreso económico, que vuelvan a hacer lo mismo que los anteriores usufructuadores del territorio.

–La producción energética y el mercado de los bonos de carbono son otras líneas hacia las que se expande el negocio forestal. La disponibilidad de los combustibles fósiles, especialmente el petróleo, están en una cuenta regresiva y el gran empresariado no tiene ánimos de revisar sus métodos y objetivos productivos, por lo que debe generar fuentes energéticas nuevas y se planea hacerlo a partir de los árboles que bonificarán. En el caso de los bonos de carbono, constituye un negocio que al acreditar una supuesta absorción de dióxido de carbono del ambiente, tendrán la facultad de vender esta absorción hecha por pinos y eucaliptos que por su rápido crecimiento, son muy buenos para ello, según afirman los interesados.

Al parecer, las normas que que se intentan imponer son parte de un conjunto «paquetes» que el Gobierno quiere dejar aprobados. En temas como la pesca, la represión a la protesta, educación y salud, también ha buscado lo mismo, al tiempo que la Concertación (ahora Nueva Mayoría) reserva las discusiones para el espectáculo televisivo y así justificar su fachada opositora.

por Patricio Villa

Fuente:  Resumen.cl