Con 45 votos a favor, 18 en contra y 1 abstención, el polémico Proyecto de Ley que modifica y extiende por 20 años el Decreto Ley N° 701 sobre Fomento Forestal, fue votado en general este jueves en la Cámara de Diputados, tras haber sido despachado por la Comisión de Hacienda la semana pasada.
La votación en particular fue suspendida, debido a la falta de quórum, obligando al Presidente de la Cámara a postergar su discusión para principios de abril.
“Un proyecto de ley que presenta sólo la visión del gobierno y con una nula receptividad a perfeccionarla en aspectos tan simples como dar apoyo técnico a los pequeños propietarios forestales o establecer medidas protección ambiental, facilitar a los pequeños la obtención de los subsidios, y establecer cubiertas vegetales para proteger el suelo y la producción de agua, fueron rechazadas sistemáticamente por diputados de Gobierno. En ese escenario, es comprensible la decisión de no votar por parte de los diputados de oposición”, sostuvo el presidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), Sergio Donoso.
La iniciativa legal tuvo durante su discusión en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y en la Comisión de Hacienda, más de doscientas indicaciones y observaciones por parte de organizaciones gremiales, académicas, campesinas, de pueblos originarios y de la sociedad civil, con el fin de mejorarlo y efectuar un debate más profundo y completo sobre cómo se debe fomentar y manejar sustentablemente las plantaciones forestales. Lamentablemente, con el voto de diputados de derecha y algunos de oposición, durante la tramitación en ambas comisiones, tales indicaciones fueron en su gran mayoría rechazadas o declaradas inadmisibles.
El proyecto fue ingresado por el Ejecutivo con suma urgencia el 02 de octubre de 2012 ya que el Decreto Ley N° 701, promulgado en 1974, expiraba el 31 de diciembre del ese mismo año. A pesar de que a mediados de noviembre se le quitó la urgencia por las múltiples indicaciones y observaciones entregadas por diversos actores, fue despachado por la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural a la Comisión de Hacienda con una fuerte resistencia desde el Gobierno a generar una discusión seria sobre puntos fundamentales del proyecto, como son la inclusión de normas de protección ambiental, la asignación directa de recursos para pequeños y medianos propietarios, la integración de la problemática del agua, entre otros.
Cabe destacar que organizaciones sociales, sindicales, académicas, y campesinas denunciaron frecuentemente que la Cámara de Diputados está siendo presionada para discutir en poco tiempo y apresuradamente un proyecto de alta complejidad y que tendría vigencia por 20 años. Además, comunidades indígenas y rurales reclamaron que sus propuestas no fueron consideradas, ya que la “Consulta Indígena” impulsada por CONAF sólo tuvo un carácter informativo y no garantizó la participación efectiva de las comunidades.
Por Pedro Andrade
El Ciudadano