La Comisión de Medio Ambiente puso en conocimiento de la Corte Suprema una moción presentada en los últimos días que plantea modificar la Ley de Bases medioambiental en lo relativo a la fase de evaluación.
El grueso de la iniciativa busca lograr que las controversias tras otorgación de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) a los proyectos se diriman en los períodos iniciales y no en sede judicial, cuando las empresas ya habrían invertido importantes sumas en los proyectos.
La moción literalmente plantea “Intentar evitar que ocurran litigios judiciales respecto de proyectos en etapas avanzadas de evaluación, o incluso ya totalmente resueltos administrativamente. Desde luego, el rechazo judicial a proyectos de inversión que llevan años de tramitación implica un costo adicional para el inversionista”.
La propuesta aumenta de 40 a 90 días el proceso para determinar si este debe someterse al Servicio de Evalución Ambiental (SEA) e incluye un recurso de reposición que podrá ser presentado “el titular y cualquier persona con interés en contra de la resolución que se dicte” y deberá ser resuelto en 20 días, pudiendo recurrirse ante el Tribunal Ambiental.
El texto, en primer trámite legislativo, hace referencia a proyectos que han sido paralizados por la oposición ciudadana tras años de tramitación, como Punta Alcalde, Río Cuervo o Barrancones.
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