Pancartas esparcidas a lo largo de calles de tierra de la pequeña localidad norteña de Caimanes (Región de Coquimbo) advierten sobre la batalla que libran vecinos contra la productora de cobre Antofagasta Minerals por el más preciado recurso: el agua.
Y es que una asociación de pobladores ve a un depósito de sedimentos, resultante de la actividad de la minera enclavado sobre un curso de agua algunos kilómetros más arriba, como el causante de la merma en el vital recurso en la zona.
«A nosotros nos están sacrificando», dijo a Reuters el dirigente Juan Olivares, uno de quienes denuncian que la minera contamina el recurso y ayuda a la escasez.
En Chile, uno de los más desiguales en el mundo a nivel de ingresos, cada vez más la población demanda mayores beneficios sobre la renta del cobre, del que Chile es el principal productor mundial.
«Dicen que estamos buscando una recompensa económica. Nunca ha sido la meta (…) Nosotros queremos que acá en Chile se respete la ley», aseguró el dirigente.
La empresa niega que afecte la disponibilidad y explica que instaló un sistema que permite reencauzar con canales de recolección el agua disponible y reinyectarlo al estero.
Pero el debate sobre si la minera afecta o no el abastecimiento encontró eco en un tribunal local, que sorprendió a Antofagasta Minerals al disponer que se derrumbe la pared del tranque de relaves, lo que encendió las alarmas de la firma sobre la conveniencia y seguridad de sus inversiones.
«Si ese fallo (demoler el tranque) fuera el final, significa que la mina tiene que cerrar. Todo tiene que cerrar. Nosotros no podemos pensar en expandir, en invertir más si es que no tenemos todo esto solucionado», alertó Diego Hernández, jefe de la minera de Luksic.
Varios años de sequía en nuestro país complican la disponibilidad de agua llevando incluso al Gobierno a lanzar un amplio programa que incluye la construcción de diversas plantas desalinizadoras.
Además, Hernández considera que la empresa ha sido «víctima» de la debilidad que hasta el momento mantiene la legislación ambiental en Chile.
BUSCAR LA SOLUCIÓN
La industria minera ya había detectado el problema que se dibujaba en su futuro sobre el agua e impulsó la instalación de algunas plantas desaladoras, principalmente en el árido desierto de Atacama, y otras que incluso trabajan directamente con agua de mar.
La gigante estatal Codelco prevé que su proyecto Sulfuros RT use desalinizadora, mientras que BHP construye una segunda planta de 3.400 millones de dólares para garantizar sus operaciones futuras.
Incluso, los problemas de suministro ya han tenido cierto impacto en operaciones de Anglo American y BHP.
Si bien en años recientes los problemas de energía coparon la agenda de las mineras, ahora el agua es el mayor desafío logístico en medio de la creciente presión de grupos sociales.
«Efectivamente ha habido un cambio en las relaciones entre comunidades y compañías mineras, aunque pienso que no es un tema que incumba solo a la minería», opinó Juan Carlos Guajardo, de la consultora Plusmining.
Antofagasta Minerals se comprometió con otra comunidad aledaña a que para cualquier expansión que decida la firma utilizará agua desalada e incluso propuso estudiar la posibilidad de impulsar el desarrollo de otra planta para abastecimiento de la comunidad.
Hernández explicó que en la situación actual cualquier gran proyecto minero debe contemplar el uso de agua de mar en sus operaciones para garantizar su factibilidad.
La agencia estatal de estudios Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) prevé que, al 2025, más de un tercio del consumo de agua en la minería será cubierto por procesos de desalinización marina.
PRESIONES
Pero las comunidades del norte del país parecen estar perdiendo la paciencia y se quejan de no recibir apoyo por parte del Estado para solucionar el problema del agua, por lo que se organizan para demandar soluciones a quienes consideran responsables.
«Las tecnologías de la información están amplificando las demandas y generando una articulación de las comunidades con mucha mayor eficacia, mucho más rápido que la respuesta de las compañías», consideró Guajardo.
Hernández, de Antofagasta, reconoce que las mineras han sido poco proactivas y piensa que deben empezar a hacerse cargo de mejorar las relaciones con su entorno aunque cuidando de no sustituir al Estado.
«Nosotros sabemos que tenemos muy buenos argumentos legales para ganar estos juicios, porque hemos cumplido todo lo que se necesita cumplir, pero tenemos claro y sabemos que esto no va a solucionar el problema de fondo y estamos dispuestos a seguir conversando con la comunidad», afirmó el veterano ejecutivo.
Fuente: Agencias
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