Proyecto Conga: Las mineras abducen a Ollanta Humala

Poco después de cumplir los 100 días en el Gobierno, a Ollanta Humala le ha reventado una crisis que no está sabiendo gestionar. Las protestas contra el proyecto minero Conga ya se han cobrado la renuncia de un viceministro y una grave crisis social e institucional. ¿Está secuestrado Ollanta?

La empresa Yanacocha, que explota la mina de oro más grande de Suramérica, quiere más. El conglomerado minero, que reúne a la megaempresa peruana Buenaventura, a la multinacional estadounidense Newmont Mining y al Banco Mundial a través de IFC (46%, 51% y 5% de la propiedad respectivamente) ya tiene el permiso oficial para desarrollar el proyecto Conga de cobre y oro. Para explotar este nuevo yacimiento tiene que vaciar al menos cuatro lagunas naturales que están en la cabecera de los ríos que proporcionan agua a Cajamarca.

Desde el pasado jueves 24 de noviembre, la población de buena parte de este departamento al norte de Perú está en un paro cívico en contra del proyecto y en defensa del agua. Ollanta Humala, el nuevo presidente de Perú que prometió dar un giro a la agresiva política neoliberal y extractivista de Alan García, respalda el proyecto Conga y a la empresa Yanacocha. De momento, la crisis social y política se ha cobrado la renuncia del viceministro de Ambiente, José de Echave, y las contradicciones entre los agentes del Estado.

El reciente informe del Ministerio del Ambiente, hecho público por el equipo de IDL-Reporteros, sobre el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Conga señalaba graves e irreparables afectaciones para el ecosistema y las comunidades. Por eso, el ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, arremetió contra él y dijo que tenía una «redacción tremendista» que no afectará al desarrollo del proyecto Conga. El choque ya ha hecho moderar su discurso al ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, quien insiste en que el informe servirá para mejorar el proyecto «no para cambiar la posición del Gobierno». El propio Humala ha respaldado personalmente el megaproyecto minero y decía en Lima, el mismo jueves: «Déjenme demostrarles… que se puede tener el oro y el agua a la vez y no renunciar a uno. Podemos tener los dos. Voy a resolver las dudas de cada uno de ustedes».

El argumento principal del Gobierno y de los defensores del proyecto es que traerá un maná de impuestos y beneficios para las comunidades pero… ¿Será así?

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YANACOCHA Y SU PASADO OSCURO

Los habitantes de Cajamarca hace tiempo que no creen a Yanacocha ni al Gobierno. Tienen algunas razones para el escepticismo. Primero, porque desde hace meses ven como durante cinco horas al día no tiene agua corriente en sus casas. La empresa de aguas apenas logra distribuir 200 litros por segundo para el consumo humano, mientras Yanacocha, en la megamina que explota, gasta 900 litros minuto. El oro pesa más que la gente.

Pero más allá de esta nueva ‘Guerra del Agua’, las cifras de los prometidos beneficios no cuadra. El experto en minería, Juan Torres, analizaba para La Primera las cifras de estos proyectos. Recordaba Torres que en los últimos 7 años Yanacoha ha tenido ganancias netas de 6 mil millones de dólares, por lo que la prometida inversión de 4.800 millones de dólares en el Proyecto Conga sería «una reinversión de los desorbitados beneficios». Los socios de Yanacocha saben lo que es ganar plata y de cómo hacerlo al margen de la ley. Buenaventura S.A., propiedad de la poderosísima familia Benavides en Perú, pagó entre 2004 y 2010 9,3 millones de dólares en impuestos al Estado, aunque declaró ventas por valor de 3.235 millones. Es decir, las regalías para el Estado fueron del 0,29%.

En general, hay que recordar que aunque Perú es el segundo productor mundial de cobre y el sexto de oro. El prometido ‘milagro’ de la minería, que supone el 60% de la exportaciones del país, no ha dejado huella en la mayoría de la población, cuyo 39%, al menos, vive en la pobreza. El caso de Cajamarca, el departamento que acoge la mina Yanacocha [recordamos, la más grande de Suramérica], es más dramático: Con un 56% de la población pobre en 2010, un 2,6% más que en 2009, según la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Es decir, que el maná ha sido sequía en estas décadas en las que Newmont Mining y Buenaventura han hecho todo lo necesario para garantizar sus beneficios. Todo: Incluidos los favores de Vladimiro Montesinos, la temible mano derecha de Alberto Fujimori durante el periodo más corrupto y oscuro de la reciente historia peruana. The New York Times develó (http://www.larepublica.pe/26-10-2005/new-york-times-revive-el-caso-yanacocha)en 2005 estas conexiones directas entre la estadounidense Newmont y Montesinos. La memoria es corta para los medios convencionales, que ahora muestran este confilcto de Cajamarca de forma aislada, pero no para los ciudadanos.

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EL SECUESTRO DE OLLANTA

Aunque la disputa dialéctica en Perú se centra en la validez del Estudio de Impacto Ambiental, el experto Julio Torres insiste en que “los Estudios de Impacto Ambiental no se fiscalizan. Se ‘conversan’ y se ‘aprueban’ por el estamento gubernamental, como si éstos estuviesen confabulados”. “Aquí, los poderes fácticos y económicos del país presionan al Gobierno, al presidente Ollanta Humala y al conjunto de la sociedad peruana, por la necesidad de preservar las inversiones multimillonarias de Buenaventura”.

Coincide con esta visión el congresista nacionalista del oficialismo Jorge Rimarachín, quien en una dura entrevista afirmaba: «Cuando Pizarro llegó a Cajamarca, secuestró a Atahualpa y le pidió como rescate un cuarto lleno de oro y otros dos de plata. Y al final lo mató. Ahora tenemos algo similar. Las mineras y la derecha pretenden tomar prisionero a Ollanta. No queremos que lo secuestren las mineras».

La pelea es diferente según el sector: Funcionarios y poderes tradicionales defienden los intereses económicos del conglomerado minero; las comunidades, en paro desde hace seis días, pelean por el derecho al agua y al territorio. Esta crisis, de dimensiones aún difíciles de cuantificar, supone una prueba de fuego para el Gobierno de Ollanta Humala que, de momento, no ha mostrado un carácter diferente a la de su antecesor, Alan García. De hecho, el primer conflicto social que enfrentó por cuenta de la minería y del modelo extractivo, el de Andahuaylas (departamento de Apurímac), se saldó con una fuerte represión policial y decenas de heridos en un paro anti minero que duró 9 días y que ahora vive una «tregua» hasta el 1 de diciembre tras la firma de un acuerdo parcial con el Gobierno central.

La publicación Lucha Indígena, del histórico líder Hugo Blanco, recuerda en su último editorial: «El modelo del Gobierno es el extractivismo en función de los intereses de los amos del mundo, las grandes compañías multinacionales (…), a quienes lo único que les interesa es ganar la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible, no les importa si para hacerlo deben destruir la naturaleza ni sumir a las poblaciones en el hambre. Eso fueron en el Perú: Fujimori, Toledo, García y ahora Ollanta Humala, cada uno con su propio estilo, pero todos ellos sirvientes de los mismos amos».

Quizá por estos indicios de debilidad de Ollanta Humala respecto al cambio de modelo en el país, Rimarachín le hace un fuerte recordatorio al Presidente: «Lo que queremos es que Ollanta se decida a gobernar con el pueblo. Ollanta no ganó con los votos de la derecha. Cajamarca ya dio la clarinada de alerta, de que estos son momentos de definiciones. Queremos que haya una definición en defender los colchones acuíferos y de gobernar al lado del pueblo. No podemos aplicar una política continuista. Tiene que haber una diferencia. Eso implica cuestionar, mejorar y cambiar el modelo primario extractivo exportador».

Por Equipo Otramérica