Proyecto Vizcachitas, el ecocidio minero que fraguan en las sombras Piñera y Los Andes Cooper

Por Francisco Marín Castro

La reciente aprobación e inminente puesta en marcha de la fase de exploración del proyecto minero Vizcachitas, de la canadiense Los Andes Cooper, dañará en forma irreparable idílicos paisajes de la comuna de Putaendo, ubicados a poco más de cien kilómetros al nororiente de Santiago, en plena Cordillera de Los Andes.

Este proyecto de gran minería de cobre y molibdeno, que fue aprobado a escondidas y con trampas, se ubica en río Rocín -principal afluente del río Putaendo-, 24 kilómetros arriba del embalse Chacrillas.

De construirse Vizcachitas, se dañará la provisión de agua de los valles de Putaendo y Aconcagua, la cuenca más importante de la Región de Valparaíso y una de las principales del centro del país. 

Los Andes Cooper se propone obtener el permiso de explotación el 2022, con el cual podrá comenzar con la construcción de la mina -que será de modalidad a tajo abierto- y la explotación de minerales.

La aprobación de perforaciones ocurre en medio de la sequía más grande que se recuerde en la zona central de Chile y de la pandemia de coronavirus que ha derivado en la imposición, por parte del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, de la militarización del país.

Vizcachitas marcará -de concretarse- un hito en la arrasadora expansión de la actividad minera, que avanza con demoledora fuerza desde el “norte mineral” hacia el centro y sur del país, donde se concentra la mayor parte de los yacimientos aún no explotados de Chile, primer productor mundial de cobre.

LOS ANDES COOPER: UNA HISTORIA DE ABUSOS

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas de Compañía Minera Vizcachitas Holding (filial de Los Andes Cooper), fue aprobado el pasado lunes 20 de abril por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso. 

Este un ente político presidido por el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, e integrado en su casi totalidad por funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente Sebastián Piñera.

El proyecto aprobado corresponde a la fase de exploración y contempla una inversión de 25 millones de dólares. Supone la implementación de 350 plataformas de sondaje; la construcción de caminos y piscinas de decantación de lodos; y el levantamiento de un campamento para los 60 trabajadores que participarían de las faenas.

“El área en la que se inserta el proyecto es una zona de valor ecológico, ambiental y de diversidad que contienen humedales y vegas, y determinan una elevada biodiversidad”. Eso es lo que señaló el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) al comentar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada por la filial de Andes Cooper en mayo de 2019.

Además, hay que señalar que a 3,5 kilómetros del punto cero del yacimiento -en el sector Las Launas- hay un glaciar de roca que alimenta los ríos Hidalgo y Rocín, tributarios del Aconcagua, cuya cuenca cubre cerca de la mitad del territorio de la Región de Valparaíso.

Los Andes Cooper había sometido su proyecto de sondajes al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 2008. Aunque este fue rechazado, igualmente esta empresa realizó perforaciones en el lecho del río Rocín. Lo hicieron “sin tomar las medidas necesarias” para impedir que el agua entrase en contacto “con el mineral que allí se encuentra, ni con los metales pesados que este contiene”, como denunciara ante la Justicia el particular Ignacio Ostión Casa, en agosto de 2015.

En 2016 el prestigiado laboratorio Hidrolab realizó un análisis de aguas que dio cuenta de concentraciones fuera de la norma de aluminio, cobre, manganeso y fierro, entre otros metales pesados, apuntando como probable responsable a la actividad minera. 

Por entonces, Los Andes Cooper había construido al menos 89 plataformas de sondaje sin contar con permiso ambiental alguno. El 17 de abril de 2017 la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) notificó a Minera Vizcachitas por “falta gravísima” al realizar trabajos de exploración y prospecciones sin contar con Resolución de Calificación Ambiental (RCA), los que provocaron un daño irreparable a la flora y fauna y al valor paisajístico del lugar. 

Pese a la gravedad de estos hechos, bastó que Andes Cooper se comprometiera a no repetir las acciones denunciadas y a realizar acciones de mitigación, para que la SMA levantara los cargos en enero de 2018.  

En noviembre de 2016 la Dirección General de Aguas (DGA) sancionó a Minera Vizcachitas por la “extracción de aguas superficiales” de la Quebrada Cortadera pese a no contar con derechos sobre las mismas.

Estas son algunas de las irregularidades y abusos cometidos por Andes Cooper en su intento por extraer las grandes vetas de cobre presentes en Putaendo.

LAS TRAMPAS DE LA LEY

El proceso de evaluación ambiental del proyecto de sondajes de Minera Vizcachitas evidencia con crudeza las asimetrías existentes entre las grandes mineras y las comunidades afectadas por iniciativas de inversión. 

El 31 de mayo de 2019 el representante de esta empresa, Antony John Amberg, presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso (SEA-Valparaíso) la DIA del proyecto de sondajes.

Esta declaración fue acogida a trámite, pese a que por la magnitud del proyecto y por el hecho de emplazarse próximo a un glaciar (de roca, en este caso) correspondía que se hiciera un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), tal como se estableció -en 2008- con la modificación del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de la Ley 19.300 “de medio ambiente”, que obliga a realizar EIA a aquellos proyectos que puedan intervenir o impactar glaciares. 

El 11 de julio de 2019 la comunidad de Putaendo -congregada en torno a la organización comunitaria Putaendo Resiste- hizo llegar al SEA-Valparaíso una carta con más de dos mil firmas en la que se pedía se abriera un proceso de Participación Ciudadana (PAC) -contemplado en la Ley de Medio Ambiente- para exponer objeciones al proyecto minero.

En la misiva los signatarios recordaron que como usuarios del sistema de agua potable hacen uso y usufructo de las aguas de los canales de regadío provenientes del río Rocín y dieron cuenta de que el desarrollo de perforaciones imposibilitará a los crianceros a llevar su ganado a las “veranadas” y con ello a alimentarlos, por lo que “quedarán imposibilitados de seguir ejerciendo esta labor”. 

El SEA de Valparaíso tardó 9 meses en contestar, hasta que el 17 de marzo de 2020, mediante Resolución Exenta 076/2020, resolvió rechazar la PAC. Todas las apelaciones a esta decisión serían rechazadas. 

En oficio del 15 de abril el Director Ejecutivo del SEA, Hernán Brücher, fundamentó las razones. Puntualizó que la normativa ambiental que regula la Participación Ciudadana en las DIA, estipula que “para que la autoridad ambiental evalúe la posibilidad de que proceda este procedimiento (sic)”, este debe arrojar “cargas ambientales para las comunidades próximas”.

Lo contradictorio es que, según se determina en el artículo 30 bis de la Ley Nº 19.300, para que se considere que un proyecto genera “cargas ambientales” este debe provocar, al unísono, “beneficios sociales” como “externalidades ambientales negativas”. 

A propósito de esto, Brücher sostuvo que como el proyecto Minera Vizcachitas no produce beneficios sociales -aunque sí contaminación ambiental, como reconoció- no puede considerarse que genere “carga ambiental”. Por lo mismo, adujo, no cabe escuchar a la ciudadanía… 

“Es un contrasentido que cuando hay un proyecto que genera perjuicios ambientales y ningún beneficio social, se niegue la participación ciudadana porque no se cumpla con lo dispuesto por la ley que exige que haya ‘carga ambiental’”. Es lo que señaló en entrevista con El Ciudadano el vocero de Putaendo Resiste, Alejandro Valdés.

El abogado ambientalista Rodrigo Pérez, al ser consultado por este corresponsal, también analizó el punto. “Todos los proyectos que se encuentran en tramitación ambiental generan impactos… pero exigir que deban establecer la existencia de beneficios sociales para determinar la presencia de ‘cargas ambientales’ -y así poder acceder a la participación ciudadana- es muy oneroso para las comunidades”.

El abogado Pérez afirma que, en definitiva, lo que se hace con esta norma “es impedir un acceso claro y limpio al sistema de PAC que existe en nuestra legislación ambiental”.

Un día después de la referida definición del SEA, su oficina en Valparaíso convocó de modo expreso a la sesión en que se aprobaría unánimemente el proyecto de sondajes y que se realizaría telemáticamente -dada la crisis sanitaria por pandemia- el lunes 20 de abril. 

Tras informarse de la aprobación de las perforaciones mineras, la comunidad putaendina emitió un comunicado en el que repudiaba “tajantemente la realización de la sesión online del día de hoy convocada con menos de un día hábil de aviso y en un contexto de pandemia”.  

Sostuvieron que “se trata de una modalidad impresentable, de espalda a la ciudadanía, que confirma el poco compromiso de las autoridades de este gobierno por generar espacios democráticos para la toma de decisiones ambientales”.

Acusaron que con esta decisión se “abre la puerta a la gran minería en la cabecera de cuenca de un valle devastado por la sequía, poniendo en peligro su único río y la sostenibilidad de sus glaciares de roca”.

Pese a la adversidad, Putaendo no se rinde. El martes 21 Putaendo Resiste presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso un recurso de protección -patrocinado por el abogado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Álvaro Toro- en que se busca anular la aprobación de los sondajes mineros. 

El sábado 25 de abril cientos de personas marcharon por esta pequeña ciudad del valle del Aconcagua -una de las pocas que bien conserva en Chile la arquitectura en adobe y teja característica de los siglos XVIII y XIX- para protestar por la aprobación inconsulta del proyecto minero. 

Un día después esta urbe -de unas 12 mil personas- fue copada por efectivos militares, lo que causó malestar entre sus habitantes, muchos de los cuales salieron a las calles a encarar a las tropas. 

Paradójicamente, este amedrentamiento militar, que se viralizó en redes sociales, dio a la comunidad putaendina en resistencia contra la minera la visibilidad que hasta ahora le ha sido totalmente negada por los grandes medios.

DESTRUCCIÓN DE GLACIARES

La aprobación de un proyecto minero en Putaendo pone a la luz el estado de desprotección de los glaciares chilenos, que dan vida a ríos cordilleranos que abastecen de agua al 70% de los chilenos y constituyen el principal reservorio de agua dulce de América del Sur.

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) definió en 2007 a Chile central como ‘zona crítica’ en materia de derretimiento de glaciares, sosteniendo que aquello derivará en que la disponibilidad de agua se verá severamente reducida. 

Seis años después, este Panel concluyó que la tendencia de deterioro de glaciares “sería particularmente pronunciada en Los Andes y la Patagonia”, y que “en algunas zonas perderían en el transcurso de este siglo la mayoría de sus glaciares”.

En 2014 el IPCC anticipó que el desabastecimiento de aguas derivado de “la disminución de la escorrentía derivada del derretimiento de glaciares y nieves”, representa “un importante desafío de adaptación para muchas ciudades”, entre las que citó especialmente a Santiago de Chile. 

Según el IPCC, Chile alberga el 4% de los glaciares a nivel mundial y el 80% de los de América del Sur.

Además de los aspectos adversos para los glaciares relacionados con el cambio climático, en Chile estos tienen otro enemigo sustancial: la actividad minera.

Según se señala en Glaciares de Chile. El lobby minero y el tortuoso camino para protegerlos (2020), de la ambientalista y directora de la ONG Chile Sustentable, Sara Larraín, “en las últimas décadas en Chile, la actividad minera ha intervenido glaciares entre Atacama y la Región Metropolitana, provocando la pérdida de enormes reservas de agua dulce y contaminado las aguas, afectando el consumo humano, la agricultura y los ecosistemas”.

Lo anterior ha acarreado el agravamiento de la desertificación que sufre el norte y centro del país, “haciendo más vulnerables las ciudades, la agricultura y los ecosistemas, en un contexto de mayor estrechez hídrica debido al cambio climático”, como se afirma en la publicación de Larraín y Chile Sustentable.

Un ejemplo paradigmático del daño provocado por las grandes mineras, incluso en el periodo de exploración, lo constituye el caso del proyecto aurífero Pascua Lama, de la transnacional canadiense Barrick Gold. Durante sus exploraciones -verificadas entre 1981 y 2000- destruyó en forma irreversible 62% del Glaciar Toro 1 y un 71% del Glaciar Toro 2 en la cuenca alta del Río Huasco, según estableció la consultora Golder Associates en 2005.

La gravedad de esta destrucción se ve aumentada al considerar que el valle del Huasco es la frontera sur del desierto de Atacama, uno de los más áridos del mundo. 

Luego de las emblemáticas protestas en contra de este proyecto -masificadas a partir de 2005- y de la reiterada y ya inocultable destrucción ambiental, este proyecto fue clausurado parcialmente en 2013 y definitivamente en 2017. 

Este hecho, sumado a la cancelación de los también megaproyectos mineros Los Pumas (Región de Arica y Parinacota, en las cercanías de la triple frontera entre Chile, Perú y Bolivia) y Dominga (Región de Coquimbo), y el reciente frenazo a la expansión minera en la patagónica Región de Aysén, dan cuenta de que también el movimiento ciudadano de defensa territorial “pega sus coscachos”.

No obstante, otras grandes mineras están provocando una desenfrenada destrucción de glaciares en amplios sectores cordilleranos de las regiones Metropolitana y de Valparaíso -en especial Angloamerican y la estatal Codelco-, y de la Región de Coquimbo (Antofagasta Minerals). 

Como reacción a la pujanza ambientalista y ciudadana de proteger los glaciares como estrategia principal en materia de seguridad hídrica, las grandes mineras han promovido “Valor Minero”, una multimillonaria campaña de marketing estratégico que -desde 2014- promueve la expansión de las explotaciones hacia Los Andes Centrales, mientras intenta construir una identidad nacional de Chile “país minero”, como se subraya en el citado libro de Sara Larraín. 

“Valor Minero” -cuyo rostro principal es Ricardo Lagos Escobar- ha promovido la idea de que las zonas cordilleranas de las regiones de Valparaíso y Santiago -en las que se encuentran en torno al 50% las actuales reservas chilenas de cobre- no podrían ser explotadas si se aprueba una ley de protección de glaciares como la que empuja hace tres lustros la sociedad civil. 

“¡No existe la minería sustentable! Ese es el problema de fondo”, señala la politóloga, master en sociología y coordinadora política de Chile Sustentable, Pamela Poo.

En entrevista con El Ciudadano, esta investigadora indica que actualmente “no hay ningún debate serio de cómo hacer minería en Chile”. Asegura que la única vez que este diálogo se dio fue cuando se nacionalizó el cobre, en 1971, bajo el liderazgo del Presidente socialista Salvador Allende. “…Y ahí tienes lo que le hicieron”, comenta, aludiendo a la intervención estadounidense para derrocar a este mandatario.

Pamela Poo acusa que el cabildeo de las grandes mineras ha impedido que lleguen a puerto todos los intentos -generados a partir de 2005- por dar vida a una ley de protección de glaciares, que impida los desmesurados planes de expansión minera.

“Las empresas privadas vienen sosteniendo que quieren, al 2035, exportar 8 millones de toneladas de cobre”, el doble de lo actual. “¿Sabes lo que es producir 8 millones de toneladas en un paño en que hay 10 millones de personas, donde hay suelo agrícola? ¡No hay ninguna posibilidad! ¡Es una locura!”, señala la ambientalista.

Artículo publicado en la edición n° 240 de la revista El Ciudadano (junio 2020)